Última oportunidad para la paz

Cuando el día 18 de octubre de 2012 comenzaron formalmente las negociaciones del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una renovada esperanza, teñida de pulsaciones de optimismo, se extendió por todo el país. Esta vez, sí; esta vez será la definitiva, se decía en los cafés, en los ámbitos políticos y periodísticos, pero también en los sectores de la guerrilla. Las anteriores negociaciones habían terminado en sonoros fracasos o bien languidecieron por falta de interés y cansancio al constatar que no se producían avances.

Cuando el presidente José Manuel Santos llegó al poder el 7 de agosto de 2010, la determinación por poner fin al conflicto era una obsesión programática: su paso por la presidencia marcaría un hito histórico si lograba silenciar los disparos de la guerrilla más antigua del mundo, que floreció en la primavera guerrillera de Latinoamérica, a mediados de la década de los años sesenta del siglo XX, y que alcanzó su momento ideológico culminante en la Conferencia Tricontinental de La Habana, en enero de 1966, donde Fidel Castro proclamó que el camino para alcanzar el poder revolucionario era la creación y fortalecimiento de las guerrillas con el apoyo de los campesinos. Una utopía que pronto se vino abajo. Del 3 al 15 de enero de 1966, La Habana fue una hoguera revolucionaria avivada por un joven Fidel Castro que ya se había convertido en mito mundial, aunque solo llevaba siete años en el poder.

Manuel Marulanda, que todavía no recibía el apodo de Tirofijo, había fundado en la selva colombiana las FARC un año y medio antes. Marulanda se daba en esa reunión cinco años para tomar el poder en Bogotá. No lo logró, pero a pesar del fracaso tampoco abandonó el fusil, murió en el año 2008 siendo el guerrillero más antiguo del mundo. Su grupo tiene ahora el récord en la antigüedad guerrillera. Durante estos largos años de plomo y sangre el conflicto sumó siete millones de cadáveres. Esa ha sido la cosecha de la barbarie. Ahora, la cita en La Habana es diferente, allí han acudido los representantes del Gobierno y de las FARC para entablar unas negociaciones que deben traer la paz al torturado país. Según el Gobierno se sentaban a negociar para poner fin al conflicto, según las FARC acudían a negociar para buscar la paz con justicia social por medio del diálogo.

Cadáveres sobre cadáveres. El día que se sentaron a la mesa, las declaraciones de Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental, y las de Iván Márquez, portavoz de las FARC, coincidieron al decir que las negociaciones tenían como objetivo final lograr un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Se pensaba, y varios comentaristas lo escribieron, que sería cosa de meses. Que era la última oportunidad y no podían dejarla escapar. Ni unos ni otros. No fue así, los guerrilleros no respetaron la suspensión bilateral de acciones y el Ejército respondió con la máxima violencia. Los cadáveres seguían acumulándose sobre los cadáveres. El brigadier general Rubén Darío Alfate fue secuestrado y liberado unos días más tarde. El pasado mes de junio fue uno de los más violentos, estallaron bombas en la capital y un importante oleoducto en el departamento de Nariño fue volado, provocando la mayor catástrofe ambiental de la última década.

A la vista de los acontecimientos, el escepticismo volvió a prender en la opinión pública. Era frecuente escuchar voces populares reclamando patear la mesa de las negociaciones y regresar a los tiros. En realidad, los fusiles nunca han dejado de disparar. El presidente Santos se vio obligado a salir al escenario y relanzar el proceso, pero esta vez estableciendo un plazo de cuatro meses para poner a punto los acuerdos. La guerrilla ofreció un alto el fuego unilateral que comenzó hace unos días, el pasado día 20 de julio.

No es fácil poner punto final a una guerra enconada que dura más de cincuenta años. Es un trágico dolor encallecido. Hay muchos puntos conflictivos, especialmente los relativos a la inserción de los combatientes guerrilleros en la sociedad y, sobre todo, cómo se aplica la justicia a crímenes difíciles de encajar en el olvido, ya que las amnistías de tales crímenes están prohibidas por los códigos nacionales e internacionales. En el debate colombiano ha aparecido un novedoso término jurídico. La expresión “justicia transicional” se repite de una punta a la otra del país, la dicen los catedráticos de universidad, los taxistas y los camareros. Pero, ¿qué es la justicia transicional? El comentarista Daniel Cerqueira, la define así: “Es la herramienta mediante la cual una sociedad castigada por un pasado violento busca los medios jurídicamente posibles, políticamente viables y moralmente aceptables para que el mañana sea menos doloroso que el ayer”.

La gran dificultad va a ser la articulación de los guerrilleros en la vida civil y hacerlo conforme a los códigos nacionales e internacionales vigentes. Hay que echarle mucha voluntad política. Parece que Santos la tiene, esperemos que también la tengan las FARC.