No está el país para tanto trote
Si no hay sorpresas o un ataque de sentido común, hasta septiembre estaremos sin nuevo Gobierno al que culpar.
Cada vez que necesito un baño de realidad acudo a él. Es uno de los tipos mejor informados y menos sectarios que conozco. Sigue en un cargo institucional y no quiere que le acusen de catastrofismo. No lo pide, pero yo sé que prefiere mantener el anonimato, aunque tampoco le importa demasiado que averigüen su identidad. Ya no tiene edad para andarse con más metáforas que las estrictamente necesarias. Así que habla con la claridad que en él es habitual, sin dejarse nada, o casi nada, en el tintero.
“La política a lo que puede aspirar es a ordenar el caos”, dice de pronto. Y es algo muy parecido al caos lo que va desgranando. Escuchándole, uno piensa en el tiempo precioso que está perdiendo este país después de que las urnas señalaran con claridad el camino a seguir y los responsables políticos le dieran la espalda a la única salida posible al bloqueo actual. Cualquier Parlamento democráticamente adulto hubiera elegido la gran coalición, en este caso a tres (252 diputados), para afrontar la que se nos viene encima. Pero, hay que resignarse, todavía no hemos alcanzado el nivel de madurez necesario para anteponer el interés general a la táctica personal. Y en el ínterin, el dinero volando a otras latitudes: 19.000 millones solo en diciembre pasado. Debiéramos empezar a rezar para que unas nuevas elecciones clarifiquen el panorama.
Pero volvamos con nuestro hombre. Despacio, sin alzar la voz, enumera nuestros problemas de fondo. Primero, el contexto: “Europa contabiliza al 7% de la población mundial y consume el 50% del gasto social del planeta. Y lo que apunta la economía global es que aquí, en el Viejo Continente, y desde luego en España, ya no estamos en la fase de preservar el Estado de bienestar, sino en la de aliviar el Estado de malestar. Las tres vigas maestras –pensiones, sanidad y educación– están agrietadas”.
Algunos datos que ilustran esta afirmación. Pensiones: no hace mucho en España la población activa prácticamente duplicaba a la pensionada. Los datos de 2015 indican que en nuestro país este ratio se ha desmoronado: 17,5 millones de ocupados frente a 13 millones que perciben algún tipo de pensión o ayuda. En algunas comunidades autónomas la relación ocupados-pensionistas es inferior a uno por uno. En Europa, de seguir este ritmo, en 2050 el número total de trabajadores en activo se habrá reducido en 48 millones y el de personas en edad de jubilación aumentará en 58 millones.
Rescatar a la gente.
Los negacionistas del enorme problema futuro de las pensiones se parecen cada día más, en su obcecación, a los del cambio climático. Pero las cifras también son tozudas: en España, la media de edad de jubilación ha descendido 9,1 años en las cuatro últimas décadas y la esperanza de vida ha hecho el camino opuesto, aumentando en 7,5 años. Añadamos a eso la muy negativa influencia que va a tener la robotización en la capacidad de gasto de las personas activas. Los cálculos más solventes no se atreven a concretar el impacto de la robótica en los sueldos de los trabajadores, pero la horquilla que pronostican es para echarse a temblar (ver recuadro).
Mi interlocutor sigue desmenuzando información. En España, apunta, hay unos 2 millones de parados de más de 45 años y tres de cada cuatro solo tienen educación primaria. “¡Hay que rescatar a la gente!”, exclama. ¿Cómo?, le pregunto. Tiene la respuesta a punto: “Primero, imprescindible, asegurando el crecimiento; después, buscando nuevas fórmulas para preservar la protección; y paralelamente acabando con la dispersión normativa, recuperando la lealtad entre administraciones”. Le pido un ejemplo, y aprovecha para entrar en materia educativa: “El 60% de los niños que hoy están en la guardería estudiarán una carrera que hoy no existe. En España hay un desajuste brutal entre lo que se estudia y lo que la sociedad necesita, pero cada cual hace lo que quiere”.
Para acabar le pido opinión sobre el sistema sanitario: “Requeriría un test de estrés, como los bancos. La ausencia de mecanismos de coordinación y de economía de escala es tremenda. Aquí también la falta de cooperación y de lealtad institucional es evidente. Hay comunidades que gastan 1.900 euros por habitante y año en materia sanitaria y otras no llegan a 1.200. No existe un diagnóstico concertado de país. Ni en esto, ni en pensiones, empleo o educación”.
“Diagnóstico concertado de país”. Suena bien, pero va a ser que no, que es mucho pedir. Que todos, no solo los políticos, preferimos mirar para otro lado. Mientras nos despedimos pienso en la falta que hace gente que se atreva a contar la verdad, y en lo incómodo que va a resultar para nuestras conciencias que tengamos por delante aún siete meses sin un Gobierno al que poder echarle la culpa.


