Hacinamiento en cárceles, mancha que sonroja a la "Suiza centroamericana"

Costa Rica, nación centroamericana de 4,8 millones de habitantes y un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados, es un país cuyos ciudadanos se sienten orgullosos cuando a su patria se le llama, desde hace muchos años, la "Suiza Centroamericana".
Y esa comparación va acorde con los valores de defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del civismo y de promoción y defensa, tanto en el interior como en el extranjero,  de los derechos humanos.
Esta es quizá una de las mejores cartas de presentación del pequeño país, enclavado en el "ombligo" del continente americano, y que hace seis décadas asombró al mundo al abolir su ejército luego de sufrir una cruenta civil.
Sin embargo, en pleno siglo XXI una mancha hace sonrojar a los costarricenses, a su Gobierno y a los líderes políticos.
Desde los años de 1970 el país enfrenta un problema de grave y degradante hacinamiento en sus cárceles, un flagelo que fue en aumento y alcanzó ribetes de una virtual emergencia en el último decenio.
La mancha en la casi "inmaculada" imagen que tenía el país, y quizá disimulada por la misma sociedad, salió a flote en los últimos meses cuando las autoridades gubernamentales y judiciales comprendieron que la situación no daba para más.
Fotografías y escenas presentadas por medios de comunicación, donde se observaban a reos apilados en verdaderas jaulas de rejas, o sobreviviendo unos sobre otros entre ratas y cucarachas, puso sobre el tapete un doloroso debate sobre una realidad que permanecía latente.
De acuerdo a los parámetros internacionales,  el hacinamiento carcelario o para llamarla con términos más eufemísticos la "sobrepoblación penal", se define cuando llega a un 20 por ciento por encima de lo que puede albergar una prisión.
Estudios realizados por las autoridades penitenciarias  y justicia determinaron que en Costa Rica miles de reos están sobreviviendo en condiciones infrahumanas, con hacinamiento promedio que llegó a superar a fin de año el 52 por ciento.
"Es una vergüenza que debemos aceptar y enfrentar",  dijo la Ministra de Justicia Cecilia Sánchez, en una comparecencia realizada ante la Asamblea Legislativa.
Muchos factores contribuyeron a agravar el problema de sobrepoblación carcelaria en el país centroamericano. En primer lugar, la negligencia de los Gobiernos para invertir y mejorar la infraestructura, una tendencia en los estratos judiciales a "criminalizar" casi todo, y el aumento de la delincuencia, con el surgimiento de fenómenos como el narcotráfico, según explican los expertos en la materia.
Durante una de las exposiciones ante la Asamblea Legislativa la Ministra presentó un cuadro sobre el estado de población de las cárceles del país.
En estos, se pudo observar que en las situaciones más dramáticas había al menos una cárcel con un hacinamiento de hasta más de 172 por ciento, en un país donde la población penal del denominado sistema institucional, o régimen penitenciario es de casi 14.000 privados de libertad.
En estas circunstancias la situación se hacía insostenible. Algunos jueces ordenaron reubicar, a sistemas más flexibles, a prisioneros que mostraban penas o delitos menores, o estaban próximos a cumplir sus condenas.
La Ministra Sánchez, blanco de duros ataques de sectores que se muestran aterrados por el traslado a regímenes semiabiertos, informó ante el Parlamento que entre  septiembre y mayo fueron reubicados en las nuevas condiciones carcelarias un total de 1.437 reos.
Estas acciones mantienen sobre la mesa un ácido debate.  Un ex ministro de Justicia y connotado jurista exige por las redes sociales la renuncia de Sánchez. La "liberación" de presos, como llaman algunos, llena de comentarios a favor y en contra las redes sociales.
Algunos diputados, como el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, admiten que se trata de una "vergüenza" y una mancha para la imagen de Costa Rica como una de las democracias más estables de América Latina.
El dirigente no está del todo convencido de que "lanzar presos" a la calle sea la salida correcta, pero sí cree que que tanto el Gobierno, el Poder Judicial y el Parlamento, deben hacer esfuerzos conjuntos para eliminar lo que muchos consideran una "lacra".
"No podemos aceptar una liberación indiscriminada de las personas detenidas", dijo. Hay que buscar alternativas al hacinamiento penal, porque "empaña la imagen" de un país caracterizado y reconocido en el mundo por ser un defensor de los derechos humanos, agregó.
La ministra y otros expertos consideran que cárceles hacinadas en el país, en vez de combatir la delincuencia, se convierten en "escuelas del crimen".
"Hay que buscarle soluciones, es una vergüenza", admitió por su parte el legislador Marco Vinicio Redondo,  diputado oficialista y miembro de una Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Según cifras del Ministerio de Justicia, con las últimas medidas, como las reubicaciones, el hacinamiento a junio bajó a 42 por ciento.
En Estado costarricense negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo por 187 millones de dólares, dos de cuyos componentes están dirigidos a a invertir en infraestructura carcelaria y en un proyecto de brazaletes, para dar seguimiento a reos que sean reubicados o puestos en libertad. 
El  problema ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está precisamente en la capital costarricense. El Estado reconoce la situación y ha tomado algunas medidas, pero aún está lejos de aproximarse a los parámetros tolerables de sobrepoblación en sus cárceles.