64 días que marcarán décadas

Los próximos meses van a marcar el futuro de los españoles como ningún otro período de nuestra historia reciente. Entre el 27 de septiembre y el 29 de noviembre de 2015 (fecha muy probable para las generales), el país, más allá de las repercusiones internas, se juega esencialmente una cosa: fortalecerse como potencia internacional o pasar a convertirse definitivamente, y por largo tiempo, en un actor secundario.

El 27-S no solo va a ser un termómetro fiable del nivel de la fiebre independentista en Cataluña. El resultado y la posterior gestión política del mismo –que solo será evaluable en su totalidad tras conocerse otro resultado, el de las generales de noviembre– pueden dar paso a un largo tramo de decadencia social, política y, desde luego, económica o, por el contrario, reactivar las opciones de que el viejo Estado que algunos cuestionan salga fortalecido si supera el pulso del nacionalismo y pone en marcha las reformas políticas y económicas que la crisis ha evidenciado con nitidez como inaplazables. Todo intento de modificar de forma no pactada el statu quo de un territorio integrado en un Estado soberano, abre un proceso largo, doloroso y a veces inacabable. Si la lista única independentista venciera con claridad el 27-S, estaríamos en presencia de un doble conflicto: el interno, con el inevitable choque entre los que se considerarán legitimados para dar el siguiente paso (¿declaración unilateral de independencia?) y aquellos que fuera de Cataluña exigirán su derecho a opinar; y el externo, en tanto que un precedente abiertamente opuesto a los objetivos de mayor corresponsabilidad y cesión de soberanía que inspiran el devenir de la UE, parece de imposible aceptación en la Europa de hoy.

Tampoco es una buena noticia para el frente secesionista la decisión de Alexis Tsipras de convocar elecciones anticipadas en Grecia. Y no tanto porque, si estas se celebraran también el 27-S, la coincidencia sería catastrófica para la “lista única” –en términos de propaganda–, sino sobre todo por el previsible efecto osmótico que pudiera tener en la sociedad catalana la simultánea visualización de una Grecia que, a pesar de todo, se sigue agarrando al clavo ardiendo del euro, y una Cataluña a las puertas de ser expulsada de la Unión.

El Plan C. Hay quien, desde un conocimiento profundo del nacionalismo conservador catalán y de sus principales actores, sostiene que aunque Artur Mas no desee perder, tampoco quiere ganar. El portazo de las instituciones europeas, la huida de capitales y empresas, y la pérdida de empleo, y otras “contraindicaciones” no menores, son consecuencias seguras que no hay dirigente político que esté en disposición de aguantar. Según esa teoría, , el empate “técnico” –ganar en escaños y perder en votos, por ejemplo–, ofrecería a Mas una vía de escape para plantear al Estado el Plan C: negociación bilateral y modelo de financiación exclusivo para Cataluña.

Existe otro plan, el de la derrota sin paliativos de las tesis independentistas, en absoluto descartable, si la respuesta ante el órdago se traduce en una afluencia masiva a las urnas. El independentismo ha convertido la cita autonómica en un experimento político del principio de Arquímedes, pero a la inversa, de tal modo que por cada punto de participación por encima de la media histórica, la presión secesionista será menor.

Si la afluencia a las urnas se aproxima al 80%, los expertos dan por amortizados a Mas y a Junqueras. Empezaría entonces otro partido, con caras nuevas –ya preseleccionadas–, un partido distinto, más aliviado, pero no sencillo. Sería dramático equivocar el diagnóstico; no dar respuesta a una pulsión que a punto estuvo de convertirse en inmanejable. La salida apunta a una reforma de la Constitución que ya todos parecen aceptar. Pero queda lo más difícil: la letra pequeña. No podemos caer de nuevo en el error del café para todos. Igualdad de derechos, y de oportunidades, sí; solidaridad interterritorial, sí. Pero también reconocimiento respetuoso de las diferencias; retribución del esfuerzo y la inteligencia; reivindicación y compensación del valor “deber” frente al valor “derecho”.

Nadie entrará de lleno en materia hasta después de las generales, pero será en los 64 días que van del 27-S al 29-N cuando sabremos si nuestros gobernantes y representantes políticos quieren ver más allá de sus narices y son capaces de ambicionar, en este complejo cruce de caminos, algo más que su propia supervivencia.

Cada equis tiempo conviene revisar los cimientos de los edificios de mayor antigüedad. España necesita una Constitución renovada y con garantías de permanencia. No es aparentemente esta la mejor promoción de arquitectos del país, pero otros tampoco parecían los más adecuados y el cemento que empastaron va para cuarenta años. Las dificultades son muchas, pero tendrán su oportunidad: la propiciada por un Parlamento más plural y legitimado que el actual en el que las diferencias ideológicas no debieran impedir una mayoría muy cualificada que aborde los cambios esenciales que promuevan la reconciliación de los ciudadanos con la política. Vivan en Santa Marta o en Figueras.