Elecciones del siglo XXI y plazos decimonónicos

La campaña electoral permanente que vive España hace más de un año goza de buena salud, ahora ya con otra cita fija, el 26 de junio. “En cualquier caso, la historia continúa”, dejó escrito en su impresionante El poder y la palabra (1995), el recién desaparecido Luis González Seara, ministro en los albores de la Transición. Pablo Iglesias tiene prisa y, desde el primer día –y no sin algo de arrogancia–, anuncia que ofrecerá la vicepresidencia a Pedro Sánchez como líder de la segunda fuerza de la izquierda. El líder de Podemos, sobrado de confianza, parece muy seguro de sus habilidades en el esprint final electoral, aunque todavía faltan casi dos meses para la cita con las urnas, todo un mundo, y una herencia decimonónica de una Constitución exitosa del siglo XX, que también ha sido y es muy útil en el siglo XXI, aunque no venga mal alguna actualización, pero desde el mantenimiento de su espíritu. No se puede olvidar que la Carta Magna de 1978, a pesar de sus críticos, algunos muy arribistas, ha deparado a España el periodo de mayor prosperidad e estabilidad de toda su historia.

Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero de Miñón, Jordi Solé Tura, José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca Junyent y Gregorio Peces Barba, siete políticos desde la derecha posfranquista hasta lo que luego sería el eurocomunismo, fueron los encargados de redactar la Constitución democrática española de mayor consenso y apoyo popular –mediante referéndum– también de toda la historia. Fue elaborada, con cesiones por parte de todos los partidos, por políticos del último tercio del siglo XX que, sin embargo, tenían muy presentes los horrores y los enfrentamientos de los años treinta del siglo XX, que desembocaron en la Guerra Civil. Tenían también presente la no demasiado afortunada historia constitucional española del siglo XIX. Por todo eso quisieron ser prudentes, muy prudentes, y en una sociedad y un tiempo muy diferentes establecieron unos mecanismos para que el diálogo tuviera todo el tiempo necesario y evitar así cualquier otro tipo de confrontación. También trabajaron con los medios de la época, cuando las comunicaciones no eran las actuales, ni nadie imaginaba la revolución tecnológica que cambiaría el mundo. Es lo que explica los larguísimos plazos que prevé la Constitución para casi todo y que ahora acaban de concluir en nuevas elecciones seis meses después de las anteriores. Todo podía haber sido mucho más breve, pero el mandato temporal de la Constitución es claro y hay que respetarlo, lo que no impide que sea decimonónico y que no pueda ser cambiado.

El 4 de junio de 1984, la Bolsa de Madrid, antecedente del actual Ibex-35, empezó a celebrar sesiones los lunes. Desde su fundación, en 1831, el primer día de la semana no era hábil para contratación para permitir que las órdenes de compra y venta que procedían de fuera de Madrid llegaran al mercado. A finales del siglo XX era una costumbre obsoleta y la bolsa, con Manuel de la Concha como síndico, se actualizó. También en pleno siglo XXI, cuando la información se transmite de forma instantánea y el transporte permite a las personas viajar a cualquier parte del país en muy pocas horas, el que haya que esperar casi un mes desde que se celebran las elecciones hasta que se constituye el Congreso no es más que una reminiscencia decimonónica. Los diputados, por ejemplo, no lo son en la práctica hasta que las Juntas Electorales Provinciales no los proclaman varios días después de cerrarse las urnas. Todavía más, luego esas juntas informan a la Junta Electoral Central y esta al Congreso. Al principio de la democracia, las juntas recontaban los sufragios para comprobar el escrutinio. Hace lustros que dejaron de hacerlo y ahora, salvo reclamaciones –que suelen ser de cara a la galería–, aceptan los datos que se conocen pocas horas después de cerrar los colegios electorales. Avanzado el siglo XXI, nada –salvo la norma constitucional– impide agilizar los procedimientos.

Los llamados padres de la Constitución, además, fueron muy generosos con los plazos de negociación para la obtención de apoyos si son necesarios para lograr una investidura. No había ningún problema técnico, sino el recuerdo de la época de la II República, en la que todos coincidían que faltaron diálogo y negociación con los que se podía haber evitado el enfrentamiento armado y fratricida. “Es bueno que partidos y políticos tengan tiempo suficiente para hablar, negociar y entenderse”, comentaban los redactores de la Constitución en su momento, algo que era compartido por casi todos. Casi cuarenta años después, en una sociedad tecnológica del siglo XXI, con información instantánea y acostumbrada a la inmediatez, el que hayan tenido que pasar cuatro meses para agotar los plazos hasta que se han convocado nuevas elecciones, también resulta decimonónico o, por lo menos, anacrónico. Ahora, tras el 26 de junio, nadie prevé unas terceras elecciones, pero si el resultado es similar al de diciembre, la formación de un nuevo Gobierno puede demorarse, constitucionalmente, hasta cuatro meses más. No es probable, pero posible; es decir, decimonónico. La tan reclamada reforma constitucional debe comenzar por este tipo de asuntos.