De la banca al banquillo

Estos días han comenzado a desfilar por la Audiencia Nacional ex altos cargos de Caja Madrid y Bancaja, entidades integradas hoy en Bankia, por la emisión de participaciones preferentes. Las demandas judiciales por este tipo de activos, que fueron colocados entre los clientes en la etapa final de las cajas de ahorros, se multiplican por toda España. Sin embargo, los juicios de verdad, en los que se verá a exdirectivos de cajas sentados en el banquillo, van a comenzar por otras cuestiones relacionadas con la gestión de las entidades y los millonarios sueldos y pensiones que muchos de ellos se asignaron a sí mismos en plena crisis.

Así, después de tres años de investigación judicial, el próximo 19 de mayo se sentarán en el banquillo de la Audiencia los primeros exdirectivos citados a juicio oral. Abrirán el baile cuatro ex altos cargos de Caixa Penedés acusados de asignarse a sí mismos pensiones por 31 millones de euros. Esto ocurrió en una caja en crisis, absorbida en 2010 por Banco Mare Nostrum, una entidad nacida de la fusión de la propia Caixa Penedés con Sa Nostra y las cajas de Murcia y Granada, que necesitó 1.645 millones de euros de dinero público para evitar la quiebra.

Este juicio rápido no es casualidad. La relativa sencillez del asunto, la plena coincidencia calificatoria del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con la hecha por la Fiscalía Anticorrupción, y el fuerte ritmo en la investigación de los hechos, ha llevado a juicio a los acusados antes de lo que ellos mismos preveían. Por conductas similares (atribuciones de pensiones millonarias) son candidatos inmediatos al banquillo exdirectivos de NovaCaixaGalicia y Caja del Mediterráneo (CAM). En una segunda oleada, ya con menos celeridad, vendrán Caixa Cataluña, Caja Granada y Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI).

En Caixa Cataluña, el proceso afecta a Narcís Serra, expresidente de la caja y exministro socialista, y a Adolf Todó, exdirector general. Se les imputa ponerse y subirse sueldos millonarios y suscribir pensiones e indemnizaciones no menos millonarias cuando la entidad estaba en crisis y recibía dinero público. El juzgado número 30 de Barcelona, que es el que instruye el caso, ha entrado ahora en la investigación de operaciones inmobiliarias que alargarán el proceso, debido al celo del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado.

Presión de los fiscales.

La presión de la Fiscalía Anticorrupción está, precisamente, en el origen de estos juicios. Ahora, el propio Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), un organismo gobernado por el Ministerio de Economía y el Banco de España, que ha canalizado todas las nacionalizaciones de cajas y las inyecciones de dinero público para salvarlas, ha anunciado 90 querellas por otros tantos presuntos delitos detectados en la banca nacionalizada. Esta decisión del FROB de buscar a los responsables del desaguisado, unida a la creciente presión de la opinión pública, están obligando a espabilar a jueces y fiscales. “Sin la presencia del FROB y el impulso de la fiscalía, muchos procesos podían haber prescrito o caído en vía muerta”, señalan en el equipo de abogados de Unión, Progreso y Democracia (UPD), que también ha puesto varias denuncias contra exdirectivos de cajas.

Fuentes del departamento de Derecho Penal de la Universidad Carlos III señalan que “el inicio de los juicios a los exdirectivos de cajas es tardío, pero dado cómo están los juzgados en España, saturados y sin medios, es una buena noticia”. No es un misterio –según estas mismas fuentes– que ha habido un acelerón de los procesos en el último año, porque los jueces y fiscales han acotado mucho los hechos, como en los casos de Penedés y NovaCaixaGalicia. “Por ahora –añaden– están cerrando los casos más sencillos, que son las jubilaciones e indemnizaciones escandalosas y abusivas. En cambio, en otros casos, como el de Bankia, donde hay muchos hechos perseguibles penalmente y están imputados expolíticos de distintos partidos, o en la CAM, con muchas piezas separadas abiertas, se convertirán en un auténtico laberinto procesal”.

Se levanta el telón judicial.

