Cuando España buscó la bomba atómica

En octubre de 1974, recién recuperado el general Franco de su flebitis de aquel verano, el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, tuvo en sus manos un informe con el que España dejaría de ser un país “de tercer nivel” para convertirse en la sexta  potencia nuclear del planeta.

El documento se tituló Proyecto Islero: organización, presupuesto y personal necesario para la obtención de 36 bombas de fisión nuclear con plutonio, de 20 kilotones y lo redactó Guillermo Velarde, por aquel entonces teniente coronel del Ejército del Aire, aunque muy pocos sabían de su condición militar. Este general del Ejército del Aire –hoy en la reserva– y presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, fue durante décadas un prestigioso investigador de la Junta de Energía Nuclear (JEN), el organismo público creado en los cincuenta para el desarrollo de aplicaciones civiles con dicha energía.

Velarde era un catedrático más y vestía de civil, ya que se le había ordenado que no emplease su condición militar ni vistiese de uniforme. Solo unos pocos dirigentes del régimen sabían que su proyecto era el germen de la bomba atómica española.

Este militar cuenta ahora detalles desconocidos de este programa en su libro Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares (Almuzara) que saldrá a la venta a principios de junio. Esta iniciativa había nacido en febrero de 1963, cuando Velarde y su superior jerárquico en la JEN, José María Otero, recibieron la luz verde del entonces vicepresidente del Gobierno y jefe del Alto Estado Mayor, el general Agustín Muñoz Grandes, para redactar un plan de viabilidad sobre la construcción de una bomba atómica.

En aquel momento solo las cinco grandes potencias mundiales disponían de este tipo de bombas y dos de ellas, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían dado el salto a la termonuclear o bomba H, con una potencia destructiva mil veces mayor que la atómica.

Había dos posibilidades para desarrollar una bomba nuclear: con uranio o con plutonio. En la primera opción había que emplear por entonces una planta de difusión gaseosa para el enriquecimiento de uranio, que requería una altísima tecnología y costes muy elevados que España no podía asumir en esos momentos, de ahí que Otero se decantase por la opción del plutonio, que se podía obtener de un reactor nuclear.

Velarde empezó el estudio con la más absoluta reserva y le llamó Islero, en recuerdo del toro que acabó con Manolete, ya que presentía que le mataría a disgustos. El informe se concluyó en diciembre de 1964 y Muñoz Grandes lo bendijo con el argumento de que era “fundamental” para España a la hora de reforzar su posición en el mundo y defender los territorios en el continente africano.

A Velarde se le alertó de que Estados Unidos no debía enterarse de los planes españoles. Y en el “caso poco probable” de que los espías de Washington descubriesen las intenciones de Madrid, “todo se reduciría a un trabajo de la JEN sin implicar a las Fuerzas Armadas”.

El objetivo por parte española era ir adquiriendo la tecnología necesaria para poder aplicarla a partir de 1972. En ese año se preveía obtener plutonio del reactor de Vandellós I de origen francés que se iba a construir en Tarragona. En la década de los sesenta, el general De Gaulle consideraba que era necesario que Europa tuviese su propio desarrollo de armas nucleares, con el fin de que EEUU y la URSS no fuesen los únicos países con disuasión en este terreno. De ahí que Francia transfiriese a España el reactor de Vandellós I con préstamos a muy bajo interés.

En enero de 1966 se produjo un punto de inflexión en el proyecto Islero a raíz del accidente de Palomares. Un bombardero norteamericano B-52 con cuatro bombas H a bordo chocó en el aire con otro avión cisterna durante una operación de repostaje: de las cuatro bombas, dos cayeron con paracaídas y quedaron intactas (una en tierra y la otra en el mar a 800 metros de profundidad). A las otras dos restantes no les funcionó el paracaídas y chocaron contra el suelo esparciendo parte del plutonio que llevaban dentro.

Cuando Velarde llegó a Palomares, los norteamericanos ya se habían llevado los restos de las bombas estrelladas contra el suelo. Sin embargo, encontró algunas piedras ennegrecidas con una especie de esponja de plástico altamente contaminada. Un coronel norteamericano le dijo, con muchas evasivas, que era una capa de poliestireno que envolvía a las bombas y a la mañana siguiente, la zona fue limpiada de forma concienzuda, lo que hizo sospechar a Velarde que esa esponja de poliestireno era una parte esencial de las bombas.

