Promesas de investidura

Poco importa en quién se haya inspirado el PSOE a la hora de elaborar el documento para la investidura de Pedro Sánchez, lo primordial es que, en caso de formar Gobierno, cumpla sus propuestas, que no son pocas. Dice Pablo Iglesias que se parecen mucho a las que su formación presentó a las elecciones generales y, por lo tanto, será fácil ponerse de acuerdo, “a no ser por Ciudadanos”. Albert Rivera, por su parte, también coincide en varios puntos con el documento de Sánchez. El fundamental, la necesidad de negociar con la Unión Europea una flexibilización del cumplimiento del déficit para situarlo por debajo de 3% no en 2016, como pide Bruselas, sino en 2017. Idéntica propuesta a la del PSOE para lograr que en cuatro años, 2019, el déficit se sitúe en el entorno del 1%. Unos se olvidan del contrato único, otros matizan el federalismo y, además, imponen un plan de choque social. Ojalá vayan encajando las piezas del puzle y se evite convocar otras elecciones.

Leo por encima las 53 páginas de buenos propósitos del PSOE y, como no entra en detalles, la mayoría suenan bien. Propuestas tan indiscutibles como la estabilidad presupuestaria, una recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible, reducir en cuatro años a la mitad la tasa de paro con puestos de trabajo estables y de calidad, plan de emergencia social, reconstruir y modernizar el Estado del bienestar, igualdad entre hombres y mujeres, pactos por la educación, la ciencia, la cultura, contra la violencia de género... Si lo leen con más detenimiento, verán que están recogidas todas las prioridades ciudadanas. El gran problema es recuperar la credibilidad, es decir, confiar en que las promesas se concreten y se hagan realidad.

Estos días he repasado los
escandalosos puntos negros
de la ley, es decir, las decenas de incumplimientos legales
que vulneran nuestros derechos fundamentales, empezando por varios artículos de la Constitución convertidos a estas alturas en papel mojado. Me refiero a los incumplimientos por parte de los poderes públicos, porque cuando los ciudadanos violan las leyes se atienen a las consecuencias penales. Se vulneran sistemáticamente los consabidos derechos constitucionales a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, a la redistribución de la renta y el pleno empleo, a la protección de la salud, a la intimidad, a la libertad ideológica y religiosa... En un reciente programa de Salvados hemos visto los testimonios de una juez y una mujer maltratada, que ponían en evidencia las penurias de la ley de protección integral contra la violencia de género por falta de ayudas reales para las víctimas. Y para terminar, la ley antitabaco: de la prohibición drástica inicial hemos pasado a la permisividad encubierta. La gente vuelve a fumar donde le da la gana. No hay mejor ejemplo de flojera legal.