Pero lo cierto es que el 19 de mayo se abrirá el telón de la Justicia con el inicio primer juicio oral a exdirectivos de cajas. Los cuatro primeros en sentarse delante del tribunal serán el expresidente de Caixa Penedés, Ricard Pagés; el exdirector general, Manuel Troyano; y los exdirectivos Santiago José Abella y Juan Caellas. La vista se celebrará en la sala de macrojuicios de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), y está previsto que se extienda hasta el 29 de mayo en sesiones de mañana y tarde. Este sumario ha sido muy rápido (se empezó a instruir el 15 de febrero de 2013 ) y ha sido fácil por la sencillez del caso, un solo delito a investigar. Se les acusa de un delito de apropiación indebida por adjudicarse pensiones por valor de 31 millones de euros.

Los cuatro directivos catalanes de la pequeña caja regional están acusados de adjudicarse pensiones millonarias sin conocimiento de los órganos de administración de la entidad, a la vista de la crisis de la caja y ante el temor de perder sus puestos. Pagés, máximo ejecutivo, es el presunto inductor y se autoadjudicó 11 millones, y Abella, 1,8 millones, Troyano y Caellas también se aseguraron jubilaciones millonarias. La operación se ocultó a los órganos de la caja mediante información fragmentada y parcial. Así las cosas, en 2010 Banco Marenostrum, que recibió 915 millones de fondos públicos, absorbió a Penedés, y en 2011 los imputados cesaron en sus cargos y cobraron las pensiones.

Directivos esquivos.

El fiscal pide 3,5 años de cárcel para Pagés, expresidente de la caja, y Troyano, exdirector general. Los dos comparecieron en el Parlamento catalán en octubre de 2013, en una sesión de investigación muy peculiar. Se negaron a contestar a las preguntas de los diputados autonómicos sobre su gestión al frente de la caja y sus pensiones millonarias. Recibieron un aluvión de descalificaciones por parte de los grupos de la cámara, pero no se inmutaron. Y no han sido los únicos.

Expresidentes de cajas como Julio Fernández Gayoso, de NovaCaixaGalicia, o Modesto Crespo, de la Caja del Mediterráneo, han protagonizado comparecencias parlamentarias no menos peculiares, en las que han alegado ignorancia en muchos aspectos de su gestión y en ocasiones han bendecido como legales operaciones poco claras o sueldos y pensiones de escándalo. Los abogados de UPD destacan, sin embargo, que a pesar de todo estos exdirectivos dieron la cara, “mientras que hay varias docenas de exdirectivos y exconsejeros que están en sus casas, algunos con indemnizaciones y jubilaciones millonarias, que no están llamados como testigos ni imputados”, dicen. Y es que a pesar de la batería de jueces y fiscales desplegada sobre la mayoría de las antiguas cajas y del análisis exhaustivo de su gestión, la labor es lenta y difícil.

Hay que recordar que trabajan en estos casos todos los juzgados de la Audiencia Nacional, más juzgados de instrucción de Madrid, Barcelona, Burgos, León, Segovia, Valencia, La Coruña, Granada y Mataró, aparte del sinfín de querellas en tramitación en toda España por el asunto de las preferentes, colocadas a cientos de miles de pequeños ahorradores como falsos productos de renta fija.

NovaCaixa y la CAM.

El siguiente juicio oral, posiblemente antes del verano, será el de seis exdirectivos de NovaCaixaGalicia y dos de la Caja del Mediterráneo, todos ellos también por concederse a sí mismos pensiones millonarias. Fuentes de la Audiencia Nacional señalan que “el auto de cierre de investigación dictado por el juez Ismael Moreno sobre NovaCaixaGalicia y su conversión en procedimiento abreviado, permitiría empezar el juicio en un plazo de tres meses”. Las partes y la fiscalía tenían hasta el día 23 de febrero para hacer sus peticiones de penas, y aunque cabe un último recurso no se puede dilatar mucho el señalamiento de juicio. En este caso, los imputados por la Audiencia Nacional son el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes y Gregorio Gorriarán, más el abogado de la caja, Ricardo Pradas. Se les acusa de apropiación indebida o estafa por valor de 18,94 millones de euros, equivalente al 10% del patrimonio de la entidad de ahorro.

