Controladores controlados

Qué control sobre el gasto de un ayuntamiento puede hacer un funcionario cuyo puesto de trabajo y cuyo sueldo dependen del alcalde, que pretende adjudicar un contrato para la recogida de basuras mediante un procedimiento que no cumple la ley o construir un auditorio cuando las arcas municipales están vacías. La respuesta -ninguno- es fácil. Lo difícil es la situación en la que trabajan cada día muchos de los cerca de 10.000 secretarios, interventores y tesoreros municipales, los funcionarios públicos encargados de velar por que las decisiones de los ayuntamientos cumplan la ley y que sus gastos se ajusten a los ingresos reales. Este cuerpo de funcionarios, creado en la II República como instrumento del Estado para poner coto al poder de los caciques locales, en los años 80 del siglo pasado –con la vuelta de la democracia, paradójicamente– modificó de tal modo la manera de acceder a los puestos, su sistema de retribuciones y la cadena de jerarquía, que los controlados se convirtieron en controladores. Hoy estos funcionarios reclaman normas que les den la independencia que no tienen frente a los alcaldes.

Los colegios profesionales de secretarios, interventores y tesoreros municipales de toda España (Cosital) acaban de presentar una propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se definan exactamente sus competencias: “Definir la función de intervención y de fiscalización, que existan requisitos básicos sobre cosas que hay que fiscalizar para hacer un control más eficaz, porque ahora depende cada interventor y de lo fuerte que se sienta”, explica el presidente del colegio valenciano, Javier Biosca. No se refiere a fortaleza física, sino psíquica ante las situaciones que padecen muchos funcionarios en sus ayuntamientos. “Surrealistas”, “de mucha tensión” y de “gente pasándolo mal” por el excesivo poder de los alcaldes sobre los funcionarios que deben controlarlos.

La Ley de Administración Local que entró en vigor a principios de este año mejora algunas de sus condiciones de trabajo, ante la evidencia por parte de Hacienda de que la tranquilidad con la que muchos alcaldes pasaron por encima del trabajo de estos funcionarios ha contribuido en buena medida al descontrol de las cuentas en muchos municipios que ha habido que rescatar. En este colectivo se cree que su falta de independencia para trabajar ha tenido una “tremenda influencia” en la quiebra de ayuntamientos por toda España. Durante años, el descontrol dio lugar a situaciones como el de un pueblo en la sierra de Madrid, con un presupuesto anual de dos millones de euros y una deuda de 1,5 millones pero que gastaba en toros todos los años 150.000 euros, a pesar de las advertencias de los interventores.

Estos funcionarios son los encargados de denunciar –mediante informes con reparos– la actuación de un alcalde cuando pretende hacer un gasto para el que no hay dinero o toma una decisión que no sigue los cauces legales. A pesar de la nueva ley, la percepción general es que no es suficiente y que perpetúa un sistema en el que los controlados –los alcaldes– tienen muchos instrumentos para ignorar las denuncias de los controladores o para quitárselos de encima. Para empezar, porque los informes con reparos deben ser aprobados por un Pleno donde el alcalde tiene mayoría. Como novedad, a partir de ahora, esos informes serán remitidos al Tribunal de Cuentas, que no emite sus informes más que a cuatro y cinco años vista.

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el principal instrumento para neutralizar a secretarios e interventores es el cese. Estos funcionarios son los únicos que llegan a un ayuntamiento por nombramiento y tienen que abandonarlo si son cesados, de nuevo por el alcalde. En realidad, esta posibilidad se contempla en la ley como una “excepción” pero todos los miembros del gremio consultados aseguran que, con los años, se ha convertido en la norma y que los relevos por decisión política son “continuos”. Cuando se negociaba la nueva ley, pidieron al Gobierno que potenciara un sistema de méritos, como el del resto de funcionarios, y desde Moncloa se les dijo que este aspecto, al que se oponían los alcaldes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “no era negociable”, recuerdan en el colegio profesional de la Comunidad de Madrid. La única concesión es que los alcaldes tendrán que informar a Hacienda de los ceses.

