El ancestral Principado de los Pujol

El lunes 8 de septiembre, monseñor Joan Enric Vives Sicíla, obispo de Urgel, presidió una ceremonia religiosa muy especial. Tuvo lugar en el santuario-basílica de la Virgen de Meritxell, el edificio religioso más grande, con diferencia, de todo el Principado de Andorra, que diseñó el arquitecto catalán Ricardo Bofill en 1976 para levantar un templo al lado de donde, cuatro años antes, se había incendiado el santuario originario, destino de peregrinaciones durante siglos. La Virgen de Meritxell es la patrona de Andorra y el obispo de Urgel se encontraba allí como oficiante de una misa en la fiesta nacional, pero también como uno de los dos jefes de Estado que tiene el Principado, junto con el presidente de la República francesa. A día de hoy, la celebración religiosa ha pasado a un segundo plano frente al acto institucional en el Parlamento de Andorra, un Estado laico tal y como estipula su primera y única Constitución, que entró en vigor en 1994 y que empezó a modernizar un país donde, en pleno siglo XXI, sobreviven instituciones y usos más propios de un “país de cazadores” que de uno de los últimos paraísos fiscales.

El Principado de Andorra, uno de los principales paraísos fiscales del mundo y adonde la familia Pujol habría enviado, presuntamente, millones de euros amasados durante décadas de actividades aún desconocidas, es un territorio que no termina de sumergirse en la modernidad y mantiene costumbres ancestrales.

El mismo país al que hace unas semanas el presidente Rajoy brindó su apoyo en sus negociaciones para lograr un pleno acceso al mercado interior de la UE a cambio del apoyo en la ONU para la candidatura de España al Consejo de Seguridad, es aquel cuyo Parlamento –el Consejo General de Andorra– hace todos los meses dos copias de las leyes que aprueba y las envía por valija diplomática al Elíseo, en París, y al Palacio Episcopal de Urgel para que sus dos copríncipes, el presidente francés, François Hollande, y monseñor Vives Sicília, den el visto bueno definitivo. Como sucede en España con Felipe VI, en Andorra no se aprueba una ley sin la firma de sus dos jefes de Estado, que se encuentran más allá de sus fronteras. En ambos palacios existen sendos gabinetes encargados de asuntos de Andorra, en el que un equipo de expertos (en el caso de Urgel, media docena de personas) analiza jurídicamente los textos y los somete a la firma del jefe de Estado. Los consejeros de ambos lados de la frontera mantienen un contacto “regular” sobre cuestiones relativas al Principado.

Este sistema, que arranca desde hace un milenio, es una rara avis en la comunidad internacional que los andorranos mantienen porque consideran que les beneficia, aseguran varios residentes en el Principado. En primer lugar, porque la existencia de dos príncipes impidió que hace siglos Andorra fuera anexionada a España o a Francia. De momento, no ha habido ninguna reivindicación a favor de cambiar el sistema que, a la postre, supone una tutela exterior no de uno, sino de dos Estados, Francia y El Vaticano. Quizá ocurra si un día los copríncipes llegan a obstaculizar el trabajo del Parlamento, al que excepcionalmente se le han vetado normas relativas a dobles nacionalidades. También porque, sobre todo mirando a Francia, a los andorranos les gusta saber que uno de sus copríncipes es presidente de una potencia mundial. Vale la luz verde de uno de los dos príncipes para aprobar las leyes y Francia y el obispado, aunque se da por descontado que ambos son “poderes fácticos” que podrían estar detrás del fracaso de la propuesta del Partido Socialista de Andorra a favor de una ley del aborto que fue rechazada en el Parlamento y no tuvo que llegar hasta la pluma del obispo de Urgel.

“Es un sistema político y social nada convencional, pero no es una opereta”, puntualizan desde el Obispado.

Sociedad pequeña y cerrada.

Según un residente, la “sociedad andorrana es pequeña, muy cerrada”. En un área de 468 kilómetros cuadrados conviven los 69.966 habitantes del Principado, de los que solo la mitad –el 51%– son andorranos. El resto se reparte en otras nacionalidades, donde la española es la más numerosa, con diferencia. En 2013, residían en Andorra 20.070 españoles, a pesar de que las bajas como residentes en el Principado han sido constantes desde noviembre de ese año (107 españoles se han dado de baja en ese periodo).

