Un golpe de Estado descrito paso a paso

1975-1987 SEGUNDA PARTE

Uno de los pasajes más suculentos del segundo libro de memorias de Jordi Pujol (Memorias. Tiempo de construir. 1980-1993) es la visita que el número tres del PSOE, Enrique Múgica, le hizo a finales del verano de 1980 en su casa de Premià de Dalt para preguntarle cómo veía que se forzase la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y si aceptaría su sustitución “por un militar de mentalidad democrática”. El entonces presidente de la Generalitat fue tajante en su respuesta: “Le manifesté mi total desacuerdo. Esta visita, junto con otros hechos, revela que los socialistas, o buena parte, tenían una prisa enorme por llegar al poder”, señala Pujol.

TIEMPO reveló la semana pasada el acta de la reunión de la Ejecutiva socialista en julio de ese año, en la que se planteó como mejor opción política la de “intentar sustituir a Suárez por un presidente independiente” que tuviera el apoyo de una mayoría “de izquierda-centro”. Es decir, con los diputados socialdemócratas que había dentro de la Unión de Centro Democrático (UCD). La coletilla “independiente” era lo suficientemente amplia para que entrase en ella un militar, y entre los papeles que hay de Múgica en el archivo del PSOE que se acaba de desclasificar se encuentra un documento de tres páginas con un diseño de golpe de Estado muy parecido al que el general Alfonso Armada intentó luego poner en práctica la noche del 23-F, cuando se dirigió al Congreso de los Diputados para proponer un Gobierno de concentración a cambio de la retirada de la Cámara de los guardias civiles de Antonio Tejero y de los tanques del general Jaime Milans del Bosch en Valencia.

El documento (bajo estas líneas, íntegro) se titula Consideración y análisis, aparece sin membrete ni firma, contiene numerosas erratas –síntoma de que fue escrito apresuradamente– y debió de ser redactado entre el verano de 1980 y las primeras semanas de enero de 1981, ya que en su primera línea alude a la “actual crisis” que vivió el país durante aquellos meses hasta que Suárez presentó su dimisión.

Dos posibles Gobiernos. En él se alude a dos posibles salidas: un Gobierno de coalición entre PSOE y UCD bajo la presidencia de Felipe González; o bien un Ejecutivo UCD-Coalición Democrática cuyos líderes serían “Luis” (sic, Leopoldo) Calvo-Sotelo y Manuel Fraga, dando pie a una “derechización” del sistema democrático. La primera opción, que podía interesar al PSOE, tendría el problema de que las bases socialistas no lo verían con buenos ojos y una parte de ellas podría pasarse al PCE de Santiago Carrillo. A ello se une un “clima enrarecido y nervioso en la calle, un aumento de la delincuencia, agresividad en la juventud y desinhibición por parte de la gente en general” que se traduce en un “importante abstencionismo”. El documento desaconseja la convocatoria de elecciones y considera “poco probable” la viabilidad de este Gobierno PSOE-UCD, “a menos que intervenga la Corona contra toda lógica política, inmiscuyéndose desacertadamente”.

La segunda opción, la del Gobierno “de derechas” con UCD y la veintena de diputados de CD, conllevaría la restauración “del orden en la calle y la empresa”, así como la ilegalización de los “grupos marxistas de disciplina (consciente o no)”. Es decir, tanto el PCE que recibe dinero y directrices de la URSS como el resto de formaciones de extrema izquierda que se consideraban seguidoras de esta ideología. El PSOE había aparcado tal definición en 1979, así que no se incluía en ese grupo. “Esto lleva consigo un deterioro de imagen democrática”, reconoce el autor del informe antes de añadir lo siguiente: “Como ‘para hacer tortilla es necesario romper huevos’, y los españoles carecen de la experiencia democrática necesaria para poder llevar a efecto una política sutil y por etapas, se ofrece la siguiente solución, que pasa por una intervención militar”.

El plan consiste en que antes de la asonada se constituyan dentro de las Fuerzas Armadas “unas Juntas de Defensa clandestinas” que agiten los ánimos y “mentalicen” al personal militar de la necesidad de restaurar el orden y acabar con el terrorismo. Luego vendría el golpe en sí, que “se materializaría ocupando por asalto en fuerza algunos organismos y ministerios en la capital del Estado y algunos ayuntamientos y parlamentos en las regiones”, algo que se puso en práctica el 23-F con la ocupación del Congreso y las instalaciones de RTVE. En paralelo, se harían “incursiones” contra destacados miembros de la izquierda, se quitaría la protección de escoltas a los políticos y no se pondría impedimentos a aquellos que quisieran irse al exilio, “lo que realizarían especialmente los marxistas”.

