Máxima tensión en Francia

Nadie sospechaba el pasado mes de febrero, cuando se filtraron los primeros rumores sobre las intenciones del Gobierno francés de cambiar la ley del empleo y de las relaciones laborales, que las tensiones y el rechazo con que fueron recibidos crecerían a lo largo de los meses y que llegarían hasta el campeonato de Europa de fútbol. Algo impensable, al menos para el Ejecutivo de Valls. Creían que la gran cita futbolística se celebraría en un pacífico clima social y perfectamente controlada la amenaza terrorista, pues la ley de emergencia promulgada a raíz de los atentados de noviembre de 2015 en París estará vigente hasta el próximo 26 de julio. El 9 de marzo, día de la presentación de la nueva ley por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, de 37 años, al ver la furia con que fue recibida se pudo sospechar que no se trataba de un episodio pasajero.

Se la conoce como Ley El Khomri, aunque popularmente también la llamen Ley Valls. La nueva regulación pretende reformar en profundidad el mercado laboral francés, flexibilizar la organización del trabajo, abaratar el despido y, según las circunstancias, romper el tope de las 35 horas laborables a la semana. Aunque se mantienen las 35 horas, se podrán cambiar si lo exige la competitividad. El artículo más polémico es el número 2, donde se dice que los convenios de empresa primarán sobre los sectoriales. Los primeros en rebelarse contra la regularización fueron los diputados situados en la izquierda del socialismo, apoyados por la militancia de ese sector. La alcaldesa de Lille, Martine Aubry, que cuando era ministra de Trabajo en 1998 logró sacar adelante la ley de las 35 horas semanales, protestó airadamente contra las intenciones del Gobierno de su partido y, junto a otros dirigentes, amenazó con abandonar los órganos de dirección. La contestación fue tan amplia que el Gobierno de Valls, con el respaldo del presidente François Hollande, se vio obligado a acudir al artículo 49.2 que le permite aprobar una ley sin el aval parlamentario. La aprobó por decreto-ley para evitar una derrota parlamentaria.

El enemigo número uno

La aspereza del clima político fue de tal tono que el Gobierno se vio obligado a someterse a una moción de censura, que terminó superando. Los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO) vienen luchando por la retirada total de la ley, mientras que la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) se muestra dispuesta a negociar. A lo largo de estos meses de conflicto, Philippe Martínez, de la CGT, se ha convertido en el enemigo número uno de la ley y en el martillo implacable de las políticas de Valls. Se han publicado fotografías suyas arrojando neumáticos al fuego en la barricada de una refinería. Martínez sostiene que la modernidad es el progreso social, más derechos y más seguridad para los trabajadores, de lo contrario retrocedemos al siglo XIX. Una amplia mayoría de franceses apoya la rebelión sindical. Valls se muestra dispuesto a suavizar algunos artículos de la ley, pero se niega a dialogar sobre el artículo segundo, ya que en su opinión deben prevalecer los acuerdos de empresa sobre cualquier otros. En esto le respalda el presidente Hollande, lo que contribuye a hundir su imagen en la opinión pública cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales, que ya tienen fecha: se celebrará la primera vuelta el 23 de abril del próximo año.

Los sindicatos mantienen el pulso al Gobierno, llaman a redoblar las movilizaciones y han convocado una gran manifestación el próximo 14 de junio, en plena Eurocopa. Valls ha admitido que los derechos de huelga y de manifestación son derechos absolutos, pero esta radicalización es inaceptable. Mientras los sindicatos consideran que la ley es inaceptable, la patronal dice que va por el buen camino porque considera que los cambios de las condiciones laborales son necesarios y deben ser refrendados cuando en la empresa desciendan los pedidos y la cifra de negocio, por los cambios tecnológicos y por reorganizaciones para mantener la competitividad. Desde el Gobierno consideran que la opinión pública se volverá contra los sindicatos si las protestas terminan afectando gravemente a la vida de los ciudadanos, especialmente durante el campeonato de Europa de fútbol. No está claro, cuál pueda ser la reacción ciudadana.

Diálogo de sordos

Los ciudadanos han aguantado mucho estos días, cuando los camioneros cruzaron sus vehículos en autopistas y carreteras y los piquetes bloquearon puertos y refinerías dejando de abastecer a una red de 4.000 gasolineras. En algunas ciudades los paros fueron violentos y hubo más de 80 detenidos. Por su parte el jefe del Ejecutivo ha dicho que no habrá retirada de la ley y Philippe Martínez le ha respondido desde la CGT llamando a la resistencia mientras el Gobierno no cambie de rumbo. No se puede bloquear Francia, grita Valls; pararemos el país si destruyen nuestros derechos, responde Martínez. Diálogo de sordos. La única buena noticia que ha recibido Hollande en los últimos tiempos ha sido que el paro, que ya había bajado en marzo, ha vuelto a bajar en abril.