Sin quererlo, había dado con el secreto que permitía la explosión termonuclear –de unos 100 millones de grados– ya que esta sustancia impide el paso de ondas térmicas y de presión. Era el método Ulam-Teller, que se había puesto en marcha tras el proyecto Manhattan por los científicos norteamericanos Stanislaw Ulam y Edward Teller, y que luego sería redescubierto en la URSS por Andrei Sajarov a mediados de los cincuenta. En 1966, al mismo tiempo que Velarde dio con el método Ulam-Teller, Robert Dautray en Francia y Peng Huanwu en China lo redescubrieron también, lo que permitió a sus respectivos países desarrollar sus respectivas bombas H. Así que en aquel momento, España era el sexto país del mundo con capacidad para desarrollar estas bombas.

Unos días después de recuperarse la cuarta bomba de Palomares, Velarde fue convocado por el general Muñoz Grandes, a quien le indicó que a principios de los setenta, cuando se obtuviese el plutonio enriquecido de Vandellós, España estaría en condiciones de fabricar cinco bombas nucleares al año, de las cuales una podría emplearse “como primario” de una bomba termonuclear. “Me subrayó que todo aquello era muy importante y que si nuestro país lograba desarrollar este tipo de armamento, ello conllevaría un gran respeto internacional”, apunta el autor. El siguiente paso fue decírselo a Franco.

El Caudillo escuchó con atención, “de modo impasible”, el proyecto Islero con el cronograma previsto desde 1966 a 1972 para obtener la bomba atómica, pero consideró que tarde o temprano sería imposible mantener el secreto. Además, se quejó de su elevado coste –más de 60.000 millones de pesetas, según un informe del Ministerio de Industria– y de que España sufriría sanciones internacionales de tipo económico, algo que le preocupaba sobremanera tras la experiencia vivida después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, pospuso sine die el desarrollo del proyecto aunque España no firmaría el Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) que se estaba negociando en la ONU en aquel momento.

“Me atreví a decirle que era triste que al físico soviético Andrei Sajarov, por el mismo trabajo, se le considerara un héroe en su país mientras que aquí todo había resultado en una labor inútil y descorazonadora”, asegura Velarde.

También en 1966, el ministro del Aire pidió a la JEN un informe sobre los efectos que tendría el lanzamiento de una bomba H soviética sobre la base aérea de Torrejón, en aquel momento bajo el control de Estados Unidos en virtud de los acuerdos hispano-norteamericanos de defensa. El presidente de la JEN, José María Otero, dio el encargo a Velarde y al por entonces teniente coronel Alfonso Armada.

El informe se tituló Estudio preliminar de los efectos producidos por la explosión de una bomba de 20 megatones en Torrejón de Ardoz y en él, Velarde y Armada estimaron que la lluvia radiactiva tardaría en llegar a Madrid “aproximadamente una hora”, tiempo suficiente para prevenir al personal superviviente de las ondas de explosión y térmicas para que se dirigiesen a los refugios. Se aplicó en el estudio la “ley del siete”, es decir que al cabo de siete horas la dosis se reduce una décima parte y así sucesivamente. De ahí que concluyesen que “al cabo de dos semanas se podría transitar (sin pararse) por la zona afectada” y que “a los tres meses se podrían ocupar temporalmente los edificios no afectados por la explosión”.

El mejor refugio natural cercano a la capital era la vertiente de la sierra que da a Segovia, “tanto contra la onda térmica como contra la de choque y la lluvia radiactiva”, así que fue la zona elegida para una “potencial” evacuación de la población de Madrid.

A finales de 1973, unos días antes del asesinato del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, el jefe del Alto Estado Mayor, el general Manuel Díez-Alegría, le pidió a Velarde un informe de dos páginas de carácter técnico, en español e inglés, que resumiese el proyecto ante la inminente llegada del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, a Madrid. El día que Díez-Alegría lo leyó, le comentó lo siguiente: “Velarde, tenga cuidado, que no le rapte la ETA. Lleva usted en su cabeza un secreto de Estado”.

En 1974, cuando Carlos Arias Navarro asumió el puesto del fallecido Carrero Blanco, pidió un informe sobre el presupuesto y personal que sería necesario para la fabricación de bombas nucleares. Su deseo era “disponer de un pequeño arsenal de bombas atómicas antes de que finalizase la década” de los setenta, según indica Velarde en su libro.

El padre de la bomba atómica española expresó entonces su sorpresa por el encargo de Arias Navarro pues desconocía si Franco había cambiado de opinión, aunque estaba gravemente enfermo y el asesinato de Carrero Blanco le había afectado física e intelectualmente de forma significativa. Díez-Alegría y Manuel Gutiérrez Mellado, que trabajaba con el primero en el Alto Estado Mayor, le advirtieron que tras el asesinato de Carrero y la posibilidad de una transición política, había que “blindar” el proyecto Islero con una ley orgánica especial “que impidiese la posibilidad de que algún Gobierno posterior decidiese desmantelar nuestra futura fuerza de disuasión nuclear”, algo que finalmente ocurrió. Era una imitación de los pasos dados por De Gaulle en Francia antes de abandonar el poder con la llamada force de frappe.