Uno de los más sonados ocurrió en 2013 en el Ayuntamiento de Alicante, cuya alcaldesa, Sonia Castedo, está imputada por amañar el plan de urbanismo de la ciudad a favor de un empresario local a cambio de regalos. Sus problemas con la Justicia no fueron impedimento, sin embargo, para cesar a Francisco Guardiola, interventor desde 2005 y autor de informes en los que una y otra vez advertía de irregularidades en un consistorio que “sistemáticamente” incurría en gastos para los que no había presupuesto o adjudicaba obras sin expediente previo. “Hacía los informes que me exige la ley”, explica. Pasó a ser tesorero y fue sustituido por un funcionario que, a diferencia de él, que como habilitado nacional podría trabajar en cualquier ayuntamiento, solo tiene plaza en el de Alicante y depende mucho más de la alcaldesa. ¿Podrá trabajar de manera independiente? “No, en absoluto”, asegura Guardiola, que pide “independencia para trabajar con objetividad”.

Además del cese, el hecho de que sea el alcalde quien decide la cuantía de los complementos de salario que recibe el funcionario (con un sueldo base de unos 16.000 euros anuales) supone otro instrumento para controlarlo.

Si el riesgo de ser cesado o de ver reducido su sueldo no es suficiente, un castigo frecuente al secretario o al interventor demasiado quejica es, simplemente, el acoso laboral. El mobbing, el hacer la vida imposible al funcionario hasta que pide cambio de plaza, es el recurso más habitual en las poblaciones de menos de 50.000 habitantes, donde no se aplica el sistema de nombramiento y, por tanto, el secretario o el interventor tampoco pueden ser cesados. Gregorio Marañón, secretario municipal con 31 años de profesión, lo sufrió en carne propia en el Ayuntamiento de Otura, en el cinturón metropolitano de Granada y un lugar “muy goloso” durante el boom inmobiliario. Su independencia empeoró a medida que se hinchaba la burbuja. A partir del año 2000 empezó a notar “una política muy agresiva, muy al margen de la ley”, que terminó de empeorar con la corporación que llegó en 2007, presidida por Ignacio Fernández Sanz, condenado a ocho años de inhabilitación por desmanes urbanísticos de aquella época. “Hizo del ayuntamiento una empresa privada, al margen de la ley”, recuerda Marañón. El alcalde montó una “administración paralela con personas de confianza” y “marginó” a los encargados de controlarle, a la interventora y a él, que, Pleno tras Pleno, denunciaban irregularidades como la concesión de la recogida de la basura a una empresa sin motivo, justificación o concurso o la transferencia de la recaudación de impuestos a otra empresa. “A mí me tuvieron enfrente”, dice Marañón, antes de relatar el precio que pagó por ello: le quitaron la llave de su despacho y le mandaron a trabajar a la mesa del bedel; le abrieron un expediente –que se cerró “porque no se sostenía”– que le fue comunicado una noche en que la Policía Municipal se presentó en su casa, para amedrentar también a su familia. Como era inútil, le dieron “vacaciones forzosas” en plena campaña electoral y en su lugar pusieron a una secretaria elegida por el alcalde para controlar los gastos. Marañón cree que la ley no mejora “en nada” la situación. “Hasta que no se nos mejore el sistema de dependencia, que deje de estar en el político local, y que las retribuciones no dependan de la corporación...”. Terminó por irse de Otura y lamenta que por cumplir con su deber se vea obligado a terminar su carrera en un puesto incómodo, poco reconocido y para el que recorre 200 kilómetros todos los días para ir y volver a su casa.

Plantarse no es lo común. El presidente del colegio de Andalucía, José Ignacio Martínez, admite que “el problema está sobre todo en la autocensura que se practica cuando sabes que tu puesto depende del ayuntamiento”. “La libertad con que se trabaja no es igual cuando sabes que hagas lo que hagas nadie te va a mover de tu puesto”, concluye.

Precisamente, en el sistema que se estrenó en enero –y contra el que el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por excesivos controles en los ayuntamientos de 20.000 habitantes– sí se reduce el poder de los ediles porque sus criterios para elegir al secretario o al interventor ya no serán determinantes. Antes suponían el 25% en la elección, en la que también participaban el Estado y la comunidad autónoma. Un juez de Toledo llegó a calificarlo como una manera de hacer “un traje a medida” para funcionarios afectos. Al menos ahora ya no serán determinantes criterios como haber trabajado en una fábrica de ladrillos, saber montar a caballo, haber trabajado en un ayuntamiento cuya principal producción fuera el pepino o el difuso haber prestado buenos servicios a ojos de la corporación, como ha ocurrido años atrás en pueblos de Toledo, las Alpujarras, Almería y la sierra de Madrid respectivamente.

Sin embargo, las manos de los controladores siguen sin estar del todo libres.