El segundo e inminente juicio es el de los dos directivos de la CAM. El juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ha dictado juicio oral para el exdirector general Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés. Les ha impuesto fianzas de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente, por el cobro irregular de dietas y, en el caso de Avilés, por la concesión irregular de 17 millones de euros en préstamos. Les acusa a ambos de apropiación indebida y delito societario, y a Avilés, además, le imputa simulación de contrato, por la venta de una inmobiliaria de su propiedad, financiada por la CAM, a una hermana, para eludir responsabilidades con la caja y no perder su cargo. Esa operación, según el sumario, habría causado un perjuicio de 4,5 millones a la entidad.

Para Roberto López Abad hay solicitudes de penas de 4 años de cárcel por el fiscal, 6 años por parte de la CAM a través del FROB, y de 14 años por parte de la Plataforma de Afectados. Las peticiones para Avilés son 2,5 años, 10 y 16,5 años, respectivamente. El juez no admite la petición de la acusación popular de imputar a otras cinco personas, entre ellas, la exdirectora general María Dolores Amorós. El magistrado acepta, sin embargo, la petición fiscal de exonerar provisionalmente en vía penal a la mujer, la hermana y el hijo de Juan Ramón Avilés, pero los manda al banquillo junto a otras 18 personas de la comisión de control de TIP, empresa que controlaba las participaciones industriales de la caja, por ser partícipes a título lucrativo. Según la investigación judicial, percibieron dietas irregulares de entre 9.000 y 308.000 euros a través de TIP, que fue utilizada como tapadera para retribuir con generosas dietas, fuera del control de la caja.

Lo peor de lo peor.

Pero el cupo de directivos con problemas judiciales en esta entidad es más numeroso. El responsable de empresas de la caja, Daniel Gil, autorizó, según la investigación, numerosas operaciones irregulares y desvíos de fondos y estuvo en prisión, de la que salió con fianza. La directora general, María Dolores Amorós, que sucedió a López Abad en el cargo, se asignó a sí misma una pensión de 369.497 euros anuales cuando fuera despedida o cesada en la caja y se atribuyó también un blindaje en forma de indemnización de 10 millones de euros. El Tribunal Supremo desestimó en junio del pasado año definitivamente que esta exdirectiva pudiera percibir tales cantidades. Actualmente está imputada por manipulación de cuentas y balances.

Además, el juez Gómez Bermúdez ordenó en el mes de octubre del pasado año el embargo de propiedades inmobiliarias (pisos y fincas), coches, productos financieros y otros bienes del expresidente de la CAM Modesto Crespo, la exdirectora general María Dolores Amorós, su antecesor, Roberto López Abad, y los exdirectores generales Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Todos ellos responden solidariamente de una fianza de 35 millones de euros impuesta por el magistrado en el transcurso de la causa. Cabe recordar que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez dijo en pleno proceso de intervención de cajas que “la CAM es lo peor de lo peor”, cuando compareció en el Congreso de los Diputados para explicar qué estaba pasando en esta parte del sector financiero.

Sin duda el caso de la CAM es el más escandaloso por el número de delitos y el volumen del daño patrimonial ocasionado. Esta caja tiene sumarios abiertos en cuatro piezas separadas. La primera es la de López Abad y Avilés, ya citada; la segunda, sobre las cuentas y el agujero de la entidad (10.000 millones de pérdidas esperadas según el FROB y hasta 15.000 anunciados por el ministro de Economía), que salpica a todo el equipo directivo y el consejo; una tercera sobre la emisión de cuotas participativas; y una cuarta sobre el desvío de fondos de la caja a paraísos fiscales a través de inversiones hoteleras en el Caribe. Por este último caso, López Abad ingresó en prisión por orden del juez Gómez Bermúdez, pero salió libre con fianza de 1,5 millones de euros. También han pasado por la cárcel como presuntos cómplices de evasión fiscal y receptores de créditos irregulares los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, que tuvieron que depositar una fianza conjunta de siete millones para salir en libertad.

