La dimisión

La democracia española es, en términos relativos, una democracia joven. El secuestro de la libertad que representó la dictadura del general Franco lastró la historia reciente del país, alejándola de los estándares de los sistemas políticos europeos. Recuperada la vida democrática en 1977, el sistema ha ido evidenciando algunas anomalías, precisamente por la ausencia de su práctica durante más de cuarenta años.

En este momento, variados casos expresan una visión dramática de la práctica democrática. Grupos políticos con significación están solicitando la dimisión del presidente del Gobierno, del presidente del Tribunal Constitucional, del presidente de la Generalitat catalana y de la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y, en menor medida, la abdicación del jefe del Estado y hasta la sustitución por otra forma de gobierno diferente al régimen de monarquía parlamentaria vigente. A todo esto habría que añadir la dimisión por renuncia del presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No es normal en las democracias europeas que se planteen tantos contenciosos políticos a un mismo tiempo, cuya solución representaría una verdadera revolución en las instancias representativas del poder.

¿Es todo esto índice de una locura colectiva que haya afectado a los españoles? No, es producto de una democracia que poco a poco ha ido perdiendo calidad, claridad y lealtad con los principios básicos sobre los que se instala la confianza de todos los que componen una nación. Cuanto mayor es el grado de aceptación del sistema político de la nación, más fuerte es esta, porque más sólido es el vínculo que une a cada ciudadano con el régimen acordado con la participación de todos en la formulación de la voluntad popular.

La democracia debe contar con tres requisitos imprescindibles: mecanismo para la elección de los que dirigirán la política de la nación, fórmula clara para que los elegidos rindan cuenta de sus actos ante la nación directa o indirectamente ante la asamblea que representa al conjunto de los ciudadanos, y método para la sustitución en caso de grave anomalía en el desempeño del cargo electo. Es cuando la legitimidad de origen, mediante elección libre, se pervierte por la pérdida de la legitimidad en el ejercicio del poder.

Un caso de manual puede observarse en lo ocurrido en Egipto. Unas elecciones libres, tras la llamada Primavera árabe, entregan el poder y la confianza a los Hermanos Musulmanes. El ejercicio del poder separa a estos de todos los que no aceptan una política sectaria orientada solo al beneficio de los musulmanes. Los objetores consiguen reunir más millones de firmas para la destitución del presidente elegido que votos con los que ganó la elección.

El problema se agrava porque no existe un mecanismo de destitución. El malestar, la desobediencia civil, los abusos, la violencia, los asesinatos y el golpe militar son las respuestas a una situación sin regulación.

En nuestro país una serie de casos de corrupción (los escándalos de la red Gürtel y de Bárcenas, que afectan al partido del Gobierno, y al de la Comunidad de Castilla-La Mancha; el del Palau, que involucra al partido del Gobierno de la Generalitat; y el de la militancia política ocultada por un miembro del Tribunal Constitucional, posteriormente elegido presidente del más alto escalón jurídico institucional) han hecho que colectivos políticos y sociales exijan la dimisión de los altos cargos afectados.

Centrándonos (por economía de espacio, dado que los argumentos sirven para todos) en el caso del presidente del Gobierno, se puede comprobar que lo que ha fallado son los mecanismos democráticos de rendición de cuentas, de explicación razonada de los hechos de los que le responsabilizan. O, mejor expresado, los fallos se deben a los responsables que se han negado a rendir esas explicaciones.

Las acusaciones de haber instalado una trama económica que benefició a su partido, y directamente a sus dirigentes, no son obra de adversarios políticos deseosos de rebajar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, no, son acusaciones formuladas directamente por el responsable económico del partido del Gobierno. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno se haya negado –los diputados de su partido llegaron a votar en contra– a comparecer ante la Cámara? Se ha tenido que recurrir al anuncio de la presentación de una moción de censura para que haya aceptado su presencia ante el Congreso de los Diputados, el órgano que protagonizó la investidura del presidente y al que se debe en primera y última instancia. Aun así se ha pretendido confundir, pervertir, la comparecencia disfrazándola de un debate sobre el estado de la economía.

ante las acusaciones de un acto ilegal todo ciudadano conoce dos principios que le protegen: la presunción de inocencia y la obligación del acusador de probar la acusación.

En la vida política estos principios no funcionan de la misma manera. La simple acusación genera una “especial condena”, el desprestigio de aparecer como sospechoso del delito en los medios de comunicación y el aprovechamiento de los adversarios políticos, que no dejan margen alguno a la posible inocencia.

En cuanto a la carga de la prueba, para la actividad política se invierten los términos, no es al acusador a quien se le exige aportar la prueba, es el acusado quien está obligado a demostrar su inocencia, y si no puede hacerlo habrá de abandonar la responsabilidad política. Ello no es óbice para que penalmente sea declarado inocente.

Así funcionan los mecanismos de acusación y defensa en la esfera política, y aquel responsable que se niegue a aceptarlo se atrincherará en una posición acorazada que no resiste el límite de exigencia de la democracia.

Si el presidente del Gobierno está complicado en una trama económica –y esto es lo que dice y subraya con documentación el propio tesorero de su partido–, si el presidente ha mentido a todos negando algunas evidencias, como el cobro de sueldos añadidos, si el presidente del Gobierno se ha negado reiteradamente a acudir al Congreso de los Diputados a dar cuenta de sus actividades, el presidente no puede continuar ejerciendo el cargo sin grave menoscabo del consenso social en el que se debe apoyar el sistema democrático de convivencia.

España necesita urgentemente que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones. Probablemente no será posible esa recuperación sin una práctica normal del abandono de la responsabilidad política de aquellos que defraudaron la confianza. La dimisión es necesaria.