Lista de espera de banqueros

Ha llegado la hora de las sentencias judiciales en el escándalo de las cajas de ahorros. En este 2015 se verán al menos tres macrojuicios en la Audiencia Nacional. En ellos están imputados por múltiples delitos decenas de exdirectivos y exconsejeros de estas entidades financieras. El baile ha comenzado: el jueves 22 de enero se sentaron ya en el banquillo de la Audiencia Nacional, en la sección cuarta de la Sala de lo Penal, el exdirector general de Caja del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control de la caja, Juan Ramón Avilés, acusados de adjudicar dietas ilegales y créditos irregulares. El juicio está presidido por la magistrada Ángela Murillo, avezada jueza que ha enviado a la cárcel a docenas de etarras. Lo que se ventila aquí es solo una primera pieza separada del juicio, y no la más escandalosa. Se siguen instruyendo y rematando piezas separadas para sucesivos juicios en los que se tratará de ver quiénes son los culpables de un agujero de más de 10.000 millones de euros en la entidad, que ya han pagado todos los españoles. De momento, en esta primera fase hay seis jornadas previstas de juicio, hasta el 16 de febrero.

Este primer juicio es solo la punta del iceberg. Avilés afronta también una imputación por préstamos irregulares por valor de 17 millones de euros. Se le acusa de haber simulado un contrato al vender una inmobiliaria de su propiedad, financiada por la CAM, a una hermana suya, con un quebranto de 4,5 millones para la caja. Para López Abad, que ya estuvo en prisión y salió con una fianza de 1,5 millones, el fiscal pide 4 años de cárcel; el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 6 años, mientras que la Plataforma de Afectados de la CAM solicita 14 años. En cuanto a Avilés, las peticiones de penas van desde los 2,5 años de prisión a 10 y 16,5 años, respectivamente. Expertos consultados consideran que en este caso la condena estará más cerca de los 3 o 4 años que de los 10, vistos los antecedentes similares juzgados en la Audiencia Nacional.

La pieza separada llamada “López Abad y Avilés”, será seguida de otras tres que enjuician cuestiones como las cuentas y agujero de la entidad (entre 10.000 y 15.000 millones), la emisión de cuotas participativas, y otra sobre desvío de fondos de la caja a paraísos fiscales para financiar inversiones hoteleras en el Caribe. En esta última aparecen como cooperantes de las operaciones los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, en libertad provisional con fianza de 7 millones de euros, tras pasar por prisión. La CAM fue escenario de un rosario interminable de irregularidades y delitos en su gestión, algo que llevó en su día al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a decir de esta entidad que era “lo peor de lo peor” en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El rosario de juicios no ha hecho más que empezar. En mayo está señalado el de cinco exdirectivos de Caixa Nova Galicia y puede haber otras dos visitas al banquillo antes de fin de año, si todo va como hasta hora. Está terminada la instrucción del proceso a los dos máximos directivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector Ildefonso Ortega. También está ya cerrada la instrucción de una pieza de Caixa Cataluña en el juzgado número 30 de Barcelona, que implica al exministro Narcís Serra, expresidente de la caja, y a Adolfo Todó, exdirector, por subirse sueldos de modo escandaloso en 2010, cuando la caja estaba ya en crisis y recibiendo ayudas públicas. Muy avanzada está también la instrucción de Banca Cívica (Caja Navarra y Cajasol) y de las 10 piezas separadas del Banco de Valencia, banco filial de Bancaja, incurso en numerosas irregularidades.

Empujón a los procesos.

En estas circunstancias, las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este semanario señalan que los jueces son conscientes de lo que se juega. “Se va a dar un empujón a todos los procesos pendientes. Este año deberá haber sentencia para los casos de la CAM (las piezas que se juzguen), Caixa Nova Galicia, cuyo juicio está previsto en mayo, y Caja Castilla-La Mancha, sin fecha todavía”. En cambio los casos de Miguel Blesa y Rodrigo Rato por su gestión en Caja Madrid y pueden ir más despacio. Una vez terminada la prueba pericial encargada por el juez a dos inspectores del Banco de España, Bankia ha encargado otras dos, una al exinspector del Banco de España Rubén Manso y otra al catedrático Leandro Cañibano. Este sumario es un laberinto de fuego cruzado. Los expresidentes Blesa y Rato están imputados como gestores en sus respectivos mandatos, hay una investigación abierta sobre irregularidades de la salida a bolsa, además de las famosas tarjetas black, ocultadas a Hacienda, con 80 implicados entre consejeros y directivos, y otro frente de investigación sobre los sueldos y remuneraciones de los directivos bajo la gestión de Rato y Blesa.

En cualquier caso, la Justicia sigue avanzando de modo inexorable. El siguiente capítulo procesal se celebra a partir del 18 de mayo y hasta el 9 de julio. Se sentarán en el banquillo de los acusados el expresidente de Caixa Nova Galicia, Julio Fernández Gayoso, y los exdirectivos José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, más Ricardo Pradas, abogado de la caja. Todos están incursos en presunto delito de apropiación indebida y alternativamente de estafa, por adjudicarse 18,94 millones de euros en indemnizaciones, equivalentes al 10% del patrimonio de la entidad de ahorro.

Gayoso y Pradas son considerados cooperadores necesarios, como diseñadores del delito, al falsificar los contratos de los directivos para adjudicarse irregularmente las compensaciones. La fiscalía les atribuye haber diseñado la operación ante el temor por el devenir de la caja y la inseguridad de sus cargos. La operación de fraude se gestó en una caja que ya estaba gravemente deteriorada en su patrimonio, tras una forzada fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, que desembocó en su nacionalización. El fiscal pide para ellos tres años de prisión y la devolución del dinero.

La CCM, en capilla.

Listo para juicio y sin fecha, tras la instrucción del juez Pablo Ruz, está el caso de Caja Castilla-La Mancha. Esta entidad fue la primera caja nacionalizada, en 2009, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El rescate costó 9.000 millones y posteriormente fue vendida a Liberbank (Caja Asturias). El fiscal pide para el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, un exdiputado del PSOE, y el director general de la entidad, Ildefonso Ortega, dos años y medio de cárcel y la pena de inhabilitación por igual periodo de tiempo. La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros (Adicae) y el Banco Castilla-La Mancha (sucesor de la caja) piden 5,5 y 5 años de cárcel respectivamente. El juez Ruz dictó juicio oral contra ellos el 16 de diciembre pero aún no hay fecha señalada.

Moltó y Ortega están imputados por un delito societario de falsedad documental, y no por el de administración desleal por el que les investigaba el juez inicialmente. Se les acusa de falsear las cuentas de 2008, con beneficios de 29,8 millones frente a pérdidas reales de 182,2. Este juicio va a ser otro paradigma del encausamiento de los excesos cometidos por las cajas durante la burbuja inmobiliaria. Los gestores de CCM tienen que responder de cinco operaciones irregulares, con créditos de alto riesgo, sin avales ni garantías, a empresas inmobiliarias tan conocidas como Colonial o Lábaro, y de energías renovables como T-Solar. CCM fue la principal financiadora del aeropuerto de Ciudad Real, proyecto que arrojó pérdidas de más de 400 millones, cantidad irrecuperable para la entidad.