Presiones de dentro y de fuera contra Rajoy

Hace unos días, en vísperas de la consulta catalana, ese sucedáneo de referéndum que, a pesar de su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC), se ha celebrado el domingo 9 de noviembre, el mundo político y universitario quedaba sorprendido cuando un hombre como Luis Garicano (Valladolid, 1967), catedrático y director de departamento en la London School of Economics, pedía desde las páginas del periódico británico Financial Times que, dada la crisis que está atravesando España y la falta de soluciones, tenía que dimitir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ser sustituido por la actual vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La tesis de Garicano, que se produce dentro de un clima de conspiraciones internas silenciosas contra Rajoy y su peculiar forma de gobernar, es que, como el presidente del Gobierno fue responsable directo de cada nombramiento en el muy centralizado PP, es imposible abordar los dos desafíos políticos gemelos que afronta España mientras siga en el cargo: el futuro de Cataluña en el país y la posible irrupción de un sistema nacionalista-populista que sustituya al bipartidismo. Según Garicano, “Soraya Sáenz de Santamaría es una profesional bien considerada y parece no contaminada por la corrupción”.

Con ella a cargo del partido y del Gobierno, se podrían acordar entre los principales partidos procesos de reforma de la Constitución y del Judicial, con el objetivo de luchar contra la corrupción, introduciendo unos muy necesitados controles y transparencia en un sistema de partidos basado en el patrocinio y transformando a España en un Estado multinacional con un creciente reconocimiento de la identidad catalana (y vasca). “La obligación de Rajoy es sacrificarse para permitir que España desactive tales retos”.

Independientemente del resultado del choque por el referéndum celebrado este pasado domingo, la guerra de desgaste proseguirá más allá del 9 de noviembre. El ánimo de disgusto con el actual sistema que está cebando el movimiento independentista catalán, también está conmocionando el sistema político nacional. Podemos, partido creado por unos pocos profesores hace tan solo nueve meses, es ahora la formación más popular en el país, la opción de los hastiados españoles de todo el espectro político con la que desean castigar a los corruptos políticos. Su éxito es tal que es, según las últimas encuestas, la primera fuerza política en voto directo y la tercera, después del Partido Popular y del PSOE.

Ha sido palpable el fracaso de Mariano Rajoy en Cataluña (contencioso que terminará aterrizando en la mesa de trabajo de Sáenz de Santamaría, aunque de hecho ya lo ha hecho, porque Rajoy se ha quitado de en medio desde hace muchos meses), donde se ha hecho uno de los más tremendos ridículos, llevando el referéndum de juguete del 9 de noviembre al Constitucional y consiguiendo su prohibición para terminar autorizándolo de hecho, sin solución de continuidad, con el argumento de que quienes lo organizaban eran las asociaciones civiles (componentes del llamado Pacto para el Derecho a Decidir) y no Artur Mas y la Generalitat, aunque para que no quedasen dudas el propio Mas insistía horas antes de colocar las urnas en que él y su Gobierno habían asumido todas las responsabilidades, dando a entender que desafiaba al TC ante el dontancredismo del Gobierno de Rajoy, que se veía desbordado en su política de que el souflé tenía que bajar tarde o temprano, y que el malestar catalán iría desapareciendo.

Pero no, el souflé no bajaba y el mismo domingo 9 de noviembre más de dos millones de catalanes votaban en más de 1.300 centros y colegios de toda Cataluña, en un llamado “proceso de participación ciudadana”, prohibido por el Tribunal Constitucional, como lo fue antes el referéndum, en tanto que va en contra del principio fundamental de que la soberanía reside en la totalidad del pueblo español y de que el Govern carece de competencias para una consulta de ese tipo.

A pesar de todas las prohibiciones, a pesar de todas las advertencias, la consulta se celebraba el domingo anunciado, en un gesto de claro desafío al Gobierno que, asediado por los casos de corrupción y probablemente en el peor momento de la legislatura, se veía incapaz de aplicar la ley, superado por los acontecimientos y paralizado por una forma de gobernar que consiste en dejar que sea el tiempo el que resuelva todos los problemas.

Al final, el tiempo lo ha complicado todo y Rajoy se encuentra con que más de dos millones de catalanes se han manifestado en un 80% partidarios de una Cataluña independiente, frente a un escaso 10% que defiende el statu quo actual. Un verdadero desafío que intenta arreglarse, ahora, con una ronda de negociaciones que va a pasar por la petición de un referéndum formal que permita a los catalanes decidir sobre su futuro. Por eso el presidente de la Generalitat Artur Mas, en un mensaje en inglés y francés, ya ha reclamado ayuda a los Gobiernos del mundo para que se reconozca el derecho a decidir de los catalanes: “Como Quebec y como Escocia, Catalunya también quiere decidir su futuro político. Cualquier nación tiene ese derecho. Ayuden al pueblo catalán a elegir su futuro político”.

La pelota está, otra vez, en el tejado de Rajoy, aunque cada vez son más los que suscriben la tesis de Garicano. Libres e Iguales, el colectivo que ha estado en contra de la consulta catalana, que preside la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y del que forma parte un amplio grupo de intelectuales (entre los que se encuentra el premio Nobel Mario Vargas Llosa), ha señalado en un duro comunicado hecho público horas después del sucedáneo de consulta que “el incumplimiento de la ley y este desistimiento abren una crisis política de una envergadura desconocida desde la aprobación de la Constitución y un foso de profunda desafección ciudadana que, a juicio de Libres e Iguales, descalifica al Gobierno del presidente Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional”.