La inutilidad del veto como arma política

Solo unos días antes de que el próximo 26 de junio celebremos la falsa “segunda vuelta” de las generales de diciembre se habrán cumplido 39 años de las primeras elecciones democráticas convocadas tras la muerte de Franco. Las ganó Unión de Centro Democrático (UCD), un conglomerado de ideologías no siempre compatibles pero guiadas por personas que en su mayoría tuvieron muy claro el orden de prioridades que exigía aquella especialísima circunstancia histórica. El Parlamento que salió de las urnas el 15 de junio de 1977 fue el encargado de redactar la Constitución más longeva de la historia de nuestro país. Un texto lo suficientemente prolijo como para que a nadie debiera resultarle extraño que, transcurridas casi cuatro décadas desde su aprobación en referéndum, sea aconsejable un aggiornamento que le permita afrontar con garantías otros cuarenta años de vida útil.

Sin embargo, los acontecimientos de esta legislatura y de parte de la anterior no han sido precisamente los más propicios para plantear con el necesario sosiego las reformas que a todas luces necesita la Carta Magna. Uno de los efectos de la crisis ha sido precisamente el de provocar una alteración de la realidad lo suficientemente profunda como para que lo urgente haya desplazado a lo importante durante mucho tiempo. El resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre es un reflejo de esa deformación, la traducción de la alarma que el shock
 financiero desencadenó en todas las
 capas de la sociedad española. En 1977 se produjo una ocasional confluencia
 de intereses; a partir de 2011 lo que nos pasó es que la crisis originada por las malas prácticas de una parte de la banca provocó la reaparición de la lucha de clases, esta vez estrechamente ligada a un fenómeno que muy bien podríamos calificar como brusco desencuentro generacional.

No estamos ante una rareza española, pero sí ha sido nuestro país, con niveles de paro juvenil inasumibles, donde con mayor intensidad se han apreciado los efectos de este terremoto político. Lo anómalo no es por tanto el resultado del 20-D; lo anómalo son los antecedentes que ocasionaron la dispersión del voto y la gestión que se hizo después de conocido el resultado. El culpable del espectáculo poco edificante al que hemos asistido no es un modelo que ha funcionado razonablemente bien durante casi cuarenta años; son las personas las que no han estado a la altura de las circunstancias. Más que nunca, los españoles votaron en diciembre con la cabeza. Un buen ejemplo es la transversalidad del voto que fue a Podemos y que ahora aspiran a recuperar, al menos en parte, otros partidos, incluido el PP. El voto de castigo es probablemente la opción más meditada, de ahí que el resultado del 20-D, en lugar de la caricatura que lo presenta como un engendro inmanejable, haya sido uno de los más elocuentes ejercicios de libertad individual al que hemos asistido desde 1977.

Circunstancias excepcionales

Cosa distinta es la influencia que ha tenido el deterioro de la calidad media de nuestra clase política en el manejo de ese ejercicio de libertad. Deterioro al que hemos contribuido todos, políticos, prensa y ciudadanos. Desde una perspectiva europea –y no solo–, uno de los más estridentes síntomas de ese desgaste cualitativo es la ausencia de diálogo entre los dos grandes partidos. Bien está que se argumente que tan importante es tener un buen Gobierno como una eficaz oposición y que la llamada “gran coalición” puede vaciar de contenido el papel del Parlamento. Pero también es defendible la necesidad de unir temporalmente fuerzas en circunstancias excepcionales.

El patético reduccionismo que muchos aplican a la coalición puntual entre dos formaciones que se dicen “nacionales”, es una muestra de la mediocridad en la que nos hemos cómodamente instalado. “España no es Alemania”, ha dicho Pedro Sánchez. Y tiene razón: Alemania no tiene el paro de España; Alemania no acumula la deuda de España; Alemania no tiene un problema territorial de la gravedad del español.

El líder del PSOE acertó al prestarse a intentar formar Gobierno; se equivoca al mantener el veto al Partido Popular. Las grandes coaliciones deben ser excepcionales, y España sigue viviendo un momento excepcional. Si los resultados del 26 de junio son similares a los de diciembre, un pacto a plazo fijo entre PP y PSOE no debiera despreciarse. Puede que no sea necesario, que el dibujo del Parlamento sea lo suficientemente nítido para identificar y diferenciar con claridad a Gobierno y oposición. Pero si así no fuera, los dos partidos que han gobernado España en estos 39 años tendrán que asumir su responsabilidad. Y ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy tendrán la suficiente autoridad moral para impedirlo; para seguir confundiendo lo urgente con lo realmente importante.