La solidaridad necesaria

La solidaridad entre los países tiene muchas formas de manifestarse (y también por desgracia de esquivarse): envío de víveres y material necesario en las catástrofes naturales, colaboración internacional en grandes obras y sobre todo en tareas de preservación ecológica, acogida de refugiados que huyen de desastres de la naturaleza o de la historia, formación de alianzas para fomentar intercambios comerciales o culturales, etcétera... Sin duda las organizaciones no gubernamentales cumplen tareas muy necesarias y meritorias, insustituibles, pero ello no exime a los Gobiernos y a los líderes políticos de dar también pruebas de solidaridad internacional verdadera y no exclusivamente motivada por intereses mercantiles, para la que cuentan con recursos con los que ninguna ONG puede competir.

La UE es la mayor contribuyente a proyectos benéficos, educativos y en defensa de los derechos humanos del mundo, aunque su generosidad a veces más espectacular que efectiva no está a salvo de reproches. En particular es indignante su incapacidad para diseñar una política común frente a la inmigración (hoy principalmente africana, pero que mañana podría ser también asiática), lo que termina haciendo recaer todo el problema en los países que sirven de irregular puerto de llegada a los inmigrantes, como España e Italia. Por no hablar del calvario que padecen los inmigrante mismos, manipulados por mafias que les expolian y teniendo que afrontar peligros que acaban con la vida de miles de desesperados.

Pero hay otro tipo de solidaridad no menos importante, la del apoyo que líderes de relevancia internacional (preferiblemente aquellos que ya no ocupan los puestos oficiales en que destacaron) pueden ofrecer a la implantación y desarrollo de una democracia con garantías aceptables en los países que la tienen solo nominal o que carecen de ella en absoluto. En este aspecto, ha sido importante e incluso ejemplar la misión cumplida por el expresidente español Felipe González ofreciéndose a colaborar en la defensa jurídica (pero también política, como es inevitable) de miembros de la oposición venezolana encarcelados arbitrariamente por el Gobierno cada vez más desvencijado y peligroso para los ciudadanos, de Nicolás Maduro. Un Estado de Derecho con las debidas garantías es algo no solo nacional sino también internacionalmente beneficioso. Si la juventud ve que el funcionamiento de las instituciones se manipula impunemente, ante la pasividad del conjunto de las naciones y de los líderes democráticos, abandonará su fe en las elecciones, para después retirarla a la política y finalmente a la democracia misma, como ha observado Enrique Krauze. Por eso es lamentable que gobernantes como los de Brasil, Argentina, Ecuador o Bolivia no hayan secundado el intento de advertir a Maduro del camino dañino para las instituciones que viene siguiendo.

No vale aquí la excusa del respeto institucional a los asuntos internos de otro país, porque la verdadera solidaridad de los ciudadanos democráticos debe ir dirigida hacia los demás ciudadanos que luchan por la democracia y no hacia las instituciones oficiales cuando pervierten el juego democrático. Ojalá que también en el caso de Cuba se vean pronto exigencias internacionales de apertura democrática y no solo un restablecimiento de relaciones económicamente ventajosas.