Elecciones y Gobiernos

Celebradas las elecciones para los ayuntamientos en toda España y para los parlamentos autonómicos en trece comunidades se impone la valoración de los resultados, siempre que la comparación con los anteriores sea utilizando magnitudes homogéneas. Como ocurre en todos los procesos electorales en España, cerrados los colegios de votación, todos –o casi todos– los partidos políticos muestran su satisfacción por los votos cosechados y muchos comentaristas políticos ofrecen unas valoraciones cargadas de un sectarismo que invalida los criterios utilizados.

La única magnitud homogénea en estas elecciones para comprobar globalmente, en toda España, la relación de votantes de cada partido es el resultado total de los votos cosechados por cada fuerza política, la suma de todos los votos alcanzados en todos los ayuntamientos del país. Lo que dicen los números es que el PP ha obtenido un 27% de los votos; el PSOE, un 25%; y el siguiente partido en número de votos es Ciudadanos, con un 6%.

Con estos datos, políticos y comentaristas han coincidido en que significa la muerte de lo que llaman el bipartidismo. ¿Es cierto? Si dos partidos acumulan el 52% de los votos y el 70% de los alcaldes y concejales y el partido que les sigue solo alcanza a tener un 6% de votos, el 1% de alcaldes y el 2% de concejales, si en una hipotética traslación de los resultados a las elecciones legislativas, los dos primeros partidos sumarían el 72% del Congreso de los Diputados, y otros veinte partidos se repartirían el 28% restante. ¿Se puede negar que existe un fuerte bipartidismo?

El problema es que los que han pasado cuatro años azotando al bipartidismo no están dispuestos a ver la realidad, y se conforman con su deseo.

Otro de los conceptos electorales que ha sufrido el sistemático ataque es el de las mayorías absolutas, que han sido condenadas por muchos, especialmente por los representantes de los partidos políticos. Pero llegados a unos resultados sin mayoría absoluta, nos encontramos con que los que las rechazan tampoco son partidarios del pacto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es el caso del Parlamento de Andalucía, donde los partidos ni piensan en montar una alternativa al partido ganador (sin mayoría absoluta como tanto deseaban) ni están dispuestos a permitir que gobierne el ganador.

Los resultados responden a la percepción que tienen los electores de las fuerzas que solicitan sus votos. Para ello los partidos elaboran una estrategia que les lleva a tomar decisiones que tendrían sus consecuencias. Y es seguro que analizan la conveniencia de esas posibles consecuencias, pero no parecen interesarse por los efectos contrarios. Veamos algunos casos.

Mariano Rajoy tomó la decisión de presentar a Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid, a pesar de que no parecía gustarle personalmente lo que hacía. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque calculó que los sectores más conservadores del electorado del PP, enfadados a causa de algunas decisiones del Gobierno, como la falta de cumplimiento del compromiso de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, encontrarían en ella un faro, un refugio que les sujetaría en las votaciones a su afinidad con el PP. Y calculó bien, pero sus estrategas no consideraron un efecto contrario. El anuncio de que podría ser Aguirre la alcaldesa de Madrid movilizó a la izquierda madrileña a apoyar a una persona sin experiencia política pero cuyo grado de “decencia política” era algo abrumador respecto de la otra candidata.

Veamos otro caso. En la formación IU, su presidente, Cayo Lara, decidió no enfrentarse como timonel a este proceso electoral y delegó la responsabilidad en una persona joven que pudiese dinamizar el voto de los electores jóvenes. Pero no supo comprender que los electores de IU, y otros muchos, percibieron ese encargo como una suerte de caballo de Troya del grupo Podemos, y ante tal disyuntiva optaron por apoyar a los nuevos partidos.

Aún otro ejemplo. El partido UPD tuvo su frontera en el momento en el que los de Ciudadanos le ofrecieron alguna forma de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. El miedo a diluirse en un grupo que parecía contar con el favor de los medios de comunicación (aunque no tanto como Podemos que ha contado con alguna cadena televisiva) le hizo rechazar el acuerdo, sin atisbar que podría estar firmando el acta de defunción.

El lector se preguntará si me he contagiado del sectarismo dominante en los análisis y comentarios políticos al no describir ninguna estrategia errónea en el campo del socialismo. El PSOE tiene delante una decisión estratégica en la que es difícil acertar y muy fácil cometer los más graves errores. Los resultados podrían resumirse en una frase: el que gana pierde, el que pierde gana. Pues si el PP ha obtenido más votos que ningún partido (aunque solo aventaja en un 2% al PSOE), sin embargo se podrá ver apeado de muchísimas instituciones (de ahí su permanente letanía: que gobierne la lista más votada); y el PSOE, que se quedó cerca del primero pero no gana, puede recuperar alcaldías y Gobiernos de comunidades autónomas. Pero para lograrlo debe llegar a acuerdos con una variada cantidad de partidos, unos que se autoproclaman de izquierda (IU, Podemos) otro que los medios han decidido que pertenece a la derecha (Ciudadanos).

Si los electores, en parte bajo la influencia de la propaganda antibipartidismo durante cuatro años, no han otorgado mayorías, los acuerdos son imprescindibles. Pero los acuerdos pueden ser beneficiosos para un partido a corto plazo y producir los peores efectos a medio y largo plazo. Y los socialistas tienen ya experiencia que deberían examinar, Cataluña y Baleares, por ejemplo. Los socialistas se ven abocados a una política de pactos para la que se debiera atender a la fortaleza de la opción socialista más que a la ilusión de pasar de la oposición al Gobierno, sea autonómico o municipal. No debe poner obstáculos el PSOE a la formación de Gobiernos progresistas antes que conservadores, pero tal actitud no tiene obligadamente que convertirse en participar en Gobiernos formados por partidos que no tienen coincidencias en las ideas fuertes de la democracia. Un ejemplo para que se pueda entender el argumento. ¿Deben los socialistas impedir que la fórmula ganadora de las elecciones en Barcelona ocupe la alcaldía? No. ¿Debe formar parte del Gobierno de la ciudad junto a ERC y CUP, envalentonados en un proceso de secesión que supone un golpe de Estado a cámara lenta contra las disposiciones constitucionales? Tampoco.

El caso descrito es un ejemplo extremo, pero sin llegar a ese límite podríamos encontrar otros supuestos en los que la acción de los socialistas no debería ser la de impedir algunos Gobiernos que releven a los conservadores pero tampoco la de compartir con ellos la responsabilidad de administrar el ayuntamiento o la comunidad autónoma.

Es que desde la oposición también se influye en la marcha de la Administración y en el favorecimiento del bienestar de los administrados. Por lo tanto, apoyar un proyecto nuevo en la investidura es compatible con mantener la independencia para defender mejor los intereses de los ciudadanos cuando las disposiciones o leyes lleguen al pleno o a la Asamblea.

Del acierto en las negociaciones para formalizar los Gobiernos de ayuntamiento y comunidades depende una considerable parte del bienestar de todos.