Velarde terminó el informe en octubre de ese año con la propuesta de crear las citadas 36 bombas nucleares en unos pocos años. El propio general Díez-Alegría incluyó un párrafo en el documento que decía así: “Al completar el Proyecto Islero, España se convertirá en POTENCIA NUCLEAR, con todas sus ventajas. Pasaría a ser actualmente, en lo que se refiere a su capacidad nuclear de potencia de tercera categoría, a situarse entre las potencias que habría que tener en cuenta a la hora de alianzas y posibles conflictos bélicos”.

Arias Navarro firmó una directiva el 6 de noviembre de 1974 para que se llevase a cabo el proyecto y a comienzos de 1976 se aprobó la instalación en la localidad de Cuba de la Solana (Soria) del Centro de Investigaciones Nucleares de Soria (Cinso) con el objetivo de construir, entre otras instalaciones civiles, un pequeño reactor, cien veces inferior al de Vandellós I, en el que se pudiera llevar a cabo el tratamiento del plutonio con fines militares. Faltaba la elección de unas instalaciones castrenses en las que montar las bombas, algo que nunca se llegó a realizar. Además, surgió un problema de tipo técnico, ya que la entrega del territorio del Sáhara a Marruecos acabó con la posibilidad de realizar una prueba nuclear en el desierto.

La primera estocada al proyecto Islero se produjo en cuando el general Díez-Alegría fue destituido tras un viaje a la Rumanía de Ceacescu. Tras ello, el general Gutiérrez Mellado fue apartado de este proyecto y el profesor Otero cayó gravemente enfermo. Además, en 1976 se pospuso la extracción del 7% de los elementos combustibles irradiados en el reactor de Vandellós I para la fabricación de cinco bombas atómicas al año –tal y como establecía la directiva de Arias Navarro–.

España había entrado en la Transición y tenía otras prioridades. En EEUU, el demócrata Jimmy Carter llegó a la presidencia en enero de 1977 y Washington empezó a presionar a los aliados para que firmasen y ratificasen el TNP. Sin embargo, el Gobierno de Adolfo Suárez se resistió a dar ese paso pese a las presiones de las compañías eléctricas, que veían en peligro sus inversiones en la energía nuclear con fines civiles.

A principios de 1980 se produjo el último intento de reactivar el proyecto Islero. El vicepresidente Gutiérrez Mellado llamó a Velarde a su despacho y le reiteró que España no firmaría el TNP, aunque enviaría una carta a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) indicando la intención española de no fabricar armamento nuclear para así “reducir la presión norteamericana sin implicar posturas definitivas”. Es más, en la Directiva de Defensa Nacional firmada ese año por Suárez se decía, en su disposición confidencial, “que en menos de ocho años, España podría disponer de armamento nuclear”.

El vicepresidente del Gobierno le pidió que fuese a La Moncloa para hablar con Suárez, pues el jefe del Ejecutivo parecía interesado en que España lograse el estatus de potencia nuclear. “Suárez se dirigió a mí llamándome ‘profesor’. Era una persona muy  agradable y educada y, sin duda, sabía tratar a las personas”, relata el autor en su libro. “El general Gutiérrez Mellado le había explicado el proyecto Islero. Suárez estaba de acuerdo en que era necesario que España tuviese una fuerza de disuasión nuclear propia y me preguntó en qué estado se hallaba el proyecto. Le expliqué lo que habíamos hecho y lo que quedaba por hacer. El presidente me dijo entonces que cuando se calmasen las presiones norteamericanas (…) a lo mejor sería posible llevar a cabo la construcción de la planta para la obtención de plutonio y continuar con el proyecto”.

La estocada mortal llegó en 1981, tras el golpe de Estado del 23-F. La OIEA pidió que todas las centrales nucleares, y en especial Vandellós I, se sometiesen a inspección internacional. En caso contrario, Estados Unidos impediría la exportación de algunos componentes para las centrales españolas productoras de energía eléctrica que se estaban construyendo por aquel entonces.

Leopoldo Calvo Sotelo se dio cuenta de los problemas que habría con Washington para la instalación en España de los reactores nucleares, así que el 1 de abril de ese año, en una de sus primeras decisiones en política exterior, firmó el documento requerido por la OIEA. Fue la clausura oficial del proyecto Islero. A los pocos días Velarde se puso por primera vez en público el uniforme militar. Poco después ascendió a coronel y ya no había nada que ocultar.