Polémica por las listas de defraudadores y morosos con Hacienda

A mediados de 2015, tras dos años y medio de anuncios del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se publicarán las primeras listas de defraudadores fiscales. Al menos eso es lo que dicen en el ministerio. Previamente debe aprobarse en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley General Tributaria y todo ello a la velocidad del rayo, porque el Gobierno tiene prisa. Se trata de un hito que, según las encuestas, goza del apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero que critican ácidamente asesores fiscales, bufetes de abogados, consultoras y la oposición parlamentaria. Lo más suave que se dice es que se trata de una medida “electoralista, apresurada, ambigua y de dudosa constitucionalidad en cuanto al respeto a los derechos al honor y la intimidad personales”. El texto del artículo 95 bis del actual anteproyecto de ley habilita a la Administración Tributaria a publicar periódicamente los listados de defraudadores a Hacienda por deudas y sanciones tributarias, siempre que superen el millón de euros.

Hacienda acepta el aluvión de críticas recibido pero defiende que “es una reforma oportuna, de valor ejemplarizante, como hacen otros países europeos. No inventamos nada, y tampoco hay precipitación ni improvisación. La crítica de que es una norma electoral no se sostiene. Si se aplica en 2015, año electoral, es por la pura dinámica de la reforma fiscal”. El ministerio alega que los temas secundarios, como las listas de defraudadores y la reforma del procedimiento inspector, se han dejado para tramitarlos este año por la cadencia del trabajo legislativo. También se ha retrasado, según señalan en Hacienda, porque eran necesarios los informes del Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, cuyas observaciones hay que recoger en la tramitación legislativa.

Para que no haya duda, el ministro Montoro dijo el pasado 2 de febrero que “este año se publicarán las listas de defraudadores fiscales” y añadió que “nadie debe seguir viviendo de los impuestos de los españoles”. Lo curioso es que citó como colectivos defraudadores tanto a personas físicas como empresas o clubes de fútbol. La puntada llevaba hilo porque precisamente los clubes de fútbol son firmes candidatos a la lista, según medios de Hacienda.

Sea como fuere, ahora parece que la amenaza va en serio, tras agitar el palo durante toda la legislatura de modo intermitente. Hay que recordar que Montoro hizo el primer anuncio de la publicación de las listas a finales de 2012 en el Senado. Luego matizaría que la mayoría de los contribuyentes no debía temer porque la medida iba a afectar solo a los grandes defraudadores recalcitrantes, un reducido grupo de unas 2.000 personas físicas o jurídicas.

Según ha podido saber este semanario, la reforma nace con la crítica del Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos, que creen que no respeta derechos constitucionales como el derecho al honor personal y la intimidad y no es cuidadosa con la protección de datos o con las empresas concursadas (antigua suspensión de pagos). Tampoco cuenta con el respaldo mayoritario de la oposición, socialistas, IU, UPD, y los nacionalistas han expresado reservas ante lo que consideran una medida electoral, improvisada y con efectos secundarios si se regula mal y se administra discrecionalmente por Hacienda, como se temen.

Reforma acelerada.

Tras la aprobación por el Gobierno en Consejo de Ministros, el trámite parlamentario debería terminar en mayo, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Pero su tramitación no va a ser pacífica. Pedro Saura, portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, señala que “el ministro Montoro no tiene credibilidad, lleva dos años agitando la publicación de las listas y anunció un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria hace un año, no ha cumplido nada”.

Saura quiere ver si finalmente se reforma el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria con sensatez. “Espero ver cómo se obliga a publicar las listas de grandes defraudadores, incluyendo a todos los acogidos a la amnistía fiscal del Gobierno del Partido Popular, con el señor Bárcenas al frente, ya que todos ellos son técnicamente defraudadores fiscales”. El portavoz socialista advierte que pedirán que las listas incluyan las empresas de asesoramiento fiscal que ayudan al fraude con una planificación fiscal agresiva y cuyos clientes son grandes empresas y multinacionales, y también los bufetes, asesorías fiscales y consultoras que tienen actividad declarada y habitual en paraísos fiscales. “Eso sería un paso decisivo y no unas listas para salir del paso, que es lo que nos tememos que hará el Gobierno”.

El PSOE pedirá también, en este contexto, un nuevo tipo fiscal fijo en el Impuesto de Sociedades, del orden de un 15%, sobre el resultado contable de grandes multinacionales, tipo Google, Apple, Amazon etcétera, ya que no hay forma de que tributen sobre sus beneficios reales. Se trataría de un impuesto similar al implantado por David Cameron en el Reino Unido y al que anuncia Barack Obama en Estados Unidos para grandes empresas y patrimonios. “Hay que penalizar las deslocalizaciones de los beneficios de los grandes grupos multinacionales que pagan impuestos donde y como les conviene, al margen del país donde ejercen su actividad y generan beneficios. En España tributan a tipos efectivos del 1% y ha habido años que han llegado a dar pérdidas, cuando tienen ventas millonarias, lo cual es bastante escandaloso”, señalan en el Partido Socialista.

