Fundamentalistas del independentismo, demócratas accidentales

El título de este artículo lo he tomado prestado de otro que, bajo el título “Si no es legal, no es democrático”, firmaba Lluís Bassets en El País el mismo día que daba comienzo el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Bassets es un profundo conocedor de la sociedad catalana, y este párrafo resume bastante bien la tesis de su análisis: “Quienes han osado esta aventura es evidente que son fundamentalmente independentistas –es decir, fundamentalistas del independentismo– y solo accidentalmente demócratas, puesto que parecen dispuestos a sacrificar lo que haga falta por la independencia, incluyendo la autonomía catalana y las libertades y la democracia de todos”.

Bassets y otros analistas catalanes han desgranado estos días, con claridad no exenta de ciertas dosis de valentía, el diagnóstico de una situación explosiva a la que se ha llegado a través de la deformación de principios básicos en una democracia y la conculcación de las mínimas obligaciones por parte de quienes se dicen demócratas. He echado en falta, sin embargo, una mayor profundidad en el examen de las causas pretéritas que nos han traído hasta aquí, a un paso del choque de trenes y en medio de lo que otro articulista catalán ha definido como un “paisaje político lleno de ruinas”.

Este, como bien dice Bassets, no es un problema de relación con el Estado (la independencia), ni es tampoco un problema de democracia (el derecho a decidir), “es un problema de libertades individuales y de derechos fundamentales, que afecta a los valores y principios que rigen en una sociedad democrática”. Valores y principios cuyo proceso de deterioro viene de muy atrás, pero apenas se dice. Esa es la laguna que falta por llenar en los análisis de estos días, la que señala sin asomo de duda el momento histórico en el que la democracia recuperada empezó a perder pie en Cataluña.

Son pocos los que se han atrevido en territorio hostil a recordar aquel nefasto suceso que blindó a Jordi Pujol frente a las obligaciones del Estado de Derecho, aquellos días aciagos en los que la senyera sirvió para tapar las vergüenzas, y algo más, del primer personaje público que descubrió en la Transición, como ha recordado Francesc de Carreras, el extraordinario poder hipnótico del populismo. Banca Catalana fue intervenida por el Banco de España en noviembre de 1982. En mayo de 1986, casi cuatro años y 65.000 folios después, finalizó la instrucción del caso, que vino a constatar la ruina de miles de ahorradores y a aflorar indicios suficientes para inculpar por mala gestión y, en algunos casos, por enriquecimiento ilícito a 18 exconsejeros de la entidad, entre ellos Jordi Pujol.

Historial oscuro

Pero no fue precisamente eso lo que ocurrió. En noviembre de 1986, en el Pleno de la Audiencia de Barcelona, solo ocho de los 41 magistrados presentes votaron a favor del procesamiento de Pujol. Aquella Justicia española, en contraposición a la actual, ni era ilegítima, ni actuaba siguiendo consignas políticas. Y, sin embargo, el rastro que aquel escándalo ha ido dejando a lo largo de los años apunta justamente en la dirección contraria. Lo que sucedió entre noviembre del 82 y el mismo mes del 86 forma parte del historial más oscuro de la Justicia patria, pero se han reconstruido suficientes episodios como para abonar la abominable teoría de una discreta y selectiva compra de votos.

En algún medio de comunicación catalán se ha calificado el juicio a Mas, su vicepresidenta y su consejera como una “anomalía democrática”, sin caer en la cuenta, o más bien sin querer caer, de que la Justicia en Cataluña lleva instalada mucho tiempo en otro tipo de anomalía, la que conecta directamente el ejercicio del poder con una extensa red de financiación paralela diseñada en el principio de los tiempos y con gran capacidad de extorsión.

Hablaba Bassets en el artículo antes citado de un “independentismo decente” al que pedía no avalar este “golpe de mano”. Yo no sé si hay un independentismo indecente, pero lo que es seguro es que el independentismo no parece dispuesto a asumir la completa realidad de un fenómeno que hunde sus raíces no solo en reivindicaciones más o menos discutibles pero legítimas, sino también en la necesidad de contrarrestar con medias verdades, groseras manipulaciones y fondos públicos puestos al servicio de una gran fábula, la acción de una Justicia que, afortunadamente, está haciendo su trabajo persiguiendo eficazmente a los corruptos en Madrid, Valencia, Murcia y en el entero mapa español, Cataluña incluida, como líder indiscutible que es del ranking de la corrupción, con 303 personas enviadas a juicio en el último año por tal motivo.