La campaña de los 8.000 millones

Una de las más notables simplezas que pudimos leer en el Manifiesto de economistas aterrados (Barataria), que en 2010 perpetraron cuatro economistas franceses, fue aquella que afirmaba: “Corresponde a los ciudadanos, y no a los expertos, determinar colectivamente, mediante deliberación democrática, los objetivos de la actividad económica, los criterios de su eficacia y los medios para alcanzarlos”. La crisis ha creado monstruos y entre ellos muchos profetas del pasado, que es como los economistas más descreídos describen la disciplina en la que se desenvuelven. Askenazy, Coutrot, Orléan y Sterdyniak, los autores del Manifiesto, viven de los presupuestos públicos. Sus sueldos salen de los impuestos que pagan los ciudadanos franceses. El conocimiento que tienen del funcionamiento y los problemas reales de las empresas y de sus trabajadores no trasciende en casi ningún caso lo estrictamente teórico.

A los economistas aterrados les ha contestado recientemente en un artículo publicado en El País el que fuera su director, Joaquín Estefanía: “Para frustración ciudadana, otro Gobierno no desembocará en otra política económica, so pena de abrir una fuerte tensión con Bruselas y con los líderes del club al que pertenecemos voluntariamente, el euro, de consecuencias difíciles de pronosticar”. O sea, que para desarrollar políticas económicas que no ocasionen ulteriores desperfectos en las economías domésticas de los atribulados contribuyentes conviene llevarse bien con quien te puede sujetar si te caes. Lo que sostiene Estefanía es una obviedad que vamos a ver cuestionada muchas veces durante la campaña electoral: que no hay posibilidad alguna de desarrollar una política económica propia sin antes cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Es decir, que España, sea cual sea el Gobierno que salga de las urnas el 26-J, no podrá en ningún caso aplicar la política económica que de seguro elegirían los ciudadanos, si pudieran, “mediante deliberación democrática”, sino la que está obligada a implementar si quiere seguir siendo un socio fiable de la UE.

La primera conclusión que se extrae de esta impepinable regla de tres es que toda afirmación o promesa que se realice durante la campaña, y no tenga en cuenta evidencia tan meridiana, o está formulada por un embustero, o es fruto de alguna mente novelesca. Aunque, bien pensado, también hay que considerar una tercera hipótesis: la del populismo –igual da que sea de izquierdas o de derechas– que amplía sus filas fomentando el antieuropeísmo más destructivo. Este es el terreno en el que se desenvuelven como pez en el agua todos los partidos de ultraderecha europeos o los partidarios del Brexit en el Reino Unido. Primos hermanos todos ellos de un Donald Trump cuyas crecientes posibilidades de llegar a la Casa Blanca son un palmario ejemplo de los riesgos que puede acarrear la delegación asamblearia de las decisiones más trascendentes. Como apuntaba John Carlin en la regla número 5 de su particular guía de campaña, nunca hay que subestimar la ignorancia del votante.

No valen trampas

A Mariano Rajoy le han afeado partidos y sindicatos la carta que envió al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, comprometiendo nuevas medidas de austeridad pasadas las elecciones de junio. El presidente español, en funciones, no quería que le explotara en plena campaña la previsible multa de la UE por incumplir el objetivo del déficit. Desde ese punto de vista, las críticas están plenamente justificadas. La maniobra de Rajoy es manifiestamente electoralista. Pero si ampliamos el foco interpretativo, habremos de convenir que la carta a Juncker es también la obligación institucional del presidente de un país con el que la UE está teniendo una infinita paciencia. Bruselas ya le ha dicho a España que, con Rajoy o sin Rajoy, toca recortar 8.000 millones más antes de que acabe 2017, y la cuestión no es discutir el cuánto, que es difícilmente negociable, sino el cómo.

Para no aburrir más de la cuenta al personal, los partidos políticos podrían centrar la campaña en decirnos de qué partidas piensan recortar esos 8.000 millones. No valen trampas, como decir que no se está de acuerdo con la cifra fijada por las instituciones europeas y pasar página. Dígasenos el dónde y el porqué. ¿De los presupuestos destinados a infraestructuras? ¿De Defensa? ¿De Cultura? ¿De Sanidad? Ese es nuestro único margen, al menos hasta que aprobemos la reválida: decidir dónde metemos el cuchillo. Algunos, como Estefanía, creen que las exigencias de la UE suponen un estrechamiento de la democracia. Otros pensamos que España nunca superará sus extraordinarios desequilibrios estructurales sin antes recuperar del todo la posición de socio fiable en la UE. ¿Conseguiremos saber en esta campaña lo que a este respecto opinan los partidos políticos?