El coste del Valle de los Caídos

Los técnicos de Patrimonio Nacional que trabajan en el Valle de los Caídos ya tienen una cifra (concretamente, 14 millones de euros) para restaurar por completo la cruz de 150 metros de altura y el conjunto escultórico que hay a los pies de esta y que es el que más deterioro ha sufrido en estos últimos años. Este conjunto lo forman nueve esculturas de gran tamaño: en un primer basamento se encuentran las figuras de los cuatro evangelistas y sus símbolos –Juan y el águila, Lucas y el toro, Marcos y el león y Mateo y el hombre alado– de 20 metros de altura cada uno. Y en un segundo basamento, más pequeñas, están las figuras de las cuatro virtudes cardinales –prudencia, justicia, fortaleza y templanza–.

Un estudio de 2012 del Museo Nacional de Ciencias Naturales (dependiente del CSIC) determinó que el conjunto escultórico concebido por Juan de Ávalos para el Valle no es macizo. Las esculturas están recubiertas por placas de calizas negras de Calatorao (Zaragoza), unidas por morteros “con materiales incompatibles, totalmente inadecuados para su preservación” ya que sufren en demasía los rigores térmicos de la congelación y el deshielo que se dan en esta zona de la sierra madrileña de Guadarrama.

Esas alteraciones han provocado fisuras en la piedra que, en algunos casos, han terminado en desprendimientos al suelo, por lo que hace años se cerró a los turistas el acceso a la base de la cruz. Una restauración integral del monumento pasaría por extraer los bloques de caliza, sanear el núcleo de hormigón y recolocar los bloques otra vez, según fuentes gubernamentales consultadas por Tiempo. Y un desembolso económico que el Gobierno del PP no está dispuesto a asumir por el momento, al considerar suficiente la restauración que se hizo de la escultura de la Piedad, situada encima de la entrada a la basílica y que en 2012 costó más de 286.000 euros al erario público.

A esta cifra hay que sumar los cerca de 400.000 euros que Patrimonio Nacional entrega anualmente a la comunidad benedictina del Valle en forma de subvención para acometer los arreglos necesarios y cubrir los costes del mantenimiento de la abadía y la escolanía que se encuentran detrás de la cruz.

El informe de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, que patrocinó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de la pasada legislatura, ya aconsejaba “detener el deterioro” de este lugar donde se encuentran inhumados los restos de 33.847 muertos de la Guerra Civil –de los cuales más de 12.000 son de republicanos sin identificar–, aunque el más polémico de los enterramientos es el del general Francisco Franco. El PSOE, precisamente, volvió a insistir el pasado mes de diciembre en su idea de trasladar a otro lugar los cuerpos del dictador y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, con la condición de hablar previamente con la comunidad benedictina y sus respectivas familias.

“No se trata de actuar a la brava, sino hablándolo, negociándolo para que sea posible”, subrayó el diputado socialista Odón Elorza en la Comisión de Cultura, donde se debatió una proposición no de ley sobre la “defensa de la cultura de la convivencia, la concordia, la reconciliación y la cultura de paz” en este controvertido sitio. En su opinión, las tumbas de Franco y Primo de Rivera “no tienen ningún sentido, ninguna explicación desde la razón democrática y desde el punto de vista de la búsqueda de una reconciliación y del cierre de esa herida”.

Elorza lamentó igualmente que no se explique lo que hay en las criptas, en cuyos columbarios reposan “en muchos casos, de una forma mezclada e indigna, una parte de los restos de los 33.847 hombres y mujeres que están allí”. La diputada Rocío López, del PP, replicó a Elorza que el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo en este caso “con su obligación de detener el deterioro del conjunto monumental y de proceder al mantenimiento preventivo del mismo (...) en un marco de restricciones presupuestarias”. En este sentido, subrayó que el Valle de los Caídos lo forman una iglesia y un cementerio que “en ningún caso puede considerarse como una fosa común”, y que el recinto no tiene en la actualidad “ninguna significación política” en virtud del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica –el único que contó con el apoyo del PP–. “Dejen de una vez descansar a los muertos en paz, dejen cicatrizar las heridas que tan dolorosamente tuvieron abiertas dos generaciones de españoles”, le pidió López a su contrincante socialista.

Asimismo, la diputada popular rechazó la idea de crear un censo de enterrados en el Valle ya que, a su juicio, vulneraría la legislación de protección de datos y el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen proclamado en el artículo 18 de la Constitución.

A punto de cerrarse en 2009.

El Valle de los Caídos estuvo a punto de cerrarse durante la pasada legislatura ya que en 2009 el Ejecutivo socialista puso trabas para el acceso a la basílica de turistas y visitantes por motivos de seguridad. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega destituyó en 2010 al presidente de Patrimonio Nacional en aquel  entonces, Yago Pico de Coaña, por la resistencia de este último a la clausura definitiva del monumento, al menos en lo que a turistas se refiere.

Desde entonces, este lugar no ha recuperado el trasiego de gente que había antes. En el pasado 2014 fue el único de los palacios o monasterios reales que gestiona Patrimonio que perdió visitantes. Recibió un total de 240.837 turistas –solo por detrás del Palacio Real, el Escorial y el Palacio de Aranjuez–, pero supuso un 7,22% menos con respecto a 2013, cuando se registraron 259.591 entradas. En 2007, antes de la ofensiva socialista contra el Valle, hubo más de 419.000 visitas a este lugar.

En el plano espiritual, el Valle se encuentra en una etapa de transición no exenta de dificultades. El histórico abad Anselmo Álvarez renunció en septiembre a este cargo vitalicio por motivos de edad –tenía 82 años– y en las votaciones posteriores entre los miembros de la comunidad benedictina no se consiguió el quórum necesario para nombrar un nuevo abad –el mecanismo electoral es similar a la elección de un Papa–. Así las cosas, se determinó el nombramiento del padre Santiago Cantero como “prior administrador” del Valle, un rango inferior y de carácter interino con el que se quiere dar tiempo a la orden para que encuentre una salida de consenso.