Un tranvía llamado ruina

Los proyectos de construcción de tranvías florecieron en los años de bonanza económica por toda España. Los problemas se acumulan ahora: la fiscalía ha abierto una investigación sobre el de Parla y el Tribunal de Cuentas fiscaliza este y los de Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga. Las inversiones comprometidas de centenares de millones de dinero público se encuentran a veces en el aire. También acarrean importantes consecuencias políticas, como las que han afectado al líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez, debido a la iniciativa de la fiscalía en Parla. Los proyectos también se han convertido en campo de batalla entre el Partido Popular y el PSOE en el resto de ciudades.

La batalla de Parla se ha abierto sobre un hecho concreto. La fiscalía y el PP creen que el alcalde y 10 concejales del PSOE podrían haber incurrido en un delito en la adjudicación de una ampliación de la obra del tranvía. El PSOE responde con las resoluciones del Tribunal de Cuentas que descartan que se haya cometido tal infracción y la inadmisión por el Supremo de una denuncia presentada por el PP contra Gómez. Entre PP y PSOE se intercambian puntos de vista divergentes sobre si el Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP) y que participaba en el proyecto, era el responsable final de aprobar esta ampliación.

En varios de los proyectos que se han construido por toda España, los dos principales partidos políticos se han acusado de torpedearlos. A veces desde un ayuntamiento contra un proyecto del Gobierno regional o viceversa. Los socialistas madrileños señalan, por ejemplo, que la denuncia de la fiscalía responde a la traslación de un informe de la cámara de cuentas regional, a cuyo presidente, Arturo Canalda, acusan de actuar por motivos políticos. Los socialistas habían solicitado en su día, sin éxito, la imputación de Canalda en el caso Gürtel. Además, señalan que el citado informe del Tribunal de Cuentas estatal, posterior al de la cámara de cuentas madrileña, descarta tales irregularidades. Los socialistas madrileños destacan como prueba de que son víctimas de una estrategia de los populares que, a pesar de este posicionamiento del Tribunal de Cuentas, han aprobado una nueva fiscalización del tranvía de Parla por parte de este organismo.

En la línea de estas batallas políticas, los socialistas señalan que el Gobierno regional de Madrid, del Partido Popular, se negó a pagar ningún coste de la inversión del tranvía de Parla, a diferencia de lo que hizo con otros como los de Boadilla y Pozuelo, donde sí gobierna el PP. Los socialistas argumentan que el tranvía de Parla, cuyas obras costaron 129 millones de euros, es el más barato de España de estas características: el coste por kilómetro en Parla fue de 13,1 millones de euros, frente a los 15,3 en Boadilla, los 17,5 en Pozuelo o los 48,6 en Las Tablas, uno de los nuevos barrios de Madrid capital. El PSOE madrileño también señala que el número de viajeros ha superado lo previsto. Los argumentos de los socialistas madrileños se ciñen a la gestión de Tomás Gómez como alcalde, hasta 2008. Tras ese año, sin embargo, hubo problemas con los pagos a la explotación de la línea, que llegaron incluso a la suspensión del servicio durante dos días en 2011 por el impago de 6,5 millones de euros. La evolución de la situación económica de este tranvía ha llevado a que el fondo que compró la deuda del tranvía reclame ahora 29 millones de euros por impago al Ayuntamiento de Parla. El consistorio de este municipio madrileño no tiene capacidad para pagar la deuda. El Ayuntamiento de Parla se ha visto además implicado en la operación Púnica, el caso de corrupción política que además de golpear a nombres de peso del PP en la Comunidad de Madrid, ha supuesto la imputación del alcalde socialista José María Fraile (que ya ha dimitido) y que sucedió a Tomás Gómez al frente del ayuntamiento.

A instancias del Partido Popular, el Tribunal de Cuentas ha incluido en su último plan de fiscalizaciones el desarrollo, mantenimiento y gestión de los tranvías de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga, todos ellos proyectos de Gobiernos socialistas. El PP defiende la necesidad de estas fiscalizaciones en el hecho de que tras haber invertido 120 millones de euros, el tranvía de Jaén no se hubiera puesto en marcha. Sus costes de explotación suponen cinco millones de euros anuales, de los que el ayuntamiento, en una mala situación financiera, no podría hacerse cargo. Para el Partido Popular, en Parla “se han invertido 253 millones de los 93 inicialmente previstos”. Los populares incluyen los intereses. Los proyectos han tenido también dificultades para la gestión. En Jaén se mantuvieron reuniones con ocho empresas para intentar que se hicieran cargo de la gestión, sin éxito.

Coste del mantenimiento.

