Pese al trueno

Sin embargo, ha ocurrido en España. Y el Manifiesto por la Lengua Común no sólo no le parece caprichoso a muchos ciudadanos sino que ha sido suscrito por un elenco de firmas (que siguen en aumento) verdaderamente histórico: desde la transición democrática en nuestro país, nunca se han visto juntos en una iniciativa privada –al margen de instituciones y partidos– los nombres de Plácido Domingo y Ángel Nieto, de Carlos Castilla del Pino y de Mario Vargas Llosa, de Antonio López y de Arturo Pérez Reverte , de Eduardo Arroyo y de Santiago Grisolía , de Carmen Iglesias y de Agustín Ibarrola , de toreros y músicos, de deportistas y cocineros, de modistos y hombres de letras, etcétera, bastantes de los cuales me consta que no habían firmado un documento reivindicativo jamás. Es difícil suponer que todo se debe a un simple malentendido cuando no a un fenómeno de hipnotismo masivo. Lo primero que debe aclararse es que el manifiesto no sale en defensa de la lengua castellana, que goza de envidiable salud y es la segunda más extendida en el mundo. Ni por supuesto supone desdén o menoscabo alguno para las otras lenguas oficiales (catalán, euskera o gallego) que son naturalmente reconocidas tan españolas como el castellano y merecedoras de la mayor consideración social y cultural. Dicho sea para evitar tergiversaciones interesadas, porque quienes firman el manifiesto lo hacen por lo que pone en él y quienes lo denigran suelen hacerlo por lo que se imaginan que dice o les convendría que dijera para hacerlo censurable. Lo que el documento reivindica son dos cosas fundamentales: primero, la importancia política que reviste en una democracia plural la existencia de una lengua común, y más si tiene el arraigo y peso universal del castellano; segundo, el derecho que tienen todos los ciudadanos que lo deseen a ser educados, informados y administrativamente atendidos en todo el país en la única lengua constitucionalmente reconocida como de conocimiento obligatorio. Por supuesto, también defiende el derecho de los bilingües a ser educado, informado, etcétera, en la lengua cooficial de las autonomías, aunque nunca con exclusión de la lengua común. Estas reivindicaciones son tan obvias y puestas en razón para la mayoría de los españoles que el manifiesto puede parecerles superfluo. Sin embargo, la realidad es que muchos padres no pueden escolarizar a sus hijos en castellano en comunidades bilingües porque la lengua autonómica es la única vehicular para la educación. Y en esas mismas comunidades los impresos oficiales, la señalización de carreteras, la información oficial, la rotulación de comercios o productos... tiende cada vez más perentoriamente a excluir al castellano, de tal modo que los españoles se sienten allí como en tierra extranjera. El Gobierno socialista niega con descaro o minimiza esta situación inaceptable. Como Macbeth, quiere seguir durmiendo “a pesar del trueno” de la protesta social, arrullado por las rentables nanas nacionalistas. Pero nuestro manifiesto retumba ya como un trueno que no va a poder ignorarse: sonó el estruendo que despertará a gobernantes y gobernados