El declive financiero de Urdangarin y la infanta Cristina

La vida de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya no es la misma. Desde que estalló el caso Nóos hasta ahora, en que arranca el juicio del mismo, al marido de la infanta se le cerró la posibilidad de realizar negocios. El patrimonio de la pareja se ha mermado, con empresas inactivas y propiedades en venta. Refugiados en Suiza, ya han tenido que soportar las imágenes de su paso por el banquillo de los acusados en la primera jornada del juicio, en la que se dilucidaban las llamadas cuestiones previas.

La famosa mansión del barrio de Pedralbes tuvo que ser vendida recientemente por 6,9 millones de euros. Una situación muy distinta ahora de la que gozaban cuando la compraron en 2004 por 5,8 millones y realizaron una reforma que costó unos tres millones de euros más. Los casi siete millones de euros recibidos por la venta sirvieron para hacer frente a la fianza civil, establecida en 13,5 millones de euros para Urdangarin y en 2,6 millones para la infanta Cristina, pero por una cantidad muy inferior a esos 7 millones. El 27 de enero del año pasado ambos solicitaron al juez José Castro autorización para la venta de su vivienda en Barcelona, de la que son dueños al 50%. Sobre la casa pesaba un embargo para asegurar las fianzas. Iñaki Urdangarin se comprometía a consignar en el juzgado unos 967.000 euros, y la infanta Cristina, 713.000. La mansión se vendió en casi siete millones de euros, un precio significativamente inferior al que les costó sumando las obras que hicieron en la casa. Sin embargo, el juez Castro consideró adecuado el precio debido a la crisis del mercado inmobiliario y a la urgencia de la venta. En este momento salen a la luz detalles como que la compra de la mansión había generado una deuda de 437.000 euros por unos acuerdos con la entidad que financió la hipoteca.

Buena parte del precio de venta se dedicó a las deudas pendientes, entre las que se incluían las que tenían con Hacienda. Aunque el matrimonio pretendía consignar en el juzgado aproximadamente 1,7 millones de euros, el juez solo admitía la venta si la cantidad ascendiera a 2,3 millones, por lo que la infanta y Urdangarin no pudieron aliviar tanto como querían sus deudas respecto a la casa, especialmente la de los 437.000 euros del producto financiero derivado.

Ventas. El juez no admitió que parte del dinero se dedicara a otros acuerdos de financiación con el banco ni a deudas anteriores con Hacienda. Curiosamente, la Abogacía del Estado llegó tarde a la hora de pedir al juez que parte de la venta se dedicara a pagar el 3% correspondiente a la retención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. La acusación popular ejercida por Manos Limpias se opuso a esta venta al considerar que no cubría ni mucho menos las fianzas impuestas. La infanta Cristina ya había pagado casi 600.000 euros de la fianza en 2014. El juez Castro siguió obteniendo nuevos fondos de la sociedad Aizoon, propiedad del matrimonio, para hacer frente al resto de la fianza.

En junio del año pasado la situación financiera de la infanta experimentó un cierto alivio. La Audiencia Provincial de Palma decidió rebajar su fianza a 449.525 euros desde los casi 2,7 millones que se habían establecido anteriormente, pero aclaró que los 600.000 euros que consignó en su día la infanta lo fueron en concepto de responsabilidad civil por su presunta participación “a título lucrativo” en el caso y no para pagar la multa que podría derivarse de la condena. Los 2,7 millones requeridos a la infanta correspondían a la cantidad presuntamente defraudada a Hacienda, multiplicada por seis. En el caso de que se confirme esta responsabilidad, la infanta debe hacer frente al pago de la multa independientemente de si es condenada o no por delito fiscal.

El patrimonio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina seguía menguando. El pasado mes de octubre solicitaron autorización para vender dos pisos con sus plazas de garaje y trasteros, propiedad de la sociedad Aizoon.

Hay otros aspectos de la riqueza que acumuló Urdangarin. Un poco más adelante se descubrió en uno de los correos electrónicos aportados por su socio, Diego Torres, que el duque de Palma obtuvo un millón de euros en una operación en la que compró acciones de un club de golf a un precio muy inferior al que se valoraban en aquel momento.

La sociedad Aizoon, de la que son dueños a medias la infanta y su marido, ha dejado de tener actividad, acumula pérdidas y va perdiendo patrimonio. En las últimas cuentas presentadas en el registro mercantil correspondientes al ejercicio de 2013, se detalla que no tiene ingresos y sufre pérdidas de 27.000 euros, unas pérdidas que fueron mucho mayores el año anterior. Aizoon muestra los efectos de la instrucción judicial. En sus buenos tiempos, allá por 2007, antes de que estallara el caso, Aizoon ingresaba 700.000 euros al año. También llegó a tener unos activos de 1,5 millones de euros, cuando hoy solo alcanzan los 791.000. En este momento la empresa está considerada como un instrumento para defraudar a Hacienda, ya que era utilizada presuntamente por Iñaki Urdangarin para no pagar por sus trabajos el impuesto sobre la renta, sino el de sociedades, más ventajoso. Los ingresos de la pareja son ahora los que provienen del trabajo de la infanta como responsable de relaciones internacionales de la Fundación La Caixa. La infanta ya no recibe ninguna asignación por parte del presupuesto de la Casa Real.

Además de enfrentarse a la acusación de colaboradora en dos delitos fiscales de su marido, la infanta también tendría que responder de su participación a título lucrativo en las actividades del entramado del Instituto Nóos, la estructura a través de la que su marido realizó sus negocios.

