El chico más odiado de la India

Estatura media, camisa gris y una toalla rosa enrollada en la cabeza. Esa es una de las pocas imágenes que se han publicado del menor de edad involucrado en la violación en grupo en un autobús de Nueva Deli en diciembre de 2012 de una chica que moriría semanas después en un hospital de Singapur a consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión. El caso conmocionó al país, trajo al debate público la violencia contra las mujeres y provocó el endurecimiento de las penas contra los agresores. Además, la última novedad que ha propiciado es el cambio de la Ley de Justicia Juvenil en India: los menores de entre 16 y 18 años de edad acusados de crímenes “atroces” podrán ir a la cárcel como adultos. El Parlamento aprobó el borrador a finales de diciembre, dos días después de que el joven saliese en libertad.

“Se ha cambiado una ley basándose en un caso concreto, cuando los hechos en contra de este chico eran muy débiles”, explica Shahbaz Khan, de HAQ: Center for Child Rights, una ONG que trabaja por la protección de los derechos de los niños.

Pruebas dudosas. En la sentencia, que es confidencial y a la que TIEMPO ha tenido acceso, la Junta de Justicia Juvenil reconoce que no se encontraron restos de semen del chico en la joven, ni se recogieron sus muestras dentales para cotejar con las mordeduras que presentaba la chica. Además, se admite que ni la víctima ni su compañero, principal testigo, nombraron al menor en sus primeras declaraciones a la Policía, y que el nombre de este fue revelado solo por Ram Singh, uno de los cinco adultos acusados, y para quien el joven trabajaba. El cadáver de Singh fue encontrado unos meses más tarde en prisión: supuestamente se había suicidado.

Amod Kanth, expolicía y fundador de Prayas, una ONG que gestiona uno de los centros de menores de Deli en los que el chico pasó seis meses a la espera de la sentencia de la Junta, afirma que “se ha demostrado que en un 30%-35% de los casos contra menores, estos son implicados por adultos, como ha ocurrido en este caso”.

El joven se declara inocente, e incluso víctima, y denuncia que Ram Singh dio su nombre como coagresor “para salvarse de la tortura de la Policía”, según declaró durante su juicio. Todas las fuentes consultadas admiten la participación del menor, pero advierten que no está tan claro el papel que desempeñó.

El chico, cuya identidad no puede conocerse por ley (pero cuyo nombre y lugar de procedencia los medios han publicado abiertamente) fue condenado a pasar tres años en un reformatorio, pena máxima, porque, según el Código Penal indio “cuando una mujer es violada por uno o más en un grupo (...) se considerará que cada una de las personas ha cometido la violación”.

¿El más brutal? La sociedad ya había sentenciado como culpable al chico mucho antes de que la Junta diese su veredicto y en ello ha sido clave el papel de los medios de comunicación. Desde el inicio, citando fuentes policiales, los medios publicaron que el menor de edad había sido el más violento del grupo, introduciendo una barra en las partes íntimas de la chica y produciendo las heridas que le causaron la muerte. “Pero lo cierto es que en su hoja de acusación, la Policía afirma que fue Ram Singh el más cruel”, dice Shahbaz Khan, que como asesor del caso ha tenido acceso a esta información, también confidencial.

A pesar de que la propia sentencia manifiesta que “es cierto que el joven está involucrado en el presente caso pero no hay pruebas que demuestren que fue el más violento o que causó el máximo daño”, los medios apenas se han hecho eco de este dato. Incluso hoy en día se sigue haciendo referencia al menor como el que actuara con mayor brutalidad de los seis acusados.

“Me gustaría saber de dónde sacaron entonces que él había sido el más salvaje”, se pregunta un magistrado que participó muy activamente en la defensa del menor, razón por la que prefiere permanecer en el anonimato.

Anant Asthana, abogado especializado en Derecho Juvenil, tiene una idea clara: pone a la Policía en el centro de la diana. Como antiguo miembro del Equipo de Asistencia Legal, un grupo de ayuda cuyo objetivo es paralizar y denunciar las detenciones ilegales de menores de edad cometidas por la Policía, afirma que la institución nunca ha sido capaz de respetar los derechos de los menores amparados por la ley. “El propósito de la Policía no era este chico, era la Ley de Justicia Juvenil”, cuenta desde su oficina en Nueva Deli.

Además sabe bien que la Policía ya intentó usar otros casos para poner a la opinión pública en contra de los menores de edad en conflicto con la ley, pero no llegaron a funcionar. “No podía haber habido un mejor caso que el de la violación en grupo del 16 de diciembre por la extrema brutalidad y la participación de un menor con 17 años y seis meses de edad. Es por eso que hubo un claro intento por parte de la Policía de manipular este caso. Y ha funcionado muy bien”.

El exdirector general de Policía, Amod Kanth, de Prayas, coincide en esta línea y “lamenta” tener que admitir que desde la Policía “querían cambiar la ley porque nunca la implementaron correctamente”. .