Cataluña: del choque de trenes al desacuerdo pactado

La última vez que Convergència i Unió le echó un pulso a Europa fue en la campaña del referéndum de la OTAN que el Gobierno de Felipe González convocó en marzo de 1986. En el libro El virrey  (Planeta, 1994) José Antich reproduce una conversación del 21 de septiembre de 1985 entre Jordi Pujol y el conseller de Agricultura, Josep Miró Ardèvol, en la que el president le dice a éste: “Miró, escúchame. Te he dicho que en el referéndum tiene que salir que no”. El consejero, cuenta Antich, es un atlantista convencido y “lleva semanas postulando ante Pujol que si Convergència deja libertad de voto a sus simpatizantes será un error. (…) Lo que está en juego, según Pujol, no es la permanencia en la OTAN, sino debilitar a los socialistas”. A partir de este comentario la conversación se desarrolla de la siguiente manera:

–“¿Y la coherencia, presidente? –replica Miró–. Nosotros hemos sido atlantistas siempre. En Europa nadie lo entenderá; los americanos tampoco.

–Da lo mismo, da lo mismo –responde Pujol–. Te he dicho que tiene que salir que no. La política, muchas veces, es ilógica. Hemos de demostrar que Cataluña es diferente. No lo podemos decir públicamente, pero hemos de trabajar para que salga no a la OTAN.

–¿Y si con nuestra actitud en Cataluña, en el conjunto de España gana el no?

–Eso no pasará. El Gobierno lo tendrá todo controlado. Ya cuentan con que aquí no irá como en Andalucía o en Extremadura. Cataluña es diferente. Y si no disponemos de tanta autonomía como el País Vasco es porque no tenemos tantos cojones como ellos”.

“Es el Pujol más radical, inmerso aún en la batalla con el Gobierno socialista por la querella de Banca Catalana”, escribe tras la transcripción del diálogo el exdirector de La Vanguardia. Tres años después Jordi Pujol aspira a la presidencia de la Asamblea de las Regiones de Europa. “El presidente catalán recorre media Europa en busca de avales. (…) No hay nada que hacer. Alemanes, italianos y franceses no están por la labor. La sombra de su actuación en el referéndum queda aún demasiado cerca” (pág. 201).

Debilitar al Gobierno de España: una constante de la lógica nacionalista. Responder a las actuaciones judiciales con medidas de presión política: un hábito asiduamente practicado por la élite nacionalista catalana –y no solo catalana, cierto– que tiene a algunos de sus mejores intérpretes en la familia Pujol. Pero ni lo uno ni lo otro parecen tener un gran efecto ahora. Menos aún tras haberse constatado el escepticismo, cuando no el rechazo abierto, de la comunidad internacional en general, y la Unión Europea en particular, a las intenciones secesionistas del nacionalismo catalán.

Evitar el choque frontal.

Tras el inicial desconcierto, la estrategia de Mariano Rajoy parece haber entrado en una fase en la que se combina la firmeza basada en el respeto a la legalidad y una mayor propensión a utilizar las herramientas de la política. Los que han hablado de este asunto con Rajoy coinciden en que junto a la normal preocupación se detecta en el presidente del Gobierno una mayor predisposición a estudiar fórmulas que eviten el choque frontal. Pero avisan: “Si no le dejan otra salida, Rajoy utilizará los mecanismos constitucionales para hacer cumplir la ley”, lo que incluye la activación del artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Palabras mayores sobre cuya aplicación práctica existen profundas discrepancias en el lado constitucionalista. Alfonso Guerra ya dijo en su día que, en su opinión, la Constitución no permite al Ejecutivo suspender ninguna Comunidad Autónoma, pero que el Código Penal sí establece claramente lo que se ha de hacer en caso de prevaricación o desobediencia. Este criterio no es compartido por expertos de Derecho Constitucional, más proclives a hacer una interpretación más amplia y flexible de este artículo en lugar de abrir las compuertas de las leyes ordinarias, lo que reduciría extraordinariamente las opciones de alcanzar un arreglo político.

Hace un par de años, la perspectiva de suspender la autonomía catalana –o anular algunas de sus competencias para “la protección del interés general”–, habría sonado a política ficción. Sin embargo, en el momento presente esta es una de las hipótesis no descartables, meditada y discutida no solo en el PP sino en sectores muy influyentes del Partido Socialista que, llegado el momento, pedirían que se respaldase al Gobierno, persuadidos como están de que la irrupción de Podemos es un síntoma más del debilitamiento del Estado que siempre han perseguido los nacionalistas.

Pactar el desacuerdo.

Por otra parte, la aparición de grupos influyentes contrarios a la separación de Cataluña que reclaman al Estado “que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla” (Vargas Llosa y otros) o las manifestaciones de la franja situada a la derecha del PP pidiendo a Rajoy que meta en la cárcel a Artur Mas (Santiago Abascal), configuran un delicadísimo escenario que solo puede enfriarse cerrando el conducto del gas. Rajoy parece dispuesto a colaborar para que Mas baje la presión de la caldera, y diríase que el president empieza a asumir, también por razones partidarias –ERC se confirma como el gran beneficiario de la situación en detrimento de CiU–, la urgente necesidad de buscar un puerto donde amarrar, a resguardo del temporal, la nave convergente. Su oferta de aceptar cambios en la fecha y el texto de la consulta si Rajoy acepta su celebración, puede parecer más de lo mismo, incluso una proposición que suena a trampa, pero no deja de ser un paso que debiera analizarse con suma atención, en tanto que sugiere la disposición del presidente de la Generalitat, por primera vez en estos largos meses, a tomar cierta distancia con su socio Oriol Junqueras y la ingobernable Assemblea Catalana.

En este contexto, difícil pero con algunas señales de cordura, no es aceptable que la entrevista entre ambos dirigentes se salde con un estrepitoso fracaso. Más aún: sería irresponsable que, cuando menos, Mariano Rajoy y Artur Mas no fueran capaces de pactar un razonable desacuerdo. Hasta el momento, ha sido Rajoy el que ha utilizado el tiempo como principal baza política. Y ahora es probablemente Mas el que necesita ampliar los plazos. La incógnita es si queda todavía margen para echarle una mano.