Conflictos de interés. Los negocios, convertidos en un grave problema para la Casa Real, han sido prácticamente desterrados de las actividades a las que, a partir de ahora, se podrán dedicar los miembros de la Familia Real. El nuevo monarca, Felipe VI, ha establecido un código de conducta que limita las actividades privadas que puedan suponer un conflicto de interés con su posición en la Familia Real. Antes, con el rey Juan Carlos, existía una regla no escrita por la que los miembros de la Familia Real (y entonces Iñaki Urdangarin formaba parte de ella) podrían trabajar en fundaciones y consejos de administración de empresas, especialmente si la actividad de estas se extendía al extranjero. No fue lo que hizo Urdangarin.

El conde de Fontao, José Manuel Romero, asesor de confianza del rey Juan Carlos y su familia en sus asuntos privados, y también asesor jurídico externo de la Casa Real, no llevaba en principio un seguimiento de la actividad profesional de Urdangarin, ni de los negocios de la empresa Aizoon, de la que también era dueña la infanta, según ha sabido esta revista. Solo cuando estos comienzan a salir a la luz, es enviado a arreglar el entuerto. Cuando pone orden, el conde de Fontao deja en manos de Ramón Bergós el nuevo rumbo de la actividad de Urdangarin, ya que lo consideraba un gran experto en fundaciones, fórmula a través de la que se reconducía al marido de la infanta Cristina. Se trataba de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) que, sin embargo, realizó luego prácticas que forman parte de las acusaciones contra Urdangarin. Entre otras cosas, FDCIS habría canalizado fondos al exterior a través de la sociedad De Goes for Stakeholder Management.

Alertas. El conde de Fontao se alerta otra vez cuando conoce que el marido de la infanta vuelve a realizar negocios con la empresa cazatalentos Seeliger y Conde. Antes, la alerta era porque los trabajos para las administraciones públicas que realizaba Iñaki Urdangarin no eran adjudicados, como consideraban adecuado en La Zarzuela, mediante concurso público. Ahora que ya no ocurría, el asesor del rey Juan Carlos vuelve a intentar poner orden cuando conoce que vuelve a realizar labores de intermediación, aunque sea para una empresa privada. La Casa Real quería que se aplicara la regla no escrita que no aconsejaba tener negocios privados.

La infanta Cristina, en todo caso, ya no forma parte de la Familia Real, ya que tras la proclamación de su hermano, la Familia Real queda reducida a los monarcas, sus hijos y sus padres. De esta manera, no cobra ninguna cantidad, como antes, por su asistencia a actos oficiales. Cristina de Borbón, eso sí, no ha renunciado a sus derechos dinásticos, que la sitúan en el sexto lugar en la línea de sucesión del trono. Con ellos ha acudido al juicio, cuando hace meses se especulaba con la posibilidad de que no los retuviera si se sentara en el banquillo. Ha sido una decisión personal de la infanta Cristina sentarse en el banquillo sin haber renunciado, como lo ha sido seguir siendo la esposa de Iñaki Urdangarin a pesar de todo lo ocurrido.

El papel de otros protagonistas de la Casa Real en el caso Nóos volverá a salir a la luz en el juicio oral que ahora comienza. Así será, tanto porque serán llamados a declarar como testigos, como por el hecho de que Diego Torres, otro de los principales acusados y exsocio de Iñaki Urdangarin, sostiene que los negocios se realizaron con el conocimiento y beneplácito de La Zarzuela. El abogado del rey Juan Carlos y exasesor jurídico externo de la Casa Real, José Manuel Romero, conde de Fontao, o dos exjefes de la Casa Real, Alberto Aza y Fernando Almansa, declararán, públicamente por primera vez, las gestiones que realizaron para apartar a Iñaki Urdangarin de negocios en los que podría colisionar con su posición como esposo de la infanta Cristina. Así lo explicaron en la instrucción del caso que llevó a cabo el juez José Castro. Está por ver si las tres mujeres que juzgan ahora el caso llegan a manifestar la sospecha de que el conde de Fontao sabe más de lo que declara, como mantuvo el juez Castro durante su anterior interrogatorio.

Tras la llegada al trono de Felipe VI no se prorrogó el contrato de servicios externos del abogado José Manuel Romero, el hombre enviado por el rey Juan Carlos con el delicado papel de intentar arreglar la situación que había provocado Urdangarin con sus negocios. Felipe VI ha realizado cambios, como la firma de un convenio con la Abogacía del Estado para que sea esta la que preste servicio a la Casa Real. El conde de Fontao, no obstante, era también el abogado de la Familia Real para sus asuntos privados.

Tesorero. Al igual que Almansa, Aza o el conde de Fontao, el que fuera secretario particular de las infantas, Carlos García Revenga, ya no ocupa puesto alguno en la Casa Real. La diferencia es que su salida no ha sido tan pacífica. El hombre que acompañó a las infantas desde que estas eran unas niñas ha interpuesto una demanda laboral en la que reclama una indemnización tras los 21 años en que ha estado al servicio de la Casa Real. Sobre su declaración va a pesar la influencia de esta situación. García Revenga se libró de la imputación sufrida durante la instrucción judicial, pero su papel como tesorero en el Instituto Nóos le situó en una posición difícil. Sin embargo, cuando fue imputado García Revenga, el conde de Fontao, el enviado a llevar las aguas a su cauce antes de que estallara el caso y en teoría el mayor conocedor de sus entresijos, se quedó completamente helado. Consideraba que García Revenga era un mero florero en la estructura de Nóos.