Cómo se llegaría a una España federal

Decía José Ortega y Gasset que el problema catalán “no se puede resolver”, sino solo “conllevar”, y una de las consecuencias de la acometida independentista de CiU en las últimas semanas es que se ha empezado a hablar del federalismo como la solución a los males que aquejan al país. Según los constitucionalistas y estudiosos de esta materia, para pasar de la España autonómica a la federal hay dos opciones: o se elabora una nueva Carta Magna o se reforma la vigente de 1978

Josep María Reniu, profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, es partidario de la primera opción porque esta hipotética reforma tendría mucho alcance. “Creo que se tendría que abrir un proceso constituyente y elaborar una nueva Constitución. Las costuras de la actual Carta Magna no dan para más”, afirma a esta revista. Por el contrario, tanto Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, como Héctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, ven posible la reforma constitucional mediante el procedimiento agravado del artículo 168, el previsto para las reformas de mayor relevancia, ya que afecta al artículo 2 -el que habla de regiones y nacionalidades- y a todo el artículo 8, que desarrolla el funcionamiento autonómico.

Este camino del artículo 168 es mucho más complejo que la reforma ordinaria prevista en el 167 y que se ha utilizado solo en dos ocasiones: en 1992 para permitir el derecho de voto a los europeos en las municipales y en 2011 para introducir el concepto de “estabilidad presupuestaria”. Con la vía del 168, ideada por los padres de la Constitución para evitar los plebiscitos del franquismo, la reforma federal debería ser aprobada en un primer momento por la mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, lo que obligaría al PP y PSOE a ponerse de acuerdo. A continuación se procedería a la disolución inmediata de ambas cámaras y la celebración de elecciones.

Las nuevas cámaras resultantes deberían ratificar la reforma -en este caso solo se exigiría la mayoría simple- y proceder al estudio del proyecto o proposición de reforma constitucional, que debería ser aprobado nuevamente por dos tercios del Congreso y el Senado. El último paso sería someter la reforma a referéndum para su definitiva ratificación. Se trataría, por tanto, de un proceso enormemente tortuoso, ya que se prolongaría durante dos legislaturas distintas y obligaría a realizar dos consultas a los ciudadanos. En todo caso, si así fuera, la transformación de España en un país federal no sería un camino de rosas.

Fin de la unidad indisoluble.

Para empezar, se necesitaría el pacto “explícito y libre” de las partes que van a formar este Estado federal, según Reniu. Así las 17 autonomías pasarían a ser entidades federativas que deberían declarar que están dispuestas a unirse bajo el paraguas federal. Pero claro, del mismo modo, una, dos o diez podrían decidir no resguardarse bajo él.

Desaparecería, además, el concepto de la unidad indisoluble de España recogido en 1978 por la fórmula de la agregación de Estados que, soberanamente, deciden dotarse de una estructura supraestatal como hicieron las colonias británicas de América en 1774 para formar los Estados Unidos. ¿Qué entraría en dicha estructura? Las competencias mínimas para poner en pie un Ejecutivo y una Hacienda federal, así como los mecanismos de Defensa y Política Exterior.

“La solución [federal] para España pasaría por una versión descafeinada para intentar alcanzar un concierto económico” como el que disfrutan hoy en día el País Vasco o Navarra, estima Reniu. En Alemania existe el mecanismo de solidaridad interterritorial por el que se fija la cuantía del PIB de cada lander al desarrollo del país. Su revisión es periódica, según fijó una sentencia del Constitucional, y no está exenta de roces, ya que en los últimos veinte años los lander occidentales han pagado el coste de la reunificación con los territorios del Este.

Para López Bofill, el encaje federal implicaría una redistribución del poder para hacer un Estado “plurinacional, asimétrico y con distintos estatus” en función de si una comunidad es histórica o no. Es decir, se acabaría el café para todos. Ello obligaría, a su juicio, a colocar las lenguas coficiales al mismo nivel de oficialidad que el castellano, como se hace en Bélgica o Suiza, y permitiría que el Senado federal fuese una verdadera cámara de representación territorial. Además, se equipararían en oficialidad y reconocimiento los símbolos de cada región y se pondría un límite a las transferencias económicas de solidaridad interterritorial.

