La paz fiscal de Botín

“La regularización llevada a cabo por los imputados se puede considerar correcta y veraz”. La frase se encuentra en la página 31 de un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los imputados son Jaime Botín y sus hijos, que fueron exonerados de cualquier delito por sus cuentas en Suiza. Pero la paz fiscal familiar tuvo un precio: 65,4 millones de euros, de los que el 69% corresponde a la regularización del IRPF y el resto al Impuesto sobre el Patrimonio. El propio Jaime Botín ingresó en Hacienda 45,9 millones de euros y sus cinco hijos pagaron el resto.

Los hechos se iniciaron el 24 de mayo de 2010, cuando HSBC Private Bank Suisse enviaba a las autoridades fiscales españolas la información sobre las cuentas cuyos datos habían sido copiados pocos meses antes por el ingeniero informático italo-francés Hervé Falciani. Muchos de quienes tenían cuentas en esa sucursal suiza del HSBC decidieron regularizar su situación con el fisco porque se supone que si se paga lo que se debe desaparece la posibilidad de acusación por delito fiscal. La puesta al día solo se hizo por la parte no prescrita, es decir, los años por los que Hacienda podía exigir pagos complementarios.

La familia de Jaime Botín lo hizo exactamente el día 27 de julio de 2010 (dos meses después de que Hacienda tuviera los datos copiados por Falciani), mediante la presentación de 21 declaraciones de la renta complementarias y otras siete de Impuesto sobre el Patrimonio. De las 21 de IRPF, veinte corresponden, a razón de cuatro cada uno (por los años 2005 a 2008) a Jaime y sus hijos Marcelino, Marta, Gonzalo y Alfonso. Su hija menor, Lucrecia, solo presentó una, la de 2005, porque después cambió su residencia a EEUU. Las de Patrimonio se corresponden con tres del padre (2005 a 2007) y las de los cuatro hijos mayores correspondientes a 2005.

A toda prisa. Esta regularización fue hecha con una cierta precipitación a juzgar por los errores cometidos en las declaraciones complementarias. Según figura en los informes periciales solicitados por el juez a la Agencia Tributaria, todas las declaraciones contenían fallos, unos a favor y otros en contra, aunque hay que reconocer que en conjunto la familia pagó de más, porque los errores a favor de Hacienda eran superiores a los contrarios.

El error más llamativo es el cometido en la declaración complementaria de Jaime Botín correspondiente al ejercicio fiscal de 2005. El exbanquero (fue presidente de Bankinter entre 1986 y 2002) ingresó en Hacienda por ese año en concepto de IRPF no declarado 8.159.083 euros y los peritos designados por la Agencia Tributaria señalaron que lo justo habría sido pagar 6.803.172 euros, lo que significa que ingresó 1.335.911 euros de más. Del análisis hecho por los inspectores de Hacienda se deriva también que en las declaraciones complementarias de 2006 y 2007 pagó 29.770 y 110.446 euros de menos respectivamente y que en la correspondiente a 2008 volvió a ingresar de más. Esta vez 44.746 euros.

Algo parecido le ocurrió con las tres declaraciones complementarias por el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque en este caso las tres fueron a favor de Hacienda. En total ingresó 771.009 euros de más, de los que 162.466 corresponden a 2005, 243.575 a 2006 y 364.968 a 2007.

Los hijos. En cuanto a los hijos de Jaime Botín, para el conjunto de los cinco la diferencia total sale a favor de Hacienda en 441.431 euros por IRPF y 1.562 euros por Patrimonio. Teniendo en cuenta que el padre había ingresado 2.031.449 euros de más en total por ambos impuestos, Hacienda salió ganando al final. A este respecto, el acta enviada por la Agencia Tributaria al juzgado de la Audiencia Nacional señala que los resultados de verificación realizados por los inspectores “arrojan en unos casos cuotas a devolver a favor de los obligados tributarios y en otros, cuotas a ingresar a favor del Tesoro Público”, por lo que, salvo algunas excepciones que se pusieron de relieve a lo largo de la instrucción judicial, “la regularización realizada por estos [los imputados] ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos (...) que han dispuesto adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa regularizadora de los mencionados impuestos [IRPF y Patrimonio]”.

El aviso. Según señalan fuentes conocedoras del caso consultadas por este semanario, cuando las autoridades fiscales recibieron los datos de HSBC, la única forma de iniciar actuaciones legales era abrir un proceso de investigación y comprobación de datos, al tiempo que exigir la realización de solicitudes formales de ingresos de deudas fiscales pendientes. Estos requerimientos tienen que estar motivados y deben expresar las cantidades adeudadas y por qué concepto.

Esto hizo que muchos de aquellos contribuyentes fueran invitados a regularizar sus cuentas antes de que el largo proceso que había que abrir entonces acabara en prescripción de la mayor parte de la deuda tributaria y se creara un perjuicio mayor para la Hacienda Pública. Eso motivó una controversia sobre si la invitación a regularizar los impuestos debidos podía ser considerada como un inicio de actividad inspectora. Si fuera así, las declaraciones complementarias presentadas después ya no serían voluntarias, que son las únicas que eximen de delito fiscal.

El auto del juez Velasco reconoce explícitamente que las comunicaciones tales como “cartas” o “circulares informativas”, aunque estén dirigidas a grupos concretos de contribuyentes, no rompen el principio de voluntariedad. Ese fue el argumento para absolver a los imputados de un delito contra la Hacienda Pública.