El linchamiento de Rato y la “repera patatera”

El linchamiento público de Rodrigo Rato, como diría el tan citado como poco leído John Maynard Keynes, es un “infortunio tanto para sus detractores como para sus defensores”, que alguno queda, y también en cierta manera para el Gobierno del PP, partido del que fue uno de los grandes referentes, y para la oposición, que ha visto en las peripecias fiscales del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) una oportunidad para recuperar algo de iniciativa política. Rodrigo Rato puede tener –y de hecho tiene– problemas con el fisco, pero como él mismo dice no es el único español con discrepancias con Hacienda, sin que sea habitual todo lo relacionado con el registro de su domicilio y sus oficinas y su más o menos detención y posterior puesta en libertad, incluida la humillante introducción en un coche policial, con ayuda en la cabeza y televisión en vivo y en directo. Nadie imagina, por ejemplo, que algo similar hubiera ocurrido con Jordi Pujol y su familia, que también se acogieron a la estrambótica amnistía fiscal impulsada, que no ideada, por Cristóbal Montoro. El origen de los fondos de los Pujol también fueron –todavía son– investigados e incluso el domicilio y las oficinas de uno de sus hijos, Oleguer, también fueron registradas y él mismo retenido durante ese tiempo. Sin embargo todo ocurrió sin cámaras ni gentío en la calle. Por cierto, todo eso ocurrió a finales de octubre, sin que hasta ahora el vástago de Pujol haya tenido que prestar declaración ante ningún juez. Ahora, y ante el enredo de competencias y jurisdicciones entre distintas instancias judiciales –y hay algunas que no quieren saber nada del asunto–, Rato también podría tener que esperar bastantes meses antes de ser llamado por un juez.

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