Artur Mas ha encontrado a su Varoufakis catalán

Tras un largo paréntesis en el que los catalanes se han ido alejando del independentismo, hasta el punto de que, según encuestas de la propia Generalitat, los que se oponen a la independencia (50%) superan en siete puntos a los defensores de la escisión de España (42,9%), el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha iniciado una nueva ofensiva para conseguir la independencia en el plazo máximo de nueve meses, a partir de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre.

En este sentido, el intento del soberanismo catalán por convertir esas elecciones en un plebiscito sobre la independencia se le está volviendo en contra a menos de tres meses para los comicios y a dos semanas de la disolución del Parlamento catalán y convocatoria de las elecciones. Solo un 21% de los catalanes admite que votará en clave territorial frente a un 60% que utilizará las urnas para juzgar la actuación de los partidos ante la crisis. Este dato, junto con la ruptura de Unió con Convergència y la subida electoral de Podemos, una fuerza partidaria del derecho a decidir pero contraria a cualquier tipo de aventura independentista, ha obligado a Mas a aliarse con su principal rival electoral, Oriol Junqueras, para formar una lista única soberanista en la que están integradas las entidades independentistas englobadas en la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Òmnium Cultural y en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para la formación de un Gobierno en el que los dos dirigentes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia. Encabeza la lista Raül Romeva, antiguo eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) que hace cuatro meses salió de ese partido, que ya empieza a ser conocido como el Varoufakis catalán (calvo como él, atleta como él, iluminado como el griego y con menos atisbos anarquistas y más señas de identidad nacionalistas).

Es verdad que ni Cataluña es Grecia, ni Romeva es Varoufakis, ni el referéndum que reclaman los que pretenden la escisión de Cataluña tiene nada que ver con el referéndum heleno, pero ya se ha advertido desde Madrid por boca del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que se están generando situaciones como la de Grecia, donde “se convocó un referéndum que ha acabado generando frustración”.

Aquí se quiere sustituir el referéndum por unas elecciones soberanistas. Romeva tendrá ocasión, ahora, de formar un tridente electoral con las expresidentas de la ANC, Carme Forcadell, y de Òmnium Cultural, Muriel Casals, arropados por Mas y Junqueras como números 4 y 5, respectivamente, que se batirá en las urnas con sus antiguos compañeros de ICV, que concurrirán al 27 de septiembre en una candidatura de confluencia con Podemos y otras fuerzas, que suponen (ahí está el experimento Colau en el Ayuntamiento de Barcelona) un verdadero peligro electoral.

A dos meses de las elecciones de septiembre y a poco más de una semana de su convocatoria, estamos ante el mayor desafío independentista de Mas y Junqueras y, aunque no ha trascendido el contenido del pacto que han establecido entre ellos, sí ha trascendido que en él se contempla la declaración unilateral de independencia en seis meses, nueve como mucho. Con ese fin se pretende incluir una ley de transitoriedad jurídica que supliría el marco legal español a medida que se avanza hacia la independencia. Se trataría de burlar las trabas que el Estado español pueda poner al proceso secesionista. El primer paso es romper con el Tribunal Constitucional, (TC) para a partir de ahí no hacer caso a sus resoluciones.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha intentado tranquilizar a la ciudadanía que sigue sin conocer cuál es el nuevo plan de Rajoy para hacer frente a ese desafío (“no va a haber independencia en Cataluña”, es lo único que ha dicho), asegurando que la intención del Gobierno es seguir en la misma línea que hasta ahora (¿?): “Cuando ha habido una actuación contraria a la ley y la Constitución este Gobierno la ha llevado al TC”. Igualmente ha señalado que las “estructuras del Estado catalán” que los soberanistas pretenden ir creando también están recurridas ante el Constitucional. Se trata de “la hacienda y la administración económica y tributaria, la seguridad social, el poder judicial, la seguridad pública, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía y el agua y las relaciones exteriores”, según los informes que ha ido preparando el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el órgano creado por Mas para articular el proceso secesionista.

De hecho, fue el 29 de junio cuando el TC admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra esas llamadas “estructuras de Estado” que la Generalitat incluyó en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Con esta decisión los artículos recurridos quedaban suspendidos automáticamente por un plazo máximo de cinco meses, con lo que el Gobierno catalán no podrá desarrollarlos en lo que queda de legislatura. ¿Todo eso es suficiente? No lo parece ante esa nueva ofensiva de Mas en la que, en esta ocasión, se juega todo y en un nuevo escenario electoral dislocado tanto a nivel autonómico catalán como general. Porque el Gobierno que salga de las elecciones generales de diciembre contemplará el problema catalán, por el reparto de fuerzas y por los pactos que haya que hacer, con una óptica distinta a la actual. Y a eso es a lo que juegan Mas y Junqueras.