¿Cataluña independiente? Sí, pero...

Un porcentaje cada vez mayor de catalanes se distancia paulatinamente del resto de España. La última encuesta oficial del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el equivalente al CIS en Cataluña, apunta a que el 51% de los ciudadanos votaría Sí en un hipotético referéndum independentista. Por primera vez, pues, un porcentaje de catalanes superior a la mitad de la población aboga por la secesión. Y eso se traduce en un florecimiento de las tesis independentistas. En los últimos años han nacido plataformas políticas, sociales y empresariales favorables al soberanismo.

“Cataluña ha estado subvencionando a buena parte del resto de las autonomías. Refiriéndonos al periodo más cercano (1990-2010) y tomando una media de déficit [fiscal] anual histórico de 8.000 millones de euros (que no son los 21.000 millones de ahora ni los 14.000 millones de 2002), llegamos a la cifra de 160.000 millones de euros en veinte años. Esta cifra es igual al 76% de nuestro PIB”, dice un informe de la plataforma Sobirania i Justícia, que preside Agustí Bassols, exconsejero de Justicia con Jordi Pujol.

Esto significa, que “cada catalán paga un exceso de 233 euros al mes por el hecho de ser español, y que una familia de tres personas paga, por el mismo concepto, 8.400 euros al año. Cada día desaparecen de los bolsillos de los catalanes 60 millones de euros”. Ello es consecuencia de que Cataluña paga al Estado en concepto de solidaridad un 10% de su PIB anual sin recoger nada a cambio.

Las cifras que maneja Convergència i Unió son parecidas. Según han manifestado fuentes de la formación nacionalista a Tiempo, el déficit fiscal de Cataluña el año 2009 era de 16.409 millones de euros. Ello se traduce en “45 millones de euros al día que pierde Cataluña; 2.251 euros por persona y año; seis euros por persona al día; 9.004 euros al año por una familia de cuatro miembros; y que por cada 1.000 euros recaudados en Cataluña, 430 euros no vuelven”. Según CiU, además, el “expolio fiscal acumulado y estructural” desde 1986 a 2009 se sitúa en 290.000 millones.

Otro informe del Cercle Català de Negocis (CCN), una asociación empresarial independentista, Cataluña concentra el 70% de la inversión japonesa, el 60% de la norteamericana y el 46% de la británica. Señala que es la primera región agroalimentaria de Europa, con 43.000 fundaciones, 4.500 cooperativas, 7.000 entidades culturales, 1.800 sociedades anónimas laborales y una red hospitalaria con 215 hospitales y 31.000 médicos.

El CCN parte de la base de que las “megarregiones” son nuevas unidades naturales de crecimiento, agrupando redes de ciudades, comarcas y regiones. “En el mundo, hay 191 Estados, pero son estas 40 megarregiones las que impulsan la economía global”. La primera de ellas es la de Greater Tokio, con 55 millones de habitantes y un PIB de 2,5 billones de dólares (2 billones de euros), seguida de la de Boston-Washington, con 54 millones de habitantes y 2,2 billones (1,8 billones de euros) de PIB. La de Valencia-Barcelona-Marsella-Lyon, conocida como Eurosunbelt, es la undécima del mundo: tiene 25 millones de habitantes y genera 610.000 millones de dólares (496.000 millones de euros) de PIB, mientras que Madrid se encuentra en el puesto número 39, con 6 millones de habitantes y 100.000 millones de dólares (81.000 millones de euros) de PIB.

Demasiado optimistas.

