Cajas ruinosas y casas lujosas para sus directivos

Quinientos nueve metros cuadrados. Es la medida de solo una de las tres viviendas de las que disfruta José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, que se ha visto envuelto en la polémica por las altas indemnizaciones recibidas a su marcha, unos 10,8 millones de euros en su caso, tras haber dejado una entidad que ha tenido que ser rescatada con una inyección total de unos 3.600 millones de euros.

La fulgurante mejora económica de este directivo en los últimos años puede seguirse en las propiedades que ha ido adquiriendo. En 1991 se compra un piso en Vigo de 155 m² con una hipoteca de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo de 52.800 euros. Casi una década después, en el año 2000 añade a sus propiedades una vivienda unifamiliar en el municipio de Nigrán de 237 metros cuadrados útiles y un terreno de 460 m². Esta vez comienza con una hipoteca del Banco Atlántico por 300.000 euros que subroga muy pocos meses después la Caixa de Aforros de Vigo e Ourense. En 2006 es nombrado director general de Caixa Nova. Al año siguiente y a falta de tres para que la caja se venga abajo tras convertirse en Novacaixagalicia en 2010, se hace con la citada unifamiliar en Nigrán, de 509 metros cuadrados construidos y un terreno de 889 metros. La hipoteca, de la Caixa de Aforros de Vigo Ourense e Pontevedra, es, en esta ocasión, de 600.000 euros. José Luis Pego se ha convertido en uno de los directivos de la cajas más citados en las dos últimas semanas, al conocerse que cobraría unos diez millones de euros entre prejubilación e indemnización. Sus tres viviendas citadas suman 900 metros cuadrados.

Otro directivo de la caja gallega, José Luis Méndez, es también dueño de llamativas propiedades, como una vivienda unifamiliar en Pontedeume de 289 metros cuadrados, que incluye una torre, en una parcela de 14.632 metros cuadrados. Sobre la finca pesa una hipoteca de 360.000 euros a favor de la Caja de Ahorros de Galicia desde 1996. No es la única propiedad de Méndez, que también disfruta desde hace seis años de una vivienda en la lujosa calle Serrano de Madrid. La finca tiene una superficie de 207 metros cuadros construidos y no pesa sobre ella ninguna hipoteca. Méndez, que se ha llevado una indemnización de alrededor de 15 millones de euros, abandonó Caixa Galicia en septiembre del año pasado. Novacaixagalicia pagará casi 40 millones de euros por la salida de 10 directivos.

Investigación de la Fiscalía.

El alto nivel vida, sus altas remuneraciones y fuertes indemnizaciones y pensiones han provocado una tormenta político-económica. Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción investiga el sueldo y la jubilación otorgada a la directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, que había tenido que abandonar la caja por un despido disciplinario ordenado por los nuevos administradores de la entidad. Estos administradores de la caja, nombrados por el Banco de España, han considerado “reprobable” el sueldo de 593.000 euros de Amorós y la pensión vitalicia de 369.000 euros anuales que recibiría al jubilarse. Antes, el PSOE y el PP han intercambiado reproches sobre su responsabilidad en la aprobación de las retribuciones de estos directivos y sobre el papel del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la vigilancia sobre estas.

Pero al Banco de España también se le critica no haber actuado antes para prevenir la situación actual del sector financiero, y de las cajas en particular. Una de las líneas de actuación del mismo podía haber sido la de tomar medidas respecto a los riesgos que iba asumiendo el sector financiero en el negocio inmobiliario, causantes en buena medida de la crisis actual de las cajas. Novacaixagalicia y la CAM son, por ejemplo, dos de las principales entidades financieras  que se han tenido que quedar con cientos de pisos que el constructor Francisco Hernando, conocido como el Pocero, no ha podido vender en su famoso megaproyecto de Seseña, en el límite con la Comunidad de Madrid. La mora con promotores e inmobiliarias de la CAM alcanza el 61% de sus créditos con este sector y llega a los 7.700 millones de euros.