Bankia, un monstruo procesal.

Hasta aquí, lo que se refiere a los casos que tienen a la vista ya el juicio oral, pero queda mucha más tela que cortar. Bankia (rescatada con 22.400 millones de dinero público) nació de la fusión de dos cajas grandes (Caja Madrid y Bancaja) más otras cinco más pequeñas, y el cúmulo de procedimientos judiciales acumulado es enorme. Diferentes juzgados investigan la gestión de todas las entidades fusionadas y según fuentes judiciales en el paquete, y por elevación, terminará por entrar el proceso que acabó en la fusión en sí, con las cuentas y balances que justificaron la operación, su salida a Bolsa y la auditoría y valoración de la entidad lanzada al mercado.

Lo más inminente es la pesquisa a fondo por parte de la Audiencia Nacional de la colocación de preferentes y deuda subordinada de Bankia. Un dato revelador es que la nueva Bankia, hoy presidida por José Ignacio Goirigolzarri, se ha personado como parte acusadora en el proceso por la compra del City National Bank de Florida, al igual que hizo la CAM en su día en los sumarios contra exdirectivos. Algo está cambiando, y no sería extraño que el FROB también asome por la investigación si alguna de las 90 querellas que estudia sobre casos punibles detectados en la banca nacionalizada afecta a las cajas que se fusionaron en Bankia.

El problema fundamental a la hora de delimitar responsabilidades es que este monstruo procesal de siete cabezas no será fácil de gestionar, ya que tiene ocupados a un juzgado de la Audiencia Nacional, más un juzgado ordinario de instrucción de Plaza de Castilla (Madrid) y varias ramificaciones por juzgados de varias provincias. Entre estas están las investigaciones judiciales sobre los directivos de Caja Segovia y Caixa Layetana, imputados por indemnizaciones y pensiones abusivas en el caso de los segovianos, y por la emisión de preferentes, los directivos de la caja catalana.

Hay que recordar que el momento álgido en el caso Bankia fue la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente de la entidad Rodrigo Rato, en diciembre de 2012, y desde entonces vive fases de frenazos y acelerones. Lo novedoso es que en cada movimiento se abre el campo de investigación. El calendario de instrucción es incierto, por decir algo, y el proceso tiene todas las papeletas para durar años.

Sumario a las preferentes.

De momento, el objetivo de la Audiencia Nacional lo ha marcado la sala de lo Penal: “Averiguar si Caja Madrid y Bancaja utilizaron las preferentes para paliar y ocultar su insolvencia patrimonial”. El juez Fernando Andreu abrió la ronda de declaraciones el pasado lunes, 3 de marzo, con la excúpula de Caja Madrid. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrió este melón, pese a las reticencias de los fiscales. El 13 de diciembre pasado la sala avaló investigar solo a los responsables máximos de idear y planificar estas emisiones, no la forma en que se comercializaron, que hubiera implicado a directores de sucursales y un sinfín de empleados. La acotación –según las fuentes judiciales– tenía mucho sentido ya que si no se define bien el perímetro procesal, la investigación se habría vuelto ingobernable. El juez Andreu ya estaba investigando el asunto, incluyendo la comercialización de preferentes, pero ahora la sala le ha marcado el campo de juego para que siga adelante.

El 3 de marzo pasaron por el juzgado de la Audiencia Nacional el expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y su amigo Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y exconsejero de Caja Madrid. Díaz Ferrán, que lleva en la cárcel más de un año por la quiebra fraudulenta de Marsans y alzamiento de bienes, está también incurso en otro procedimiento por haber recibido un crédito irregular y sin garantías de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa.

Tras ellos, y hasta este viernes, 7 de marzo, estaban citados en sucesivas sesiones de declaración los exconsejeros de Caja Madrid Jesús Pedroche, Rodolfo Benito (dirigente de Comisiones Obreras), José María Fernández Norniella (exsecretario de Estado con Rato) y José María Arteta. El rosario de comparecencias sigue con los responsables de Emisiones, Fernando Cuesta; de Finanzas, Carlos Contreras; y de Cumplimiento normativo, Fernández Navarro. Y a ellos se suman exdirectivos de Bancaja como Aurelio Izquierdo y Fernando García Checa.