Las previsiones independentistas, no obstante, pecan de optimistas o ingenuas. El informe de la plataforma Sobirania i Justícia detalla que recuperando el déficit fiscal que tiene Cataluña, se podría “dar una paga extra de 1.000 euros a todos los pensionistas (1.400 millones de euros); construir un eje transversal ferroviario (2.100 millones); crear un ejército propio (1.300 millones); construir un eje ferroviario orbital (4.000 millones); desdoblar el Eje Transversal (700 millones); destinar a la Ley de Dependencia 250 millones; y hacer una amortización extraordinaria de la deuda de 3.000 millones anuales”. Datos económicos aparte, ponen sobre el tapete dos temas: la deficiente financiación y las sucesivas sentencias contra la lengua y el modelo de inmersión lingüística en las escuelas, un modelo que ha sido alabado por la propia UE. “Los temas culturales y lingüísticos son el ADN de un país, lo mismo que el tema de la financiación. Lo que queremos es un entendimiento razonable y solidario con España. En Unió no tenemos estudios o informes, pero sí razones. Creemos que lo sustantivo es la voluntad mayoritaria de mantener la cohesión social”, dice a Tiempo Ramon Espadaler, portavoz adjunto de CiU en el Parlamento y elegido el pasado sábado presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). “Desde nuestra perspectiva la independencia de Cataluña es viable económicamente. No lo ponemos en duda, ya que por generación de riqueza, por demografía, por territorio, es superior a otros Estados de la UE. Pero desde Unió somos cautelosos, porque una decisión de esta naturaleza ha de aglutinar voluntades muy mayoritarias. El peligro que tiene es que fracture la sociedad catalana en un momento en que tenemos necesidad de cohesión social”, continúa Espadaler.

En otras palabras, no hay una dificultad objetiva para la viabilidad de la independencia, sino que existe un condicionante de carácter sociológico. “Por eso damos tanta importancia al pacto fiscal, por encima de las siglas políticas. Hay que resolver razonablemente el tema de la financiación”, añade. El dirigente democristiano señala a Tiempo que “si seguimos sin resolver el problema de la financiación y el modelo lingüístico, el porcentaje de partidarios subirá exponencialmente”. Y advierte del enfrentamiento que separa a Cataluña de España: “Si seguimos sin resolver esos problemas los partidarios de la independencia subirán al 61%, al 71%, al 81%”.

Desde el PP, no obstante, se duda de que una Cataluña independiente sea viable. Fuentes de la dirección de esta formación señalan a Tiempo que “el debate sobre la independencia va en línea con las mentiras habituales del discurso único nacionalista”. El PP sostiene que el sistema sería inviable, teniendo en cuenta que Cataluña tiene 1,2 millones de pensionistas y 800.000 parados a los que mantener. “Si partimos de la base de que se necesitan tres personas para mantener un pensionista, no salen las cuentas, ya que en la comunidad no llega a tres millones la población activa”. El chollo de ser independiente, por tanto, no sería tal. Los independentistas se defienden con números: la balanza de la Seguridad Social no está ajustada entre lo que Cataluña paga y lo que recibe. En 2007, por ejemplo, según los informes que existen, la comunidad pagó más de lo que ingresó, por lo que el déficit de esta balanza superó los 3.600 millones de euros (un 1,85% del PIB). “Esto es debido a que Cataluña tiene un porcentaje de empleo superior al resto del Estado. Con una Seguridad Social propia podríamos mejorar un 25% la pensión media y nuestros fondos de reserva estarían alrededor de 14.000 millones de euros”.

Pero eso es solo teoría.

En la práctica, los entendidos en economía son más cautos. “No hemos de ilusionar a los ciudadanos con temas que luego pueden causarle frustración. Un pacto fiscal, aunque fuese igual al concierto económico vasco, no solucionaría todos los problemas de Cataluña, aunque sí es cierto que paliaría notablemente la situación económica actual”, dice un miembro de la dirección de Convergència Democràtica (CDC). El propio Antoni Fernández Teixidó, diputado y portavoz económico de CiU, es consciente de que “con el pacto fiscal no se hubiese llegado a la situación actual de recortes, en el bien entendido de que todos los Gobiernos, cuanto más tengan, más gastan. No hubiésemos tenido el mismo déficit, pero sí tendríamos endeudamiento”.