La reforma tiene también claros defensores. Críticos, pero defensores. Los inspectores de Hacienda, asociados en el sindicato IHE, y los técnicos del ministerio, agrupados en Gestha, respaldan la publicación de las listas de defraudadores como medida ejemplarizante y disuasoria. Para Ramsés Pérez Boga, presidente del sindicato de inspectores de Hacienda, la medida “no es una panacea pero es ejemplarizante, un señalamiento público de quien nos defrauda o no paga sus impuestos genera mayor conciencia fiscal. Por ejemplo, gente famosa, o políticos, o clubes de fútbol, deben sentir el reproche social si no cumplen sus obligaciones fiscales”. Sin embargo advierte que este “castigo social debe ser compatible con la protección de bienes jurídicos reconocidos en nuestra Constitución, por tanto la publicación de listas de morosos y defraudadores no debe infligir daños innecesarios ni irreversibles a las personas físicas o jurídicas”.

Pérez Boga desea que la medida responda verdaderamente a la intención del Gobierno de ayudar a acabar con el fraude fiscal. Tras recordar que la medida se aprueba “justo cuando acabamos de sacar la Ley de Trasparencia y hay un clima de corrupción”, muestra su esperanza de que sea algo permanente. “No quiero pensar –dice– que solo responde al clima actual de corrupción y no es una medida de largo alcance para crear una cultura de conciencia fiscal. Me gustaría que en España hubiera la conciencia fiscal de los países nórdicos, donde el reproche social a no pagar impuestos es una pena tan contundente como el Código Penal. En esos países no necesitan listas de morosos, la gente cumple”. En todo caso, el presidente del sindicato de inspectores espera ver una reforma de la Ley General Tributaria mejorada en el trámite parlamentario, y que además de las listas de morosos y defraudadores, “establezca un sistema de sanciones para las multinacionales que no pagan impuestos en España mediante un sistema agresivo de planificación fiscal, y se sancionen sin miramientos las estructuras de defraudación que montan para no pagar. Y no cito lo poco o nada que se les sanciona, o cómo se libran de multas millonarias, porque es público y notorio”.

¿Morosos o defraudadores?

Los técnicos de Hacienda, por su parte, apoyan la publicidad contra los evasores fiscales, pero también con muchos matices. El secretario general del sindicato Gestha, José María Mollinedo, matiza que “no es lo mismo el moroso que no puede pagar que el recalcitrante, contumaz en el fraude fiscal, o el negligente, eso deberá depurarlo la norma, para no hacer daños innecesarios e irreversibles”. Mollinedo señala que hay que afinar mucho en la ley cómo se asocia la “pena de publicidad” al estado jurídico-fiscal del contribuyente y su procedimiento inspector. Habrá que tasar muy bien la situación que permite poner en lista pública a este sujeto pasivo. Sugiere, ya que Hacienda apuesta por ejemplarizar, la publicación de otras listas ejemplarizantes, “para que el español sepa lo que tributan, más bien lo que no pagan, grandes multinacionales y grandes patrimonios en España. Los españoles quieren saber lo que tributan las compañías como Apple, Google, Amazon y todo el rosario de grandes corporaciones que eligen países a su gusto para tributar menos o lo hacen en paraísos fiscales”.

Gestha apoya también una lista con todos los condenados por delito fiscal, los que evaden más de 120.000 euros en un ejercicio, incluyendo las sentencias judiciales. Los técnicos de Hacienda no aceptan la tesis del ministro Montoro de que “la publicidad de las condenas por delito fiscal ya está en los medios de comunicación”: “No es lo mismo noticias sueltas y desperdigadas a lo largo de los años que una lista estructurada y pública en una web oficial, consultable con determinada periodicidad”.

En el terreno de los profesionales de fuera del ministerio, los grandes bufetes de abogados como Garrigues y Cuatrecasas tienen objeciones a la publicación de las listas por motivos jurídico-constitucionales, parecidas a las del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Agencia de Protección de Datos. Abelardo Delgado, socio de Fiscal del bufete Garrigues, subraya que “parece que se trata de listas de morosos y no de defraudadores, se habla con una ambigüedad impropia en un tema tan delicado. Este tema es muy abierto y discutible. Nos preocupa que empresas que caigan en la morosidad sin culpa terminen señaladas y eso les dé la puntilla. No entendemos muy bien el fin último que se persigue. Hacienda tiene una batería amplísima de medidas ejemplarizantes”.

Miró Ayats, socio de Fiscal de Cuatrecasas y profesor del Esade, incide en la misma opinión: “La información fiscal del contribuyente en España –dice– era secreta por ley. Esto es un cambio de paradigma y debe haber buenas razones para cambiar. Espero que no sean improvisaciones o urgencias del clima político y electoral”. Miró advierte que esta norma afectará sobre todo a empresas, ya que se habla de fraude y/o morosidad, por todos los conceptos, de más de un millón de euros. Los particulares, las pymes y autónomos, en un 90%, quedan fuera de ese perímetro por razones obvias. Los bufetes también se preguntan por la morosidad de las administraciones y organismos públicos, que no aparecen en ningún sitio en la ley en proyecto. De momento, la única matización que se hace desde la Secretaría de Estado de Hacienda, que es la responsable de la redacción del texto legal, es que se va a introducir la posibilidad de que Hacienda llame a los candidatos a salir en la lista y si regularizan su situación sean excluidos de la misma.