El Gobierno revisará su plan contra los asaltos masivos

Cada año mueren decenas de inmigrantes al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar en frágiles embarcaciones si bien en 2013, por ejemplo, se rescataron en el mar a 3.454 irregulares que intentaban llegar a España. Sin embargo, los dramas humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla habían sido una excepción pese a la presión migratoria que sufren las dos únicas fronteras terrestres que tiene la Unión Europea en África.

Esta aparente contradicción se truncó en la madrugada del pasado 6 de febrero cuando el asalto masivo de inmigrantes en la playa ceutí del Tarajal dejó el balance más trágico en la historia de ambas ciudades: al menos 15 subsaharianos fallecieron en el agua mientras intentaban llegar a la costa española.

Una cifra que triplica el precedente más luctuoso que se había registrado hasta la fecha y que databa de finales de septiembre de 2005, cuando una avalancha sobre la frontera terrestre de Ceuta dejó un saldo de cinco fallecidos y un centenar de heridos. Los fallecidos lo fueron por disparos efectuados desde el lado marroquí.

Aquel suceso de hace nueve años y la posterior crisis de los cayucos en las islas Canarias, que provocó la llegada de más de 30.000 inmigrantes irregulares, obligaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a negociar acuerdos de repatriación con buena parte de los países del África negra a cambio de ayudas a la cooperación.

Ahora es el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que se enfrenta a su primera crisis migratoria, después de que se recuperasen diez cadáveres en el lado marroquí y cinco en las aguas jurisdiccionales españolas. La novedad de esta tragedia es el uso de material antidisturbios en el mar por parte de la Guardia Civil. En concreto, el lanzamiento de pelotas de goma y cartuchos de fogueo desde el lado español de la playa del Tarajal cuando un grupo de inmigrantes intentó cruzar a nado desde el lado marroquí.

En esa zona, el espigón que separa el perímetro fronterizo solo se adentra en el mar entre 4 o 5 metros, cuando en su origen lo hacía 30 metros. La culpa la tiene la acumulación de arena de playa en ese punto en los últimos años y la consecuencia de ello es que la profundidad en ese punto es mínima, de apenas un par de metros, lo que facilita que se pueda bordear a nado el espigón.

El ministro de Interior, Jorge Fernández, se afanó en sede parlamentaria en subrayar que los agentes no dispararon contra los inmigrantes, sino que intentaron disuadirles de alcanzar su objetivo, fijando con los disparos “la traza fronteriza en la mar” cuando se acercaban a ella con flotadores artesanales y chalecos salvavidas. El uso del material antidisturbios se hizo en todo momento a una distancia “superior como mínimo a los 25 metros”, puntualizó el ministro, y los disparos cesaron cuando un total de 23 inmigrantes se dispusieron a bordear el espigón.

Tras entrar en aguas españoles, los inmigrantes pudieron llegar a la playa, donde los agentes de la Guardia Civil les esperaron en la arena para entregarlos inmediatamente a los policías marroquíes sin aplicarles la Ley de extranjería. Una normativa que estipula que ante una entrada irregular en territorio español la persona debe ser internada en un Centro de Estancia Temporal para Irregulares (CETI) a la espera de una orden de expulsión que, en muchos casos, nunca llega debido a las dificultades para certificar su país de origen.

El ministro negó que estas entregas a Marruecos fuesen “devoluciones en caliente” porque “sencillamente no hay entrada en territorio español”, unas palabras que motivaron que varios grupos parlamentarios se preguntasen dónde empieza realmente el territorio español. Fernández argumentó que en estos casos, en los que no se quiere rechazar la entrada de inmigrantes irregulares en el agua por el riesgo de ahogamiento, “la línea fronteriza marítima se retrotrae a la lengua de agua en la playa” y que una vez que están a salvo, se les entrega a Marruecos “con pleno conocimiento y aceptación” por parte de las autoridades de Rabat.

Al margen de las discusiones políticas sobre los supuestos para la aplicación de la Ley de extranjería, el ministro de Interior se encontró con la incomodidad de tener que desmentir en el Parlamento al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien inicialmente negó que se hubiese utilizado material antidisturbios contra los inmigrantes que intentaban llegar a Ceuta y luego se enfrentó a las ONG amenazando con “querellas criminales” contra aquellas que “han injuriado, calumniado y hasta presentado denuncias falsas” sobre la actuación de los agentes de la Benemérita. También el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco A. González, negó inicialmente el uso de pelotas de goma y cartuchos de fogueo, lo que llevó a partidos como el PSOE, Izquierda Unida o Unión, Progreso y Democracia a exigir destituciones en la cúpula de Interior.

Fernández se comprometió a revisar el protocolo contra asaltos masivos vigente desde el año 2005, tras una petición en este sentido de las asociaciones de guardias civiles. Este anuncio motivó un nuevo asalto de inmigrantes el pasado lunes en Melilla, donde alrededor de 150 subsaharianos consiguieron entrar por la fuerza en la ciudad por uno de los pasos fronterizos. Los inmigrantes se dividieron en la frontera en dos grandes grupos para dificultar la labor de las fuerzas de seguridad y tras despojarse de sus camisetas, para así hacer más difícil su detención, entraron a la carrera por el paso de Villa Pajares. Una vez dentro de Melilla, la mayoría de ellos se dirigieron directamente al CETI para evitar ser expulsados.

30.000 inmigrantes a la espera.

Ceuta y Melilla están sufriendo una fuerte presión migratoria en los últimos meses. Mientras que en 2013 el número de inmigrantes que llegaron en pateras a las costas españolas de la península y las Islas Canarias descendió un 15% (en total fueron 3.237), las entradas en las dos ciudades autónomas aumentaron un 48,5% (4.235 inmigrantes). Además, las autoridades marroquíes estiman que hay al menos 30.000 inmigrantes que están esperando en su territorio para intentar dar el salto a Europa. El ministro de Interior aportó las tarifas que cobran las mafias para ayudar a los inmigrantes a alcanzar su objetivo: entre 4.000 y 6.000 euros para llegar en avión con documentación falsificada y entre 1.200 y 1.500 euros si pretenden entrar a España por mar a bordo de embarcaciones corrientes, cifra que aumenta hasta los 3.000 euros si se quiere hacer en una lancha rápida.

En el caso concreto de Ceuta o Melilla, un flotador o un chaleco salvavidas cuestan entre 25 y 45 euros, una cifra que aumenta a 1.000 euros si el intento de entrada se hace en una embarcación, a 3.000 o 4.000 si es en automóvil y a 5.000 o 6.000 euros si se quiere pasar con documentación falsa por alguno de los puestos fronterizos.