Blackwater a la española

Un sutil cambio en la ley española de protección privada para que los agentes de seguridad puedan usar armamento militar en los atuneros ha abierto la caja de los truenos. O más bien, la caja de las armas. La ciudad de Alicante es un hervidero de dimes y diretes en las últimas semanas a raíz de una oferta de empleo que está circulando de boca en boca entre los más jóvenes: una empresa de seguridad militar, llamada Preton Security SA, ofrece la posibilidad de trabajar durante un año en Guinea Bissau.

El sueldo es el mismo que se embolsan los agentes que están en aguas del Índico, 4.500 euros al mes, una cifra muy suculenta para los tiempos difíciles que se viven en España y con unas condiciones propias de un candidato a mercenario en busca de emociones fuertes. Las empresas de seguridad militar (diferentes de las de seguridad privada) han estado prohibidas hasta ahora en España, ante el temor de que se convirtieran en germen de grupos paramilitares y de que una parte de su material de entrenamiento acabase en organizaciones mafiosas o terroristas como ETA. Sí que están permitidas en Estados Unidos o Reino Unido, donde compañías como Blackwater o ArmorGroup han conseguido pingües beneficios con trabajos de escolta militar en Iraq y Afganistán.

Sin embargo, el paso dado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el caso Alakrana está agudizando el ingenio de algunos, que han visto una puerta entreabierta en la estricta ley de seguridad privada. Así, Preton Security se constituyó hace unos meses en el archipiélago de las Seychelles para sortear la legislación española e intentar, de paso, entrar en el mercado de los atuneros captando a alguna embarcación española que desee cambiar de pabellón de conveniencia, según explica a esta revista su director, Iván Cruz Amado. En cierta manera, para constituirse copió los pasos de SGSI Group, una empresa de seguridad militar fundada en 2007 por españoles, aunque su sede se encuentra en Gibraltar.

Interrogado por la policía

Para evitar suspicacias, Preton Security informó a los ministerios de Interior y de Defensa de cuál era el cometido de su delegación en España y pasó sin problemas el posterior interrogatorio al que le sometió la comisaría provincial de la Policía en Alicante. Tras el verano y en paralelo al nuevo mercado que se abrió en el Índico, esta empresa comenzó a seleccionar candidatos para ir a Guinea Bissau. El trabajo allí contempla tareas de escolta del nuevo presidente, Malam Bacai Sanhá, de los ministros de su Gabinete, así como controles nocturnos, registro de viviendas y locales, liberación de rehenes en caso de secuestro y control de las fronteras marítimas a bordo de embarcaciones policiales. Es decir, cometidos propios de mercenarios disciplinados y europeos como los que tuvo el cleptómano dictador zaireño Mobutu Sese Seko en la década de los noventa. En el punto número ocho del contrato de trabajo de Preton Security se especifican una lista de riesgos para los que no lo tienen claro.

Su enumeración produce escalofríos. Los contratados pueden ser “víctimas de disparos, de francotiradores, derribo de aeronaves, bombas en vehículos, asaltos y demás peligros que este tipo de servicios pueda generar” en Guinea Bissau, uno de los países más convulsos del África subsahariana, donde el pasado mes de marzo se produjo un golpe de Estado que acabó con la vida del presidente y padre de la independencia, Joao Bernardo Vieira. Su fusilamiento por miembros de la guardia de corps del general Batista Tagme Na Waie, jefe del Estado Mayor, fue la respuesta de éstos a la muerte la víspera del general en un atentado con coche bomba. De ahí los comprensibles temores que alberga ahora el nuevo presidente.

Armados hasta los dientes

Además del sueldo de 4.500 euros al mes, Preton Security se compromete a facilitar a sus empleados un seguro de vida de 300.000 euros, otro seguro de asistencia sanitaria -al no estar cubiertos por la Seguridad Social española- y la posibilidad de recibir atención médica en un hospital de Dakar (Senegal) cuando sea necesario. Asimismo, se promete a los seleccionados que irán armados hasta los dientes con un fusil de asalto, una pistola parabellum de 9 milímetros, un chaleco antibalas, un chaleco táctico, dos botes de humo y dos granadas de mano “simplemente, por precaución”, puntualiza Cruz. La empresa corre, igualmente, con todos los gastos de alojamiento y manutención, así como con el coste de un billete de avión de ida y vuelta, y un curso de formación y aclimatación de quince días en el país africano. El contrato, por cierto, estipula una jornada laboral de doce horas y seis días a la semana, salvo en el caso de la escolta presidencial y de los ministros, en el que los turnos serán de ocho horas.

De todo ello, el punto más controvertido es el relativo al uso de las armas de fuego, según advierte a Tiempo uno de los candidatos que se han presentado al examen de Preton Security. En él se subraya que toda responsabilidad recaerá “directamente” sobre la empresa, “exceptuando cuando el trabajador haga un uso indebido de las mismas”. En ese hipotético caso, nada descabellado en un país con una buena dosis de anarquía, el mercenario “será castigado y procesado por las leyes de Guinea Bissau”. Una advertencia nada halagüeña. El intermediario entre Preton Security y el Gobierno guineano ha sido el empresario Juan Francisco Hernández Pérez, quien intenta que el presidente Bacai Sanhá le nombre ahora cónsul honorario en su Murcia natal.

A la espera de que cierren el acuerdo, el cónsul general de este país en Madrid, Aldo Dario Herchhoren, admite las dificultades de la operación: “Sé que había una oferta, pero está pendiente de que haya algo con qué financiarla. El problema es que ellos (Preton Security) planteaban que se les pagara con materias primas o alguna concesión de algo, pero eso está muy verde. El Estado no tiene fondos en estos momentos, no hay con qué pagarlo”. Mientras tanto, la embajada española en Guinea Bissau ha quedado al margen de esta negociación y el Ministerio de Exteriores sigue recomendando no viajar a este país africano “en las actuales circunstancias”. Pero eso no parece amedrentar a estos blackwaters españoles.