“No valdría [para España] el modelo uninacional de Alemania, sino más bien el federalismo plurinacional de Suiza, Canadá o Bélgica, aunque hay que reconocer que estos dos últimos tienen problemas de secesión”, reconoce. Los modelos de EEUU o México serían más difíciles de aplicar al caso español, ya que existe una uniformidad e igualdad entre Estados que, en el caso de la primera potencia mundial, hace que cada uno de ellos tenga dos representantes en el Senado, lo que iguala en poder a territorios poco poblados como Hawai o Alaska con los motores económicos del país, caso de Ohio, California o Florida.

¿Se aceptaría que Murcia o La Rioja, por no hablar de Ceuta y Melilla, tuviesen la misma representación en la Cámara Alta que Madrid o Cataluña? Difícilmente en la España actual. Además, EEUU y México no contemplan la secesión de una parte de su territorio una vez que un Estado ha entrado a formar parte de la Unión, mientras que el caso de Canadá y su provincia rebelde de Quebec, donde se han organizado dos referendos de independencia en las últimas décadas, no es extrapolable a la Constitución de 1978.

Federalismo asimétrico.

Los socialistas catalanes han hablado estos últimos años de forma difusa de un federalismo asimétrico que potencie a las autonomías históricas. En este caso, las entidades federales tendrían su propia Constitución, aunque la política económica estaría condicionada por un órgano federal. El problema es que ni los dirigentes del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) ni el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, han hablado con claridad de sus argumentos. Este último dijo el Día de la Rosa que Artur Mas tendría enfrente al PSOE si seguía la senda soberanista, y al día siguiente apoyó la modificación de la Constitución para que España se dotase de un régimen federal. En concreto, mencionó el ejemplo alemán. Sin embargo, al día siguiente Elena Valenciano rebajó las ilusiones de sus compañeros catalanes al puntualizar que el PSOE no pedía una reforma constitucional “ahora”, lo que llevó a algunas voces críticas del PSC, caso de Ernest Maragall, a escribir en Twitter el siguiente mensaje en forma de epitafio: “Adeu Rubalcaba-Griñán-Valenciano, adeu!”.

Por su parte, Mariano Rajoy ha seguido fiel a su costumbre de no terciar en los debates más ásperos y ha preferido evitar una respuesta contundente al reto de CiU. Ni habló el 11 de septiembre, día de la marcha independentista de la Diada -lo hizo en nombre del PP la presidenta popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho-, ni luego el día 20, tras recibir a Mas en La Moncloa y rechazar la reclamación catalana del pacto fiscal.

“Se echan en falta argumentos positivos de por qué no se puede seguir la senda soberanista. Una diferencia con otros momentos de nuestra historia es que este desafío no se plantea como un ataque contra España, salvo raras excepciones, sino como una autoafirmación. Solo hay rechazo frontal de la otra parte”, dice Reniu refiriéndose a Madrid. “Estoy quedando muy desilusionado con el Gobierno central y las élites españolas”, concluye.

A juicio de Torres del Moral, el camino hacia la España federal no conllevaría beneficios a corto o largo plazo. “Las pretensiones independentistas no tienen variación alguna con un Estado unitario, autonómico o federal”, se lamenta el profesor de la UNED. “España ha tenido tensiones separatistas cuando era un Estado unitario, cuando es autonómico y lo sería cuando fuese federal porque el nacionalismo, siempre que hay crisis, busca un culpable fuera para aglutinarse dentro. En este sentido, suponer que el independentismo catalán y vasco se van a tranquilizar con una estructura federal... eso sí que es una quimera”, añade.

A este respecto, con un Estado federal “se volvería a aguantar 10, 15 o 20 años, pero acabaría apareciendo el mismo problema”. De ahí que la cuestión no sea si una forma política es mejor o peor que otra, sino si hay voluntad de convivencia entre las poblaciones de los territorios que forman el país, algo en lo que hace mucho hincapié Ander Gurrutxaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco.

“El problema es de base, pues España es una circunstancia tremendamente compleja para que el Estado federal triunfe. Ahora el Estado autonómico se trata de un juego de competencias y soberanías difusas, pero el problema de verdad es que cada vez hay más ciudadanos que no se sienten españoles”, explica a Tiempo. Este “divorcio profundo” hace poco viable la vía federal, un camino que, en todo caso, se tendría que hacer “con calma y sosiego”, sin estar al borde “de un ataque de nervios” por el contexto socioeconómico actual. “La respuesta ante el dilema catalán no puede ser con el Estado federal”, sentencia Gurrutxaga.