En cuanto a Vélez-Málaga, el PP destaca que tras invertir 40 millones de euros, el tranvía que empezó a funcionar en octubre de 2006 dejó de hacerlo en junio de 2012 por el alto coste del servicio. Si la previsión era de 1,2 millones de viajeros anuales, las últimas cifras sobre viajeros reales rondaban los 700.000. El tranvía de esta ciudad ha protagonizado una de las odiseas más llamativas de estos proyectos, ya que los trenes viajaron hasta Australia. Fueron alquilados a la ciudad de Sidney al no poder pagar sus costes de mantenimiento. El alquiler fue de 200.000 euros anuales. Las unidades volvieron el pasado mes de noviembre. Ahora el PP quiere volver a ponerlo en marcha, pero, como en los demás proyectos, se reabre la discusión sobre la participación de la Junta de Andalucía en la financiación de la explotación del servicio. En Zaragoza los populares estiman una inversión de 400 millones de euros, de los que 197 corresponden a inversión pública. La adjudicación fue oficialmente por 355 millones de euros. El PP considera que no se tiene suficiente información sobre el coste real de la línea. La cámara de cuentas de Aragón está ya fiscalizando este proyecto.

Los socialistas, por su parte, responden que en el metro ligero Oeste de Madrid, de gestión del PP, el Gobierno regional tiene que pagar una factura por valor de 15 millones de viajeros a la empresa concesionaria al año, 8 millones más de los que se han realizado. Estos pagos se calculan en función de un precio de 5,22 euros el trayecto. Los socialistas destacan que con ese convenio, la Comunidad de Madrid tendría que abonar a la empresa concesionaria 3.000 millones de euros hasta 2035. El PSOE también se opone a la ampliación del tranvía en Murcia, ya que considera que resultaría más caro que los que usan ahora el autobús. El coste de esta ampliación se encuentra entre los 47 y los 58 millones de euros, lo que supondrá un pago de 5 millones adicionales anuales a la empresa que lo explote. El tranvía de Murcia costó 264 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas también va a fiscalizar a instancias del PP el gasto de 40 millones de euros en ocho trenes-tranvía para Avilés y Langreo que no pueden circular. Se compraron antes de construir las vías, que finalmente no se hicieron. El PSOE, sin embargo, culpa de ello a que Marcelino Oreja (hijo del veterano político del PP del mismo nombre) canceló el proyecto año y medio después de encargar los trenes.

Baleares, Barcelona, Bilbao.

Sin que se tratara de fiscalizaciones ex profeso, el Tribunal de Cuentas ya había analizado en su día, por ejemplo, el tranvía de la bahía de Palma de Mallorca. La sociedad, creada en 2009, no presentó cuentas auditadas y se liquidó en 2012 tras recibir 33,5 millones de euros de fondos del Gobierno balear. En cuanto al tranvía metropolitano de Barcelona, este tribunal llamó la atención sobre el hecho de que Ferrocarriles de la Generalitat no hubiera calculado la valoración de su participación tras absorber esta sociedad o que los flujos de efectivo futuros previstos para este tranvía en las cuentas no estuvieran basados en ningún estudio que avalara este cálculo. También hace referencia a que la adscripción de la línea A del tranvía de Bilbao al ente público de los ferrocarriles vascos se hizo sin una valoración de sus bienes.

Los tranvías han sufrido también reveses jurídicos. En el de Jaén, la empresa de autobuses de la ciudad ganó un juicio por competencia desleal contra el tranvía. En el de la bahía de Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulo el proyecto por una reclamación interpuesta por algunos de los expropiados. Este último proyecto suma otras características que provocan que los convoyes que se han construido sean un producto único construido a medida únicamente de este proyecto. Este tranvía pretende también circular por la vía férrea entre San Fernando y Cádiz, lo que trajo como consecuencia que el ancho de vía del tranvía fuera el de un tren convencional. Además, esto significa que los convoyes circulen con dos tensiones eléctricas diferentes y con andenes de diferente altura y hayan tenido que equilibrar su peso para el paso por los dos tipos de trazado.

El proyecto es de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, mientras que los Gobiernos locales de Cádiz, San Fernando y Chiclana, del PP, han puesto reparos al mismo. El alcalde popular de San Fernando ha anunciado que va a pedir a su partido que pida la fiscalización de este proyecto por el Tribunal de Cuentas, de la misma manera que lo va a hacer para los tranvías de Zaragoza, Jaén, Parla y Vélez-Málaga. En el lado contrario, los socialistas se han quejado de que la gestora de la línea de ferrocarriles, Adif, dependiente del Gobierno central, y Renfe, han retrasado los permisos sobre la circulación del tranvía por ese trazado común con los trenes convencionales. El tranvía de la bahía de Cádiz comenzó sus obras a finales de 2008 y aún no ha entrado en funcionamiento. El pavimento en el tramo urbano de San Fernando está roto en varias zonas, lo que ha obligado a volver a levantar parte del mismo. El proyecto está presupuestado en 230 millones de euros para una línea de 24 kilómetros (13,7 de nueva construcción) y 22 paradas. Los trenes, por su parte, ya han comenzado sus pruebas en el trazado por la ciudad, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en Jaén. Aquí, sin embargo, la prueba ha introducido un nuevo elemento de controversia: el fuerte chirrido de las ruedas en las vías que se hace muy molesto en el tramo urbano.