Celebración a la española

En estos días se han cumplido 35 años de la aprobación de la Constitución que en 1978 logró cerrar un ciclo de enfrentamientos entre los españoles, dos siglos de guerras civiles, pronunciamientos, golpes de Estado, asonadas; y consiguió terminar con una larga dictadura. Significó también una ruptura con la historia del constitucionalismo español, en la que los vuelcos pendulares de Constituciones conservadoras y progresistas buscaban prescindir de media España en los proyectos del futuro de la nación. Con el bagaje histórico conseguido por la Constitución de 1978 se podría pensar que el cumplimiento de 35 años de vigencia merecería una celebración. Ha resultado más bien lo contrario, la efeméride ha estado rodeada de una práctica negación del texto constitucional, para unos, por su carácter de inservible ya; para otros, por la urgencia de una “profunda reforma”; para los de más allá, por una defensa basada solo en el criterio de oportunidad.

Un enfoque justo e imparcial de la vigencia real de la Constitución debe contar con la sinceridad de los opinantes y debe arrojar al abismo la ambigüedad sobre la que se basan muchas de las apreciaciones.

¿Es aceptable que se quiera reformar la Constitución? Sí, claro. ¿Lo es que se considere innecesaria o inoportuna la reforma? Sí, también. No tiene mucho sentido la descalificación (por irresponsable) de los que proponen la modificación, ni la de (por inmovilista) los que no ven la conveniencia de su reforma.

Observemos cuáles son los argumentos de los unos y de los otros, consistentes algunos, infundados otros.

Algunos afirman que ha llegado la hora de reformar la Constitución porque “han pasado muchos años” desde su aprobación; otros, que “hay muchos españoles que no pudieron votarla” por no tener edad e incluso por no haber nacido cuando se aprobó; aún hay otros que aseguran que “cada generación debe tener su Constitución”. Con el mayor respeto a los que piensan que estos argumentos son válidos, debo expresar mi posición contraria. Una Constitución se reforma cuando deja de servir a los objetivos para los que se creó. Si la sociedad ha cambiado de manera sustancial los principios permanentes que identifica y protege una Constitución, esta debe ser modificada para que recoja los nuevos pilares básicos de la sociedad.

Si hicieran un ejercicio de sinceridad plena, los políticos, periodistas e intelectuales deberían reconocer que ya olvidaron los asuntos que hasta hace muy poco parecían exigir cambios en la norma fundamental (discriminación por sexo en la sucesión de la Corona, mención de pertenencia a la Unión Europea, identificación nominativa de las comunidades autónomas y cambios en el Senado para que cumpla el mandato constitucional de ser una cámara de representación territorial). Estos cambios han pasado a segundo plano. Hoy la petición de reforma constitucional viene arrastrada por la decisión de un Gobierno autonómico, el de Cataluña, que ha impulsado en la comunidad autónoma una campaña ideológico-cultural que condujera a la población a creer que un enemigo exterior, España, actúa para “aniquilar” a Cataluña, después de robarla, expoliarla y atacarla a través de toda la historia.

Que personas sencillas, ante el bombardeo del Gobierno autónomo, de sus asociaciones, de los canales de televisión, las radios y los periódicos, puedan creer tales patrañas no es difícil entenderlo, pero escuchar a personas ilustradas que tienen la responsabilidad de la educación universitaria interpretar la historia reciente en clave de “España contra Cataluña”, incluyendo la Guerra Civil de 1936 como una guerra de España contra Cataluña, resulta una aberración tal que hace pensar en la Europa de los años 30, cuando se forjó una ideología totalitaria que cubriese la ignominia.

Treinta y cinco años después, el nacionalismo orgánico apoya la autodeterminación, olvidando que hace 35 años, cuando la autodeterminación fue planteada en el debate constitucional, los nacionalistas no apoyaron ese “derecho”.

Ahora se anuncia un referéndum de autodeterminación (se le llama “derecho a decidir”) con fecha y preguntas (capciosas, como todos han señalado, salvo los iluminados con el proceso) al mismo tiempo que se reconoce por los convocantes que no pueden hacerlo. Para dar una imagen de normalidad y legalidad solicitarán al Congreso de los Diputados la autorización necesaria para su convocatoria, pero antes ya han fijado la fecha y las preguntas. ¿Creerán estos que todos los demás son tontos? Las reacciones a esta alocada operación, pilotada por un político que ya es consciente de su suicidio político, que se consumará en unos comicios que llama “plebiscitarios” y que llevarán al desastre electoral a su partido (¡vaya estratega!), se mueven en tierras de ambigüedad calculada.

El Gobierno de España, bastante pasivo hasta ahora, rechaza el proceso por razones de oportunidad (“ahora toca salir de la crisis”); el principal partido de la oposición, tras advertir acertadamente de la triple fractura que están produciendo los dirigentes nacionalistas, “fractura entre catalanes, de Cataluña con el resto de España y de Cataluña con Europa”, basa su estrategia en una reforma de la Constitución hacia el federalismo, que puede ayudar a organizar mejor la estructura del Estado, pero que no disipa las dudas de que pueda aplacar el delirio nacionalista.

Y están también las múltiples opiniones emitidas en los medios de comunicación que vienen a considerar inconveniente el desafío soberanista pero piden que se ofrezca alguna salida que no sea la de la defensa de la ley. Se llega a advertir de la gravedad de la respuesta a una hipotética declaración unilateral de independencia. No señala la gravedad de la ruptura de la convivencia que supondría una declaración de independencia, no, solo advierten de la gravedad de las decisiones que contra tal acto de rebelión antidemocrática pudiera adoptar el poder democrático.

no se podría pensar en una escena más surrealista de celebración de los 35 años de libertad que ha proporcionado la Constitución de 1978. La situación exige planteamientos serios y hablar con sinceridad, sin tapujos. En España, ¿hay muchos, que no estén bajo la presión manipuladora del nacionalismo orgánico, que crean que Cataluña va a ser independiente? No parece. El nacionalismo orgánico, hábilmente, ha logrado hacer pasar que el conflicto se plantea entre España y Cataluña, pero no es verdad, el conflicto viene de la acaparadora apetencia del nacionalismo orgánico de exigir sometimiento, sumisión de todos los catalanes a su ideología.

El paroxismo místico del nacionalismo orgánico atenta una vez más contra la estabilidad de un pueblo que ya ha sufrido bastante durante los dos últimos siglos, víctima de intereses inconfesables cubiertos de ideologías redentoras.

Alguna vez tendría que detenerse el afán autodestructivo de los españoles. Lo intentaron en 1978, hace ahora 35 años, pero aparece de nuevo la amenaza de la disgregación. Los demócratas deberían estar advertidos.