El impasse

Desde la noche del 4 de marzo, cuando se produjo la segunda votación de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, vivimos en un impasse en la actividad política.

La Real Academia de la Lengua ofrece una triple significación de este galicismo. Lo identifica con “compás de espera”, precisando como “detención de un asunto”, además proporciona otra acepción mucho más determinante: “Callejón sin salida”.

Es verdad que cualquiera de los tres significados podría aplicarse al paréntesis que se vive en la política española. El reparto de votos que libremente decidieron los electores el 20-D y la actitud intolerante de algunas fuerzas políticas han colocado al país ante una situación sin precedentes y de difícil solución.

La votación del pasado 20 de diciembre no dio como ganador a ningún partido político, aunque es un hecho incontestable que el Partido Popular obtuvo más votos que las demás formaciones. Pero, por mucho que se enroque el PP en reivindicar su triunfo electoral, todos saben que no puede hablarse de partido ganador con una cifra de diputados tan insuficiente para gobernar. Claro que el PP podría abanderar un Gobierno de coalición, pero se encuentra con una Cámara en la que no hay partidos políticos dispuestos a establecer relaciones con él, en parte por la actitud absolutista mostrada a lo largo de la legislatura anterior, en parte por los numerosos casos de corrupción que se atribuyen a sus dirigentes.

Nada de ello es suficiente para que intentasen ser cautos o prudentes. El dirigente popular, Mariano Rajoy, que renunció a procurar formar Gobierno, no atendiendo la misión que le había encargado el jefe del Estado, se atrevió a culpar al candidato socialista de utilizar las instituciones, lo que para él era “también” corrupción. ¿De qué utilización hablaba? De haber atendido el encargo del Rey para intentar formar Gobierno. Y lo decía, le acusaba de practicar corrupción, el dirigente en cuyas sedes han encontrado lingotes de oro, producto de sus tejemanejes con el dinero público.

En todo caso la triste intervención de Mariano Rajoy no fue el único caso de espectáculo frívolo en el debate de investidura. El dirigente del grupo de alianzas Podemos ofreció una pintoresca sinfonía de disparates, incluido el beso a la soviética con su correligionario. Su discurso, faltón y matonesco, se situó en la crítica del pasado, haciendo una insultante referencia a Felipe González –con las mismas palabras y el mismo gesto de José María Aznar–, tal vez porque no puede perdonar que el expresidente sea el abogado defensor de Leopoldo López, preso político en Venezuela. Es la actitud de quien pertenece a la izquierda regresiva.

Un asunto debería llamar la atención de los españoles en el curso del debate de investidura. Hasta nueve representantes políticos (de Podemos, En comú Podem, Compromís, ERC, DiL, En Marea, PNV, IU-UPeC y Bildu) propusieron desde la tribuna referendos encaminados a la ruptura de la estructura del Estado. Si pudiéramos hacer la correlación de los votantes que optaron por las citadas fuerzas políticas, más de 7 millones de electores (el 30%) estarían a favor de otra estructura del Estado con un fraccionamiento difícil de entender para la viabilidad de los entes resultantes.

Bien es cierto que otros representantes argumentaron con claridad su posición favorable a la continuidad de la unidad de la nación, lo que tendría un apoyo de 17 millones de electores (el 70%).

Dado que no existía voluntad de acuerdo para formalizar un Ejecutivo, a pesar de que dos partidos (PSOE y Ciudadanos) habían realizado una generosa negociación con cesiones mutuas, quizás lo más importante del debate fue comprobar con qué ligereza se habla de autodeterminación en una nación democrática y ampliamente descentralizada. Pero esta realidad no se tiene en cuenta, les vale más hablar frívolamente de secesión sin tomar en consideración la ley, las sentencias de los tribunales ni la realidad política y social.

El modelo que siguen algunos de estos partidos es el lanzado por el nacionalismo catalán, anunciando provocadoramente que en un plazo de 18 meses proclamarán el Estado catalán, la república catalana dicen ellos, para intentar atraer algunos votos.

Las baladronadas de los nacionalistas no son difíciles de desenmascarar, pero es triste que los medios de comunicación no hayan reproducido, ni siquiera reseñado, un programa de la televisión catalana en el que un periodista profesional desmontó con una contundencia aplastante las mentiras nacionalistas.

El pasado 26 de febrero en el programa 8 al día su conductor dio a conocer algo que deberían saber todos los catalanes y los españoles. Demostró delante del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que la alegría con que los nacionalistas hablan de construir un Estado es pura filfa. La Comunidad de Cataluña, como otras comunidades autónomas, tiene transferidos determinados impuestos como los de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados. Pues bien, la Generalitat no los recauda, no tiene capacidad técnica para hacerlo y contrata a otras entidades para que los recauden por ella. Claro, que tiene que pagar por ello. Y es para asombrarse ¿A quién contrata la Generalitat, a quién paga grandes cantidades para tapar su incompetencia? ¡Al Ministerio de Hacienda del Estado español! Y en 16 meses dicen que tendrán una Agencia Tributaria propia. Contrata la Generalitat también a los registradores de la propiedad para que recauden por ella. ¿Y cuánto paga la Generalitat cada año por su desidia e inutilidad? ¡35 millones de euros en 2015! Y eso cada año, tirando 35 millones de euros mientras cierra plantas de hospitales, reduce el número de médicos y profesores, etcétera.

El programa debería emitirse en todas las televisiones. Verían al periodista Josep Cuní explicándole a Junqueras que esos impuestos los recaudan los Gobiernos de Murcia y La Rioja, por ejemplo, y no lo sabe hacer la Generalitat, y pretenden crear un Estado en 16 meses. Y verían a un avergonzado Junqueras repitiendo:  “Tiene usted razón, tiene usted razón”.

Al ligar la frívola actitud de tantos
 autodeterministas renacidos con el programa en el que se autoinfligía un castigo insoportable al secesionista Oriol Junqueras, se haría evidente la gran mentira de la que vive el nacionalismo catalán y su perversa influencia en otros partidos políticos.

Si tras dos meses de impasse se llegase a nuevas elecciones en junio, el sentido común y la justicia deberían lograr que los electores hayan tomado nota del disparatado debate de investidura en el que cada uno de los partidos dejó clara marca de lo que son y de lo que significan y de los efectos que pueden tener sobre los ciudadanos.