Con el Consejo de Estado hemos topado

El Consejo de Estado se ha convertido en otro motivo de preocupación para Moncloa, que ve en el supremo órgano consultivo una nueva valla que saltar en la carrera de obstáculos en que se han convertido algunas iniciativas legislativas de calado. Lo ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana ha encendido las alarmas. Ya era complicado vender una reforma discutida por todos para que, encima, el Consejo devolviera el texto a su destinatario alegando defectos de forma en la recepción del mismo y falta de documentación anexa. La ley ya llegó “tocada de muerte” porque el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por unanimidad, no solo puso reparos a muchos de los puntos de su articulado, sino que cuestionó la constitucionalidad de no pocos de ellos. Tampoco el Consejo Fiscal y la Agencia de Protección de Datos recibieron con alborozo el anteproyecto de la que iba a ser la iniciativa estrella del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

¿Y si pasa lo mismo con la reforma de la ley del aborto?, se preguntan fuentes gubernamentales con la que es una de las niñas mimadas del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De momento, “el texto está en un cajón a la espera de que pasen las europeas” del 25 de mayo, admiten fuentes gubernamentales, y quién sabe si verá la luz esta legislatura, porque el calendario electoral viene muy cargado. En el horizonte hay unos posibles comicios andaluces para otoño, las locales y autonómicas para mayo del año que viene y las generales en el invierno de 2015.

No garantiza el control político del Consejo de Estado el que esté presidido por uno de los padres políticos de Mariano Rajoy, el exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría. Buena muestra de la fe que el jefe del Ejecutivo tiene en él la da el hecho de que le nombrara tesorero nacional del PP una vez pudo deshacerse del resiliente Luis Bárcenas, al que siguió, eso sí, pagando sueldo y cuotas a la Seguridad Social. Una vez en Moncloa, Rajoy puso al político gallego al frente de este órgano en sustitución de Francisco Rubio Llorente. Pero la reforma de la ley del aborto caería en la Sección Segunda del Consejo de Estado, presidida por Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional de 1992 a 1995, gobernando el socialista Felipe González, lo que genera temores en Moncloa.

Tampoco es que les haya ido bien con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución y antiguo compañero de filas, responsable de la Sección Tercera, donde van a parar los temas de Interior y, si no, que se lo digan a un atribulado Fernández Díaz. En realidad la cosa podría pintar peor para el Gobierno, porque si de la reforma se hubiera hecho cargo la ministra de Sanidad, Ana Mato, y no Ruiz-Gallardón, el nuevo texto sería responsabilidad de la Sección Séptima, que preside la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Moncloa podría haberse despedido de un informe mínimamente benevolente.

Hay otro dato que mueve a la inquietud de Moncloa. El Consejo de Estado avaló por unanimidad en 2009 la constitucionalidad de la llamada Ley Aído con apenas unas sugerencias sobre el derecho de los padres de las menores de entre 16 y 18 años a ser informados en caso de que sus hijas decidieran poner término a su embarazo. Entonces el ponente fue Miguel Herrero porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó un informe previo, adelantándose al preceptivo, y tocó por reparto al que fuera dirigente de UCD y del PP y, aun así, la nueva ley de plazos recibió el níhil óbstat.

Con estos antecedentes no es de extrañar que Moncloa tiemble ante un trámite que le puede poner aún más en el disparadero. Bien es cierto que en el Consejo de Estado tienden a buscar el consenso, la unanimidad, para lo que redactan sentencias muy poco ideologizadas. Fuentes socialistas señalan que “va a haber problemas porque la reforma no se ajusta al principio de legalidad” y no les cabe duda de que el órgano consultivo “informará con reparos”, aunque sus decisiones no sean vinculantes.

No obstante, queda mucho para que el texto de reforma de la ley del aborto llegue al Consejo de Estado, cuyo pronunciamiento es, sin duda, el que más daño hace a efectos de opinión pública. Y mucho más en una cuestión tan sensible como la interrupción voluntaria del embarazo, terreno en el que Gobierno y PP se mueven con una indisimulable incomodidad, además de tener un efecto adverso en las urnas, tal y como alertó el sociólogo Pedro Arriola. Precisamente, la esposa del gurú popular, Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, abanderada el sector crítico, partidario de dejar la actual legislación sin cambios.

Aún no han llegado los informes del CGPJ ni del Consejo Fiscal, que han dejado pasar unos cuantos plenos sin introducir el debate en el orden del día a pesar de que el anteproyecto de la ley se aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasado. La mayoría conservadora del CGPJ parece haber cogido el mismo ritmo que el Ejecutivo para no salir con este asunto en mitad de la campaña electoral al Parlamento Europeo. Una vez se pronuncien ambos órganos, el Gobierno estudiará las observaciones que le han llegado desde distintas instancias por si incorpora algunas de las sugerencias recibidas. Tras este trámite enviará el texto al Consejo de Estado, la última instancia consultiva. A este paso nada hace prever que la reforma pase antes de verano por el Congreso.

Moncloa podría aprovechar en noviembre el lío de la consulta catalana y de las primarias socialistas para colar la reforma, pero tampoco descartan que para entonces la presidenta de la Comunidad de Andalucía, Susana Díaz, adelante las elecciones autonómicas. Una tormenta perfecta que puede retrasar aún más una norma criticada en público por no pocos barones populares que, como el extremeño José Antonio Monago, el gallego Alberto Núñez Feijóo o el valenciano Alberto Fabra no quieren que roce con la campaña autonómica y local. Solo faltaba que, además, el Consejo de Estado saliera también a la contra.