Blesa, en la diana.

En Bankia los juzgados han abierto fuego con toda la artillería. La diana más golpeada es el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El banquero estuvo ya en la cárcel dos veces el año pasado, en mayo y junio de 2013, primero un día y luego quince, por orden del juez Elpidio Silva, titular de un juzgado de instrucción ordinario de Madrid. Blesa está en libertad con fianza de 1,5 millones de euros y este año ha vuelto a los juzgados, requerido por el nuevo juez instructor, Antonio Toro. Este nuevo juez ha sustituido al suspendido como juez y procesado Elpidio Silva, acusado por el fiscal de prevaricar y excederse al ordenar el ingreso en prisión de Blesa.

Sea como fuere, y pese al procesamiento del juez Silva, sobre Blesa sigue cayendo un aluvión de acusaciones. Se le investiga en la Audiencia Nacional y en un juzgado de instrucción de la Plaza Castilla de Madrid, por tres hechos diferentes. Tiene un sumario por las preferentes, otro por la compra del City Nacional Bank Florida, operación que causó a Caja Madrid una pérdida de 500 millones de euros según el Banco de España, y un tercero por el crédito a la quebrada empresa Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán.

Al mismo tiempo está imputado todo el consejo de administración de Bankia, con el expresidente de la entidad Rodrigo Rato al frente. Aunque en este caso no está delimitado el campo procesal, todo indica que finalmente va a terminar poniéndose sobre la mesa toda la gestión de las siete entidades que integraron la caja fusionada bajo la marca Bankia.

Sin juicios políticos.

Los abogados de UPD, partido que inició el proceso contra el antiguo consejo de administración, están intentando que la investigación entre a analizar los hechos desde antes de 2008 y que abarque todas las responsabilidades que puedan surgir. Este equipo jurídico quería que pasaran por los juzgados incluso las autoridades concernidas: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los auditores y, en su caso, los ministros de Economía de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos. Difícil pretensión, según fuentes jurídicas que conocen los límites de la Audiencia Nacional. Medios de este órgano judicial señalan que “frente a pretensiones procesales tan extendidas, jueces y fiscales van a seguir acotando todos los ilícitos penales para facilitar el trabajo, abriendo piezas separadas, aunque esto dilate el proceso en el horizonte temporal”. Y advierten que “la sede judicial tiene tasado el alcance de sus investigaciones a las conductas delictivas y no a las responsabilidades políticas o al enjuiciamiento de órganos del Estado como el Banco de España o la CNMV o instancias políticas”.

En todo caso, el banquillo se acaba de abrir para los exgestores de cajas. Es lo que muchos ciudadanos esperaban ante el mayor fiasco financiero de las últimas décadas. La quiebra de la mayoría de las cajas es solo comparable (y de mayor tamaño) a la intervención de los once bancos del grupo Rumasa el 23 de febrero de 1983 o de Banesto el 28 de diciembre de 1993. El baile no ha hecho más que empezar, pero como dice un penalista de la Universidad Carlos III, ”mejor no soñar despierto; la experiencia dice que habrá penas mínimas, y pocas de cárcel. El dinero no se devolverá y el resarcimiento de los daños causados no se verá fácilmente”.

De momento, y sumando los casos abiertos contra ex altos cargos de Bankia, Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caixa Laietana, Caixa Catalunya, Banca Cívica, Banco de Valencia, Caja Burgos, NovaCaixaGalicia, CAM, Caja Castilla-La Mancha, Caja Duero, Caixa Penedés y Caja Granada, así como contra empresarios salpicados por algunos escándalos, los distintos juzgados que instruyen las causas han aceptado querellas y han dictado ya imputaciones contra 295 exdirectivos y empresarios relacionados con las causas y han impuesto ya, a fecha de hoy, 80 millones de euros en fianzas, unas para resarcir posibles daños económicos y otras para evitar la entrada en prisión provisional de algunos de los imputados.