El dinero público que se gasta en el fútbol

Valencia, Levante, Elche, Real Sociedad, Celta, Zaragoza, Cádiz, Hércules o Girona. Son algunos ejemplos en los que, en plena crisis, administraciones públicas tienen comprometido de una u otra manera dinero público en clubes de fútbol que son jurídicamente empresas privadas. El Valencia Club de Fútbol es el caso más reciente y más importante por la entidad del club. La Generalitat valenciana se ha convertido en su máximo accionista. Dio su aval sobre una deuda a la que el club no ha podido hacer frente. Ahora la Generalitat ha ejecutado las garantías de ese aval, que son las acciones del club, y se ha convertido en su principal dueño.

Se trata de clubes, por ejemplo, que suponen la mayoría de los de primera división, que se convirtieron en sociedades anónimas deportivas (SAD). Por lo tanto, estas comunidades autónomas o ayuntamientos se han dejado millones de euros en ayudar a empresas privadas donde también han aterrizado en algunos casos constructores y hombres de negocios.

Fundaciones dueñas de acciones.

El caso de la Comunidad Valenciana es el más llamativo. Como también ocurre en clubes de otras latitudes, enmedio se encuentran fundaciones que son dueñas de paquetes mayoritarios de acciones de los clubes. A su vez, algunas administraciones públicas son patronos de estas fundaciones, las subvencionan o le dan otro tipo de apoyo económico. En los casos del Valencia, el Levante, el Elche y el Hércules, se encuentran fundaciones de por medio. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, avaló créditos por 81 millones de euros al Valencia CF. Este aval es el que le ha llevado, finalmente, a convertirse en accionista, al no hacer frente el club a su deuda. Algo similar pasó con los demás clubes importantes de esta comunidad. El aval en favor del Hércules ascendió a 18 millones de euros y le ha llevado a convertirse en propietario de su estadio. Los 9 millones para el Elche han convertido a la Generalitat en dueña del 40% de sus acciones. Los 5,6 millones del aval a la fundación del Levante, que tiene el 74% de las acciones de este club, no han tenido que ser ejecutados por el momento, aunque la entidad ha pasado por un procedimiento concursal, la antigua suspensión de pagos, en el que se ha establecido una quita de 27 millones de euros. Y hay más, este club pagó 1,2 millones de euros para que la empresa Cofiser renunciara al derecho de opción de compra sobre las acciones, que finalmente fueron a parar a manos de la fundación del Levante en un pago aplazado que recibirá esta empresa “cuando se lleve a cabo la recalificación definitiva del patrimonio inmobiliario” del club, como reconocen sus cuentas depositadas en el registro mercantil. Además, la fundación de la Comunidad Valenciana Levante UD Cent Anys, adquirió las acciones que tenía la entidad en autocartera por 5,6 millones de euros, una operación que tuvo que contar con la autorización del Consejo Superior de Deportes. En el Cádiz, la relación del Ayuntamiento con la fundación del club es considerada por algunos como una ayuda a una empresa privada.

Otra fórmula a través de la que las administraciones públicas comprometen sus fondos en los clubes es la que se da en la Real Sociedad de San Sebastián. El Ayuntamiento tiene alquilado el estadio de Anoeta al club pero a un precio inferior en 120.000 euros anuales al determinado por un informe independiente. Además, ha recibido una subvención de 11 millones de euros de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la realización de las instalaciones de Zubieta, los terrenos de entrenamiento de su equipo.

En el Real Club Celta de Vigo, Nova Caixa Galicia Banco es el dueño de la cuarta parte de sus acciones. El Gobierno de Aragón, por su parte, es el fiador del préstamo de cinco millones de euros otorgado por Ibercaja, Cai y Bantierra al Zaragoza, otra de las sociedades anónimas deportivas de la primera división de fútbol, un club que, como ocurre en otros casos en los que una comunidad autónoma ha hecho de avalista, no cuenta con una buena salud financiera. Para ilustrar esta situación baste decir que el informe de auditoría contiene salvedades que significarían que su patrimonio neto es menor en 56 millones de euros al que aparece en las cuentas.

La presencia de administraciones públicas en el accionariado de los clubes de fútbol no está limitada por ninguna norma, según explican en el Consejo Superior de Deportes, aunque sí existen limitaciones a que formen parte del consejo de administración. Ese es el caso del Xerez Club Deportivo SAD, que tiene al Ayuntamiento de la ciudad (que es una de las más endeudadas de España) como consejero del club. Los mecanismos de vigilancia que vienen en las normas legales señalan que quien compre más del 25% de las acciones de un club debe solicitar autorización previa del Consejo Superior de Deportes. Este organismo podrá denegarla si tiene más del 5% de otro club. Otra fórmula de relación económica entre las administraciones públicas y los clubes es el del patrocinio, como ocurre con el Girona, que está patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

José Ángel Zalba, presidente de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe) mantiene una posición muy crítica con esta relación entre las sociedades anónimas deportivas y los gobiernos autónomos y municipales y especialmente con la presencia de estos en su accionariado. Zalba fue presidente del Real Zaragoza antes de que se convirtiera en SAD y también presidió el comité organizador del mundial de fútbol de 1982, que se celebró en España. En su opinión, los dueños de los clubes “chantajean a los políticos bajo la amenaza de que puede desaparecer la entidad” con el precio político que le puede suponer. Sin embargo “nadie mira las razones por las que puede desaparecer el club”, destaca.

“Chanchullos con dinero público”.

Otra fórmula, según José Ángel Zalba, es que los ayuntamientos dueños de los estadios tengan manga ancha a la hora de exigir el pago del alquiler a los clubes, como afirma que ha ocurrido, por ejemplo, con el Zaragoza. También se queja de que los gobiernos autónomos hayan inyectado fondos en equipos como el Oviedo y el Santander, que finalmente se han quedado en manos privadas o que sirvan para financiar las altísimas retribuciones de algunos de sus directivos. Zalba subraya que cuando presidió el Zaragoza, antes de las sociedades anónimas deportivas, “jamás nos dieron dinero público” y considera un escándalo que hoy los clubes mantengan deudas millonarias con Hacienda y la Seguridad Social, cuando la ley de sociedades anónimas deportivas pretendía hacer más responsables económicamente a los clubes. En su opinión, las fundaciones son “la tapadera de los chanchullos con el dinero público” y cree que una parte de los actuales dueños de los clubes han entrado en ellos para mantener una mejor conexión con el poder político para realizar sus negocios.