Las retribuciones de los directivos de las entidades financieras en crisis enfocan la atención sobre el papel jugado por la supervisión del Banco de España, pero el papel de esta institución es mucho más importante que el de la vigilancia de estas retribuciones. El organismo que dirige el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene en sus manos supervisar los riesgos de las entidades financieras.

En lo que se refiere a los riesgos que han corrido algunas entidades en el sector inmobiliario, algunos expertos del sector subrayan que una circular del Banco de España no permitía, por ejemplo, la concesión de créditos a proyectos urbanísticos que no estaban aún aprobados por el planeamiento de ayuntamientos y comunidades autónomas. Además, la última ley del suelo, de 2007, intentó que la valoración de este fuera la real, sin que se consideraran las expectativas de revalorización. La ley otorgaba una prórroga para la aplicación de estas valoraciones que, tras alargarla otro año más el Gobierno en 2010, finaliza este año.

Como decía el preámbulo de esa ley, se trataba de que “debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto”. O como dijo uno de los padres de la norma, se trataba de evitar que las promotoras ganaran millones sin poner ni un ladrillo. En ese sentido, varias organizaciones ecologistas han remitido al Banco de España una carta en la que le piden que investigue los vínculos entre la CAM y la promotora inmobiliaria Hansa Urbana por ese motivo.

Proyectos sin aprobar.

Hansa fue una empresa propiedad de la CAM, pero la caja fue desprendiéndose de sus acciones hasta quedarse con el 30%. La empresa promueve en Murcia un macroproyecto denominado Novo Carthago, de más de cinco millones de metros cuadrados. Los ecologistas han llamado especialmente la atención en la carta remitida a Fernández Ordóñez sobre la concesión de un crédito por parte de la CAM a Hansa de 95 millones de euros en 2006, antes de que el proyecto fuera aprobado. La carta enviada a Fernández Ordóñez subraya: “Es de destacar que parte de los apoyos económicos para la consecución de dichos proyectos se ha realizado a pesar de que aún no ha finalizado definitivamente la tramitación administrativa que permitiera su inicio”. Los ecologistas recuerdan que el proyecto fue presentado públicamente por los máximos representantes de la CAM y las autoridades regionales cuando aún no se habían iniciado los trámites para modificar la calificación urbanística de los suelos. El proyecto Novo Carthago, además, se encuentra actualmente paralizado tras diversas dificultades por problemas medioambientales. La operación provocó una investigación por la Fiscalía, ya que parte del proyecto se asentaba en una zona protegida por la Unión Europea.

Además, en la operación se cruzaban la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) y sus antiguos socios como Francisco Javier Arteche, investigado en la operación Malaya de Marbella por su relación con el principal encausado, Juan Antonio Roca. Todo ello sin añadir los créditos de la CAM a Hansa para sostener sus aventuras empresariales en México: según citan los ecologistas, solo la fallida operación de comprar la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario le costó a la CAM cerca de 300 millones de euros. En 2006 los créditos de la CAM a Hansa Urbana podrían ascender a 700 millones de euros. Los ecologistas le dicen a Fernández Ordóñez que “no es razonable que se inviertan enormes sumas de fondos públicos para evitar la quiebra de una entidad que ha apostado de forma tan temeraria e irresponsable por el desarrollo urbanístico del litoral”.

No es la única caja en la que ha sucedido. Como ya publicó esta revista, la también intervenida Caja de Castilla-La Mancha (CCM) pretendía, a través de su grupo empresarial, levantar pisos en 19 millones de metros cuadrados en diversos proyectos urbanísticos, lo que suponía hacer nueve proyectos como la famosa urbanización de el Pocero en Seseña, antes citada. CCM compró suelo en grandes cantidades, pero solo uno de los proyectos había sido aprobado por las autoridades municipales.