La lucha contra los pobres

Hasta hace solo unos años la lucha contra la pobreza era una causa justa con la que, desde distintos puntos de vista, todos se sentían comprometidos. Desde el pensamiento progresista se proclamaban las razones ligadas a la justicia y la solidaridad para involucrarse en la causa; desde posiciones conservadoras, la lucha contra la pobreza se abrazaba por sentimientos de compasión o caridad.

La globalización, el predominio de las finanzas sobre la economía productiva y la reciente y grave crisis económica han relegado la causa de la lucha contra la pobreza de tal manera que más bien podría parecer que se ha invertido en una auténtica lucha contra los pobres. Es como si hubiesen llegado a la disparatada conclusión de que si se eliminan los pobres se consigue el fin de la pobreza. Son muchas las decisiones políticas y económicas que los gobiernos adoptan contra la dignidad de los pobres, se castiga a los más necesitados mientras se protege a los dirigentes financieros, consejos de administración y banqueros, con salarios y bonus escandalosos, obscenos. Cuando en 1998 el equipo de Naciones Unidas dedicado a combatir la pobreza en el mundo solicitó una contribución extraordinaria de 40.000 millones de dólares (29.000 millones de euros), cantidad que aseguraría la erradicación del hambre y el acceso al agua potable para todos los habitantes de la Tierra, la respuesta de las delegaciones de los países fue que no contaban con recursos. Pero aquel año la humanidad había dedicado 400.000 millones al consumo de droga, diez veces lo que se necesitaba para acabar con el hambre y la sed, y se dedicaron el mismo año 800.000 millones a gastos militares, veinte veces lo que se solicitó para garantizar la alimentación y el abastecimiento de agua para casi 1.500 millones de seres humanos.

Hemos de ser conscientes de que la miseria material de algunos, los más pobres, es directamente proporcional a la miseria ética y espiritual de los otros, los poderosos.

EL paradigma de esta locura de campaña contra los pobres podemos encontrarlo en la absurda decisión del Ayuntamiento de Madrid de imponer una multa de 750 euros a los pobres que duerman en las calles o los parques. Pero ¿es que además de cruel esta gente es idiota? ¿Nadie ha pensado que si un mendigo dispusiera de 750 euros dormiría a resguardo en una pensión?

Para intentar resolver la crisis económica –en parte creada por las operaciones fraudulentas de los grupos financieros norteamericanos, en parte por los errores cometidos en nuestro país– se ha optado por el ahorro en el gasto, lo que está provocando un fuerte incremento de la pobreza y una drástica reducción de la calidad de vida de los que ya solo sobrevivían en un mundo desigual. El drama más duro es el de los padres que, ante la pérdida del puesto de trabajo y el fin del subsidio de desempleo, se ven impotentes para alimentar a sus hijos. Es una  nueva clase de pobres que han caído abruptamente de una situación de estabilidad familiar, laboral y social a otra de desesperación que no les ofrece salida.

Ante esta nueva y cruel realidad los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo para subvenir a las necesidades de los más pobres, fortaleciendo los apoyos económicos y sociales. Pues el Gobierno hace justamente lo contrario, va reduciendo las ayudas e incrementando los pagos de los servicios que antes estaban cubiertos por las cotizaciones de los trabajadores durante años.

A los pensionistas –de los que dependen hoy en muchos casos la alimentación de hijos y nietos– se les reduce la capacidad adquisitiva con el truco de aumentarles un 0,25% la pensión. Pero además se les impone el copago de las medicinas, incluso las requeridas durante una hospitalización, y se les hace abonar el servicio de ambulancia cuando la necesitan. La contrarreforma laboral facilita el despido con muy baja indemnización y permite al empresario, sin que medie negociación con los trabajadores de la empresa, reducir de forma arbitraria el salario de sus empleados. En estos días, en una conocida empresa se ha decidido por la dirección bajar un ¡45%! los salarios. Cuando los trabajadores protestan ya conocen la respuesta: “Si no os interesa, marchaos, tengo cola de candidatos para sustituiros”.

Con los cambios en educación todo conduce a poner obstáculos a los pobres en beneficio de los ricos. Se aumentan las tasas universitarias de forma notable y se exige a los becarios unas notas que no se exigen a los que tienen medios económicos para realizar estudios universitarios. De manera que si eres de familia pudiente con un 5 continuarás tus cursos, pero si eres pobre y estudias gracias a una beca, te exigirán una nota superior. Una discriminación injusta y elitista: la Universidad para los que posean fortuna. Especialmente cruel resulta la política que sigue el Gobierno con los inmigrantes que atraviesan desiertos y mares para buscar un trabajo que les permita sobrevivir a ellos y a sus familias, en situación desesperada, más allá de que la llegada de inmigrantes es la única garantía de producción futura en los países europeos con tasas de natalidad que no garantizan la reposición poblacional.

No hay duda de que el flujo de inmigrantes debe estar regulado, pero la crueldad de negar la asistencia sanitaria de una persona gravemente enferma porque no tenga regularizada su documentación es un claro ejemplo de desprecio hacia los pobres que contrasta con la gesticulación de religiosidad cristiana que exhiben algunos responsables políticos. Al mismo tiempo que se perjudica a los más pobres de la sociedad oímos cada día declaraciones que pretenden convencer a todos de que, económicamente, España ya está en franca recuperación. Hace solo unos días un banquero anunciaba con satisfacción que “a España llega dinero por todas partes”. ¿Y dónde se queda? Podrían preguntar los que están sufriendo la crisis.

El Gobierno insiste, y su coro mediático repite ad náuseam que España ha salido de la recesión, ha superado la crisis, está en recuperación y garantiza el crecimiento económico. Las preguntas inmediatas son: ¿afecta esta “recuperación” a los que han sufrido un desahucio o temen sufrirlo? ¿Alivia la situación de los jubilados? ¿Tiene consecuencias para los seis millones de parados? ¿Recuperan el subsidio de desempleo aquellos a los que se les ha retirado? Los españoles que no están anestesiados por la propaganda del Gobierno y sus corifeos saben que no, que todas esas cifras teóricamente positivas que maneja el Gobierno pueden servir para mostrar ante las autoridades europeas unos datos que les tranquilicen, pero no inciden en ninguno de los nuevos y viejos pobres, que no pueden vivir con dignidad en su vida cotidiana.

Es muy importante que organizaciones y ciudadanos con preocupaciones sociales y corazón caliente den prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pues lo que está en juego es dramático para un 25% de españoles, así como para la estabilidad de la sociedad española, porque si no se atiende a esos doce millones de españoles en el umbral de la pobreza, la explosión social será inevitable.