¿De dónde sacan el dinero los políticos?

Lo que empezó siendo una trama de corrupción que afectaba a unos pocos alcaldes y concejales ha acabado golpeando el corazón financiero del PP. La presunta relación del tesorero del partido, Luis Bárcenas, con el entramado corrupto de la operación Gürtel vuelve a poner bajo sospecha la financiación de los partidos, una de las cuestiones peor resueltas de la democracia española. A pesar de que el año pasado se aprobó una nueva ley para solventar la falta de transparencia de la actividad económica de los partidos, en opinión de los expertos la nueva legisla- ción no evita que se sigan produciendo irregularidades contables. El principal problema es que las formaciones políticas, unas entidades que a priori no generan beneficios, viven por encima de sus posibilidades. Además de sus propios gastos de funcionamiento (los grandes partidos emplean a centenares de personas), cada pocos meses tienen que sufragar campañas electorales que, en caso de ser de ámbito nacional, tienen un coste de millones de euros. En estos periodos se multiplican los gastos en desplazamientos, actos públicos y propaganda, además de otros como las encuestas internas, que en el caso de las principales formaciones se hacen de forma diaria. Un ejemplo de esto son los más de 23 millones de euros que, según el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de supervisar la contabilidad de los partidos, destinaron en 2005 las formaciones sólo en el envío de propaganda electoral. Ese año, además, tan sólo se celebraron tres citas, los comicios vascos y gallegos y el referéndum de la Constitución Europea. Todos estos gastos hacen que, ante la necesidad de más dinero, se hayan dado numerosos casos de financiación irregular. Financiación que, en la mayoría de los casos, proviene de operaciones urbanísticas fraudulentas o a través de la concesión de licitaciones públicas a empresas afines.

La nueva ley

El nuevo texto sobre la financiación de partidos políticos entró en vigor en 2008. Grandes escándalos e irregularidades habían convertido a la anterior, vigente desde 1987, en un texto obsoleto, que no podía asegurar la transparencia y el control del dinero que recibían las formaciones políticas. Según la nueva legislación, los partidos ya no pueden aceptar donaciones anónimas, ni aportaciones superiores a 100.000 euros procedentes de una misma persona. Así, los ingresos privados se reducen a las cuotas de los afiliados y a estas donaciones, que siempre requerirán la identificación del donante, ya sea persona física o jurídica. Por este menor papel que la nueva ley concede a las aportaciones privadas, el Estado se convierte en el mayor financiador de las actividades políticas, con un aumento del porcentaje de los presupuestos generales destinado a este punto.

A principios de febrero, el Congreso aprobó el presupuesto para los partidos con representación en la Cámara, con un montante que supera los 85 millones de euros para atender sus gastos de funcionamiento (81) y sufragar los costes de seguridad (4). Estas subvenciones se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones. De esta forma, el PSOE, por ejemplo, obtiene el 87% de sus ingresos para 2009. Tradicionalmente los partidos de izquierda se han nutrido más de la financiación estatal. En las formaciones conservadoras, con lazos más profundos con el mundo empresarial, las donaciones privadas han tenido siempre más peso. Pero la nueva ley no depura los tradicionales vicios de la financiación de partidos. Es la opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Murcia, especializado en el tema. “El problema -afirma- es que el Tribunal de Cuentas no tiene poder suficiente para controlar la contabilidad de los partidos”. Así, la nueva ley no le da a este organismo capacidad para investigar ningún gasto que intuya irregular, ni tampoco competencias para sancionar ningún incumplimiento que observe en las cifras que le remiten. El Tribunal de Cuentas, además, actúa sólo sobre los órganos centrales de los partidos, por lo que deja sin supervisar sus aparatos locales, que según Jiménez recogen alrededor del 25% de las subvenciones públicas. La prueba del ninguneo que aplica el poder político al Tribunal de Cuentas es que el último informe que sacó este organismo corresponde a la financiación política de 2005, pese a que los partidos tienen la obligación de presentar sus cuentas de forma anual. “Sería necesario crear una especie de agencia tributaria específica para mantener estos gastos bajo control”, opina Jiménez. Antonio Arias, miembro de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, señala además dos ejemplos de irregularidades que se presentan asiduamente en las cuentas de los partidos: “Algunas formaciones excedieron los límites en algunas partidas de gastos o recibieron donativos por encima de lo permitido y de forma anónima”. Además de la falta de control contable, los partidos disfrutan de una serie de ventajas en cuanto a la financiación que no están al alcance de cualquiera. Así, La Caixa condonó una deuda de 6,5 millones de euros al Partido Socialista de Cataluña en 2005. La actual ley no prohíbe este tipo de prácticas, lo que supone otra importante fuente de financiación indirecta.

Retención de sueldos

Otra forma de nutrirse de fondos cuando menos discutible es la retención obligatoria del sueldo de los cargos públicos del partido. Se trata de una práctica relativamente extendida en los partidos de izquierda, que a veces da lugar a abusos. Ocurrió en 2006, cuando empleados eventuales de la Generalitat de Cataluña contratados por Esquerra Republicana, sin carnet del partido, denunciaron que les habían exigido parte de sus sueldos para financiar a la formación independentista. Las fundaciones políticas, como la FAES del PP o la Pablo Iglesias del PSOE, son otro punto polémico. Si la opacidad financiera de los partidos ya es mucha (de todas las formaciones consultadas, sólo PSOE y UPD accedieron a facilitar sus cuentas por escrito a esta revista), la oscuridad que rodea a estas instituciones es aún mayor. “El Tribunal de Cuentas viene pidiendo transparencia en las relaciones que la mayoría de los partidos políticos mantienen con sus fundaciones”, afirma Antonio Arias. Sostiene que las fundaciones pueden aceptar donaciones de empresas contratadas por la administración, algo prohibido para los partidos. Además, pueden recibir donaciones privadas de hasta 150.000 euros. Frente a todo este desbarajuste financiero, se plantean al menos dos soluciones. La primera, que los partidos se autofinancien. Esta es la opción favorita de Santiago Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Se trata de una opción imposible a través de las actuales cuotas de los afiliados, cantidades simbólicas en la mayoría de los casos.

Pero sí que sería posible financiar los partidos a través de la declaración del IRPF, de forma análoga a como obtiene sus fondos la Iglesia católica. Por otro lado, existe una solución totalmente contraria, la de una financiación por entero privada y transparente. Es el sistema que rige en EE UU, donde los gastos de los partidos corren a cargo de las donaciones de empresas. Muchas, incluso, financian tanto a demócratas como a republicanos, para asegurarse de que el sufragio popular no altera sus conexiones con el poder.