Líneas rojas

La mayoría de los españoles quiere que los partidos pacten para que no se repitan las elecciones, pero a los políticos les es indiferente. Todo parece indicar que el reparto de escaños no cambiaría de manera decisiva en caso de votar de nuevo. El PP volvería a ser la primera fuerza, aunque sin posibilidad de gobernar en solitario, así que tendría que buscar acuerdos. Quizá Podemos saliese beneficiado frente al PSOE y Ciudadanos ganase unos puntos más. Imposible garantizar las previsiones demoscópicas, pero los electores intuyen que se aproximan a la realidad y por eso no quieren malgastar tiempo, esfuerzo y dinero, porque se dan por perdidas las tres cosas si dentro de unos meses nos encontramos con un panorama similar. Tampoco les gusta que los partidos gobiernen con mayoría absoluta, prefieren que se sientan obligados a negociar. Llegar a acuerdos, hacer concesiones y obligarse mutuamente a respetarlas, resulta incómodo para los partidos, pero beneficioso para la mayoría de los ciudadanos.

Se supone que la pluralidad refuerza los controles democráticos y eso es lo que hace falta para impedir que los políticos, una vez instalados en su escaño, interpreten los reglamentos y las leyes en su propio beneficio. Aquello que dijo Artur Mas, quizá sin pensarlo, que había corregido a través de la negociación lo que no le habían dado las urnas, es una aberración desde el punto de vista democrático. Otros hacen lo mismo que Mas sin verbalizarlo: se “prestan” diputados; establecen líneas rojas; ofrecen cargos, prebendas, futuros ministerios que ni siquiera tienen; facilitan o niegan la formación de grupos parlamentarios en función de sus intereses personales. Tan personales, como estamos viendo, que para algunos se trata de sobrevivir o desaparecer políticamente. En tales circunstancias, su comportamiento me parece de lo más humano y entiendo la ambición de poder, el miedo al fracaso, incluso el derecho a ganarse la vida y defender su puesto de trabajo. Por eso, porque es comprensible, pero inconveniente, que sus intereses prevalezcan sobre los de sus votantes, hay que impedirlo por imperativo legal. Hemos visto esta semana las escasas licencias políticas que se le permiten a Felipe VI. El Rey, cuyos actos deben ser refrendados por el presidente o los ministros competentes, se limita a arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, convocar y disolver las Cortes, proponer candidato a presidente de Gobierno, conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes... y poco más. Dirán que la comparación es improcedente, porque el Rey disfruta de muchos privilegios y se permite otras libertades, cierto, pero en cuestiones políticas está sometido a estrictos controles. Es lo que pido para sus señorías, restringir por ley su amplio margen de maniobra. Ya es hora de que reformen, como mínimo, el reglamento de las Cortes.