Se puede obtener la nacionalidad andorrana si se tienen familiares por línea materna o paterna y también por el mero hecho de casarse con un nacional. Fuera de estos supuestos, la nacionalidad es más cara que en España, por ejemplo. En lugar de cinco años de residencia, se exigen veinte. Son “fuertes restricciones que se aplican en países pequeños que han tenido mucha inmigración”, explican desde el Gobierno.

El idioma oficial es el catalán, pero el castellano es también común, quizá por la notoria presencia educativa española, con cuatro colegios y un instituto públicos, gestionados por el Ministerio de Exteriores, tres centros confesionales y uno privado. En toda Francia solo hay dos colegios españoles –un colegio y un instituto–, y en el Reino Unido y en Italia, por ejemplo, no hay ninguno.

Habitantes y bancos.

Sean o no andorranos, los casi 70.000 residentes conviven con cinco grupos bancarios, que emplean a 1.700 personas –1 de cada 41 habitantes trabaja en la banca– repartidas en 56 oficinas que en 2013 gestionaron 41.043 millones de euros. Según la Oficina de Estadística oficial de Andorra, el sector financiero es “uno de los principales pilares de su economía”, representa el 18,3% del valor añadido del PIB y cuenta también con siete entidades de gestión de organismos de inversión, cinco de gestión de patrimonios, una entidad de crédito especializado y 34 aseguradoras. Sin que nunca se haya podido calcular el dinero oculto en Andorra -“siempre es difícil encontrar cifras”, admiten a Tiempo fuentes de la OCDE–, no es ilógico pensar que la mayor parte de los miles de millones depositados en los bancos no pertenece a los andorranos, que por lo general abren cuentas nominales (no numeradas) y viven “al margen” del hecho de que su país es un paraíso fiscal, aseguran fuentes del Gobierno. A este respecto, el Ejecutivo insiste en resaltar que el motor económico del país es el turismo y el comercio, aunque el sector financiero tiene “mucha importancia”.

Además de la opacidad de su sistema bancario, Andorra tiene otras cosas en común con Suiza y con Mónaco. Con la primera, que tampoco tiene Ejército. En la primera y única Constitución que entró en vigor en el Principado en 1994, se estipula que su defensa es competencia compartida entre Francia y España. A la pregunta de si existe algún dispositivo al respecto, fuentes del Ministerio de Defensa español se limitan a responder que “no es previsible que ningún país ataque Andorra”. Por si acaso, el Principado conserva una tradición propia según la cual todo padre de familia está obligado a guardar un arma larga en casa para la protección de su hogar y de su país. Es la institución del somatén, por la que, en ausencia de antecedentes penales, los andorranos obtienen automáticamente un permiso policial para tener estas armas.

Jueces extranjeros.

En cuanto a sus semejanzas con Mónaco, radican en un sistema judicial aún en desarrollo que, hasta que haya jueces andorranos suficientemente formados, necesita magistrados franceses y españoles en los tribunales superiores. Como el resto de titulares de los juzgados de primera instancia, el juez a cargo de la comisión rogatoria que envió la Audiencia Nacional para obtener información de las cuentas de los Pujol es andorrano. No ocurre así en las dos instancias superiores –el Tribunal de Corts y el Tribunal Superior–, prácticamente copadas por jueces de Francia y España, aunque la situación está cambiando porque los jueces andorranos van accediendo poco a poco a estos tribunales superiores.

Hace apenas 20 años, antes de que la Constitución diese inicio a la creación de una carrera judicial, los jueces en Andorra no tenían por qué ser ni siquiera licenciados en Derecho. Eran una especie de jueces de paz, personas con prestigio social que mediaban en contenciosos entre los ciudadanos. Hoy el sistema judicial es un “sistema híbrido” que no exige dedicación plena a sus jueces, que incluso pueden compaginar el trabajo en juzgados a ambos lados de la frontera.

Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, cada uno de cuyos cuatro miembros son designados por el jefe de Gobierno, el Parlamento y los dos copríncipes. La presidencia es rotatoria y a día de hoy la ocupa Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, madrileño de 75 años que trabajó en el Ministerio de Justicia del primer gabinete de Adolfo Suárez y que en el sector privado ha trabajado en Repsol o Gas Natural. Su antecesor fue uno de los padres de la Constitución española, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que trabajó en este tribunal entre 2001 y 2009 y lo presidió entre 2001 y 2003. Políticos y juristas no andorranos tienen acceso a este cargo porque el principal requisito que pide el Gobierno es que sean expertos en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional.

Junto a los poderes legislativo y judicial, el Ejecutivo está formado por un Gobierno que preside Antoni Martí, líder de Demócratas por Andorra (DA), la formación de centro liberal que ocupa 22 de los 28 escaños que tiene el Parlamento. El Partido Socialista de Andorra está en clara minoría con los seis escaños restantes.

Sin embargo, a pesar de la holgada mayoría con la que cuenta Martí para hacer aprobar sus leyes, su Gobierno está enfrascado en una “revolución” fiscal que probablemente le pasará factura en las próximas elecciones. Acuciado por la UE, el G-20 o la OCDE, Andorra empezó hace cuatro años a desmontar su paraíso fiscal. Para escándalo de sus jueces foráneos, todavía en los años 90 del pasado siglo el contrabando no era delito, aun a riesgo de convertirse en un agujero negro en cuanto a quién depositaba allí sus millones. La luz fue entrando en tanta opacidad y en el pasado ya han sido juzgados integrantes del clan de los Charlines por actividades ligadas con el narco en Galicia o miembros de la mafia italiana. A día de hoy, el desmantelamiento del paraíso fiscal ha hecho posible compartir información con los tribunales de otros países si así se solicita. La comisión rogatoria que ha enviado la Audiencia Nacional para saber cuánto dinero tienen los Pujol en Andorra es fruto de estos cambios. Sin embargo, el intercambio de información no irá todo lo lejos que querría el juez Pablo Ruz porque de momento el delito fiscal no lo es en Andorra, de manera que los bancos en el Principado solo tienen obligación de aportar dat0s de fondos provenientes de actividades que también sean ilegales allí, como la malversación de fondos públicos o cualquier otra actividad corrupta. Los jueces en Andorra confían en que el delito fiscal terminará siéndolo también allí. Además, el Principado ya se ha comprometido a dar un paso más, definitivo, en el intercambio de información bancaria, para satisfacción de la OCDE, que ya ha sacado a Andorra de la lista de países no transparentes. Cuando sea una realidad, no harán faltas las peticiones como la que ha hecho Ruz sobre la fortuna de los Pujol, porque los bancos andorranos estarán obligados por defecto a dar información de todos sus clientes a las autoridades de Andorra que, a su vez, las remitirán automáticamente a las autoridades fiscales de los países de origen de los titulares. Extrapolado al caso Pujol, el Ministerio de Hacienda hubiera tenido puntual conocimiento del dinero que acumula la familia en bancos andorranos.

Pagar impuestos.

La segunda parte de los cambios que está introduciendo Andorra es una “revolución fiscal”, en palabras del Gobierno, que consiste, en términos generales, en que ciudadanos y empresas andorranas  empiecen a pagar impuestos. También harán menos atractivo el Principado para que, como ha pasado en numerosas ocasiones, deportistas de élite o grandes empresarios se hagan residentes andorranos. De momento, ya se ha creado un Impuesto de Sociedades –del 10%, por debajo del oficial en España, 35%–, otro sobre Actividades Económicas y uno más sobre la renta de los no residentes. El hueso más duro de roer llegará el año que viene, cuando entrará en vigor un impuesto sobre la renta –el IRPF– que deberán abonar los andorranos, que hasta ahora no conocen el pago de impuestos. Y, ¿cómo se están tomando estos cambios que les obligarán a pagar impuestos? “Son conscientes de que hay que ir hacia una mayor transparencia, pero a nadie le gusta pagar impuestos”, admiten fuentes del Gobierno, que ha visto “el estallido” del caso Pujol como la peor de las ayudas en un momento delicado para el bolsillo de los andorranos.