El Gobierno convoca a los partidos a un pacto por la regeneración política

El Ejecutivo de Mariano Rajoy convocó ayer de forma oficial a todas las fuerzas políticas a un pacto por la regeneración política, que se pretende cerrar en un plazo de dos meses, y en el que se incluirán dos de los proyectos de ley que están tramitándose en el Parlamento, así como otras medidas que contribuyan a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
 

“El Gobierno pretende impulsar un gran acuerdo, desde la máxima disposición al diálogo y desde el convencimiento de que el nuevo régimen que se plantea para partidos políticos y cargos públicos, ganará legitimidad y eficiencia, si es compartido y respaldado por quienes ejercen o aspiran a ejercer estas funciones”, indicó en un comunicado. Las dos leyes incluidas en el paquete de regeneración política son el proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y el proyecto de ley reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.
 

Asimismo, el Gobierno está dispuesto a incorporar nuevas medidas que puedan contribuir a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por ello planteó algunos temas sobre los que es posible debatir:
 

- La limitación del aforamiento. El Gobierno acepta plantear medidas para acotar el aforamiento, en cuanto a su alcance, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado (de hecho, la mayor parte de los aforados son miembros del poder judicial) y se extiende también al ámbito de las Comunidades Autónomas. “Para ello es necesario definir un planteamiento equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las implicaciones prácticas de las posibles modificaciones”, indicó.
 

-Control sobre los indultos. El Ejecutivo sugiere aportar “mayor transparencia” a la concesión de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto. “En este sentido, puede ampliarse la transparencia de estas decisiones, en particular desde el punto de vista parlamentario”.
 

-Procesos penales y responsabilidades públicas. El objetivo sería la “unificación” de los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales.
 

-Fortalecimiento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Para ello, en cumplimiento de la propuesta de resolución sobre regeneración democrática acordada en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, el Gobierno recalcó que el PP ya respaldó en el Parlamento la puesta en marcha de una ponencia sobre la ley orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
 

-Campañas electorales. Se pretende favorecer un acuerdo entre partidos para limitar los gastos derivados de las campañas electorales, en particular en lo que se refiere a publicidad exterior (como carteles y vallas electorales).
 

Por último, el Gobierno insistió en que es necesario fortalecer el vínculo democrático a nivel local, mediante la elección directa de alcaldes. “Una opción que forma parte del acervo electoral de los países de nuestro entorno, así como de los programas electores de varias formaciones políticas en España. Esto representa, sin duda, una base común sobre la que puede desarrollarse un diálogo que permita definir la fórmula más adecuada para instrumentar este sistema de elección, atendiendo en todo caso a la máxima representatividad de la voluntad de los ciudadanos, que se persigue con esta propuesta”, subrayó en el comunicado.