Una jueza de escándalo

El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, que dirigía Adelina Entrena, era un auténtico caos. Los descuidos, desatenciones y negligencias provocaron una cadena de fallos que condujeron al mantenimiento indebido en prisión durante más de un año del toxicómano José Campoy, y algo más de un mes a otros dos reclusos. En el caso de Campoy, la magistrada se olvidó de enviar a la cárcel el mandamiento correspondiente para que lo pusieran en libertad y ni su abogado de oficio ni el fiscal repararon en que Campoy seguía encarcelado pese a haber sido absuelto.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido que el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril tenía una especial carga de trabajo, aunque eso no justifica la actuación de su titular, que no tenía dispuesto ningún sistema efectivo de control de la situación de los presos preventivos a disposición de su juzgado ni de los penados.

La jueza, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y con dieciséis años en la carrera judicial a sus espaldas, nueve de ellos como magistrada, se dedicaba fundamentalmente a celebrar juicios, dictar sentencias y resolver recursos. Los demás asuntos los confiaba al resto del personal del juzgado. El riesgo de descoordinación y errores en ese sobrecargado juzgado era especialmente alto por la frecuencia de bajas de la magistrada, que dejaba frecuentemente su trabajo en manos de jueces sustitutos.

Dalmacio Martín Castro ejerció como juez sustituto en el Juzgado de lo Penal de Motril desde primeros de septiembre de 2005 hasta mediados de noviembre del mismo año. Cuando aterrizó en ese destino, se encontró con expedientes amontonados pendientes de resolución: “No había cabeza visible que dirigiera, los funcionarios de las ejecutorias dejaban notas a la magistrada y ésta devolvía notas indicando en algunas ocasiones que el asunto fuera resuelto por el sustituto ya que la jueza tenía programadas sus bajas”.

Ingresos hospitalarios

Algunos funcionarios del juzgado han señalado a su señoría como “una persona despistada y de salud débil” que estaba casi siempre de baja. Cuando fue citada a declarar el pasado mes de junio en relación a la querella criminal interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de haber mantenido por error 437 días en prisión a José Campoy pese a estar absuelto, aportó un certificado de que se encontraba ingresada en la clínica Centro Fundación Hogar Renacer de Córdoba, especializada en desintoxicación de adicciones y problemas psiquiátricos.

Las ausencias de Entrena fueron especialmente frecuentes a lo largo de 2006 e impidieron que ni los jueces que la sustituyeron al ser destinados a dicha plaza ni la propia titular al reincorporarse tuviesen conocimiento de las medidas de prisión adoptadas por unos o por otros. Ni siquiera los inspectores del CGPJ que inspeccionaron el juzgado un mes antes de descubrirse la situación irregular de Campoy detectaron dicha anomalía. La magistrada no ha alegado nunca en su defensa los problemas de salud que padecía y que según fuentes del CGPJ podrían haber sido tenidos en cuenta a la hora de determinar su sanción. Su abogado, Antonio Tastet, asegura que “nunca ha querido escudarse en su enfermedad” para justificar la situación en la que tenía el juzgado. En cambio no ha tenido reparo en echar la culpa a la secretaria judicial, al fiscal y a los abogados.

Entrena se fogueó como jueza en Granada, en los juzgados de primera instancia e instrucción de Loja, Santa Fe y Motril. En su primer destino, el CGPJ la sancionó por retrasos indebidos, pero recurrió ante el Supremo, donde alegó que acababa de sufrir un aborto gemelar y dos funcionarios habían dejado el juzgado, que le dio la razón y revocó la decisión del CGPJ.

Una de las personas que más problemas personales y profesionales le ha causado ha sido su ex compañero, Jorge Miguel Baena Muñoz. El pasado 9 de agosto lo denunció por presuntas amenazas verbales y lesiones contra ella y su hija menor de edad. El juicio se suspendió en dos ocasiones, la última por incomparecencia de la propia magistrada. El CGPJ la suspendió de sus funciones durante tres meses por haber intentado favorecer a su ex pareja en dicho procedimiento al dirigir una nota a su secretaria en la que le pedía que pusiera la causa “a la cola de los demás juicios” por violencia doméstica.

No fue ésta la única ocasión en que Entrena intentó favorecer a quien fue su compañero sentimental. En otra ocasión, el fiscal la recusó al no abstenerse de forma voluntaria en una causa en la que estaba implicado Baena, quien finalmente fue juzgado y condenado por un delito de tráfico de drogas. Hoy cumple prisión en la cárcel de Albolote.

El abogado de Campoy, Marcos García Montes, cree que el fiscal y el letrado de oficio que representó en el pasado a su cliente comparten responsabilidad con la jueza por lo que ha pedido al TSJ de Andalucía que “impute a ambos por no velar por la pureza del procedimiento”.

Desde 1980, el Consejo General del Poder Judicial ha apartado de la carrera por la vía disciplinaria a otros cuatro jueces. La decana de Marbella, Pilar Ramírez, fue expulsada en el año 2000 por incumplir su deber de abstención en un procedimiento penal que afectaba al ayuntamiento de Marbella, pese a que sus familiares tenían vinculaciones económicas con la Corporación, aunque finalmente el Tribunal Supremo acabó anulando la expulsión y la sustituyó por tres años de suspensión.

En 1986 fueron apartados de la carrera judicial el magistrado del Supremo Jaime Rodríguez Hermida y el de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos por el caso Bardelino –la irregular puesta en libertad de un mafioso– y, en 1991, el juez de Leganés José Manuel Lizasuain por retrasos injustificados. Sin embargo, el Supremo revocó las decisiones en el caso de Varón Cobos y Lizasuain, a quienes conmutó la sanción por un año de suspensión. Por la vía penal, han sido separados de la carrera los jueces Pasqual Estevill, Gómez de Liaño, Jiménez Lavernia y Lorenzo Penalva Vega.