La segunda parte del golpe consistiría en que las propias Fuerzas Armadas restaurasen el “orden democrático” como había ocurrido en Turquía ese 1980, eso sí, tras una “inusitada dureza en la represión” hasta limpiar a la sociedad “de la escoria libertaria y comunistoide que envilece su juventud y sus costumbres”. Para ello, una parte de ellas permanecería “al margen del golpe militar, al objeto de no deteriorar su imagen democrática”, y a los que participasen en él se les facilitaría la salida del país “hacia alguna nación del Cono Sur de América”, tal y como se intentó en el 23-F con Tejero aunque en su caso a Portugal, “hasta que se decretase una amnistía, cosa que no debería hacerse hasta que el momento político no fuese absolutamente favorable”. Durante ese exilio temporal se les facilitaría la “reagrupación familiar”.

EL PSOE CREA EL GRUPO MILITAR AUTÓNOMO PARA CAPTAR OFICIALES

Dependían “directamente” de la ejecutiva

Otro documento en poder de Enrique Múgica, con el encabezamiento de “rigurosamente secreto”, es la creación del denominado Grupo Militar Autónomo (GMA) en 1978. Este proyecto lo llevaron a cabo Felipe González y Julio Busquets, fundador de la Unión Militar Democrática (UMD), la organización clandestina que se formó dentro del Ejército en 1974 tras la Revolución de los Claveles en Portugal. En 1978 había “unos 20” militares dentro del PSOE, pero en su mayoría eran antiguos miembros de la UMD y ya no formaban parte de las Fuerzas Armadas. El objetivo del GMA era que oficiales en activo afines al partido se afiliasen al mismo y dependiesen “directamente” de la Comisión Ejecutiva. Sin embargo, pronto surgieron problemas. Los miembros del GMA –se habla de tres– no quieren colaborar con los expertos del PSOE en aras de su seguridad y “un cierto elitismo profesional”. El partido concluye que no puede aceptar sus condiciones “pues su existencia, al margen de la disciplina del partido, entraña más riesgos que ventajas”.

ONCE MEDIDAS PARA CONTROLAR A LAS FFAA

El PSOE elaboró un plan por si ganaba las elecciones de 1979

De nuevo un documento sin membrete ni firma, aunque con el encabezamiento de “rigurosamente secreto” y una fecha, “verano de 1978” (en la última página), que indica que el PSOE se estaba preparando para las elecciones que habría tras la aprobación de la Constitución. El autor del informe propone once medidas “de aplicación inmediata” en las Fuerzas Armadas en el caso de que el PSOE llegase al poder. En la introducción se deja claro que un Gobierno socialista no deberá “prodigarse” en declaraciones sobre el Ejército, sino que su labor estará “rodeada de silencio”. Y cuando haya que anunciar alguna medida, será conveniente justificarla “con argumentos técnicos y necesidades de la defensa nacional”. Además, se recomienda que todos los cambios se hagan mediante circulares que aparezcan “por sorpresa” en el Diario Oficial, así como evitar “agravios, molestias y perjuicios colectivos” como el traslado de unidades o reorganizaciones que pueden molestar al principal sostén del franquismo. Eso sí, debe “yugularse” cualquier medida que “potencie el militarismo, el ingreso en la OTAN o el incremento de gastos militares”. La primera medida es la “concentración de los servicios de los tres Ejércitos” en órganos comunes. En aquel momento existían los ministerios de Tierra, Aire y Marina y lo que se pretende es “concentrar en manos ministeriales los resortes del poder militar”, es decir bajo la tutela de un ministro de Defensa. En segundo lugar, se recomienda cesar solo a los mandos más franquistas, de modo que sea “un escarmiento, pero no parezca un ataque institucional al Ejército”. Asimismo, “el control y represión de los ultras peligrosos” debe hacerse “sin alharacas, para no crear héroes, mártires ni sentimientos de simpatía o solidaridad entre sus conocidos”. También se habla de controlar las organizaciones de antiguos combatientes franquistas, acabar con las revistas militares, reducir el servicio militar a 12 meses, así como prohibir los actos religiosos obligatorios y los desfiles en festividades militares. Se retirarían “todos los retratos que no sean del Rey” y los monolitos de los caídos llevarían la siguiente leyenda: “A nuestros muertos en campaña”.

TIERNO GALVÁN ENTREGA EL PSP CON UNA DEUDA DE 22,7 MILLONES DE PESETAS

El PSOE tuvo que asumir el agujero financiero cuando fagocitó este partido

En 1978, la integración dentro del PSOE del Partido Socialista Popular (PSP) –la formación que fundó Enrique Tierno Galván en 1968 y por la que pasaron José Bono, José Blanco o Francisco Sosa Wagner, entre otros– conllevó un inesperado problema económico: más de 22,7 millones de pesetas en deuda con terceros, que el partido de Felipe González tuvo que asumir como peaje de la operación. En el informe elevado a la dirección socialista se subraya que el PSP no aportó, “ni contable ni extracontablemente”, el destino de los créditos obtenidos de los bancos y que permitirían “conocer su distribución tanto para remisiones de fondos a las distintas circunscripciones como para sufragar los gastos incurridos a nivel central”. En las conclusiones se indica que “aún desconociéndose el importe real” de los gastos de campaña de 1977, en la que el PSP logró 6 diputados, las deudas ascienden a 22.790.503 pesetas.

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