Presiona que algo queda

04 / 04 / 2016 Clara Pinar
  • Valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

Grupos de presión que no se consideran tales, lobbies que se ocultan y grupos de interés que se registran... Así son las distintas formas de influir en las decisiones políticas.

Asociación de vecinos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de estrenar el primer registro en España de grupos de interés para organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, instituciones de todo tipo o personas individuales. Mientras que el debate sobre si el Congreso debería obligar a los lobbies que se reúnen con los diputados a retratarse entra ya en su tercer año, el de la CNMC es el primer intento de trasladar a España una práctica habitual en Estados Unidos y, desde 2011, en la UE, donde la Comisión y el Parlamento Europeo comparten el Registro de Transparencia donde figuran 7.352 empresas, ONG, centros de estudios, bufetes y consultoras o asociaciones profesionales. De ellas, 139 españolas.

Estos dos registros arrojan un poco de luz en torno a la actividad de los lobbies porque al menos ponen nombre a muchos de ellos. Pero no son todos los que están y algunos de los que están no se muestran abiertamente. Los grupos de interés que se inscriben como tales, los que lo hacen a través de consultoras con contratos confidenciales y los que, simplemente, no están, configuran el panorama de cómo influir en la toma de decisiones políticas a favor de unos determinados intereses.

Antes de nada, ¿qué es un lobby? Toda organización “que trata de influir en las decisiones de lo público”, responde Yolanda Román, que durante años trabajó como lobbista para Amnistía Internacional y Save the Children y hoy asesora a “grandes empresas de sectores estratégicos como farmacéuticas, energéticas y tecnológicas”. Ella, que ha estado en los dos lados, niega que siempre estén tan enfrentados como parece. Solo hay un elemento que les diferencia. “Las ONG tienen una herramienta muy potente que las corporaciones normalmente no utilizan, la movilización social de la opinión pública”, explica. Lo que no aparece ante ella, por el contrario, es percibido como algo “oscuro”, que contribuye a la connotación tan negativa que tienen los grupos de presión. “Es un hecho, la actividad del lobby se asocia a grupos muy poderosos con intereses oscuros”, admite.

Tan mala fama tienen que Víctor Rene se ríe cuando se le pregunta si la Asociación de Vecinos de San Fermín (Madrid) que preside es un lobby. “No, no”, responde. ¿Pero sois un grupo de interés? “Evidentemente, pero cuando te hablo de lobby hablo de otro tipo de intereses”, dice el representante de una asociación que en 1998 empezó a reclamar la construcción de una biblioteca municipal en el barrio. Desde entonces ha llamado a las puertas del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid, ha “presionado” a la junta de distrito y la delegación de Cultura y ha organizado manifestaciones y recogidas de firmas para conseguir lo que, por fin, espera que ocurra en 2018. Que Manuela Carmena ejecute el compromiso que adquirió Alberto Ruiz-Gallardón y destine dinero público a construir una biblioteca. “Nos han hecho caso después de mucha guerra”, dice Rene, miembro de un colectivo, el de las asociaciones vecinales, al que se atribuye gran capacidad de influencia en los ayuntamientos.

A los vecinos de San Fermín jamás se les ocurriría inscribirse en un registro de grupos de interés, al contrario que una organización con una influencia muy limitada en España, según uno de sus dirigentes, pero que se abre paso en Europa. Se trata de la Gran Logia Simbólica, una de las tres logias masónicas españolas, que se ha unido a otras de Europa occidental para hacerse oír en Bruselas. Para ello se han inscrito en el registro europeo. Su gran canciller de Asuntos Exteriores, Juan Martín, explica que los funcionarios de la Comisión Europea les pidieron que se unieran para tener un único interlocutor en la masonería. Así lo hicieron. De momento, su presión se encaminará a conseguir que, en la actual crisis de refugiados, la UE distinga su situación de la de los emigrantes.

A lavar la imagen de los grupos de interés no ayuda tampoco la confidencialidad con la que trabajan los numerosos consultores individuales, bufetes y consultoras que representan a entidades que mantienen su anonimato incluso en registros de transparencia. Román no puede decir a quién asesora debido a que firma con las empresas “contratos de confidencialidad”. Las consultoras no están obligadas más que a dejar en los registros constancia de sus áreas de interés, pero no quiénes son sus clientes. De esta manera, el registro puede tener en sus bases de datos a una de las grandes, Llorente&Cuenca, pero no saber a favor de quién trabaja, algo que también rehusó desvelar a este semanario.

En Bruselas es más fácil saber cuánto invierten en cabildeo. El registro pregunta a los inscritos cuánto gastan al año “en actividades relativas al registro”, esto es, a defender sus intereses ante el Parlamento y la Comisión Europea, empezando por un mínimo general de 9.999 euros, la cantidad máxima que dice gastar en estas actividades la Sareb, el banco malo. Lo que, por lo general, no está tan claro es qué lobbies son más eficaces. “La capacidad real de influir estaría sobrevalorada”, afirma el politólogo Jorge San Miguel en un estudio para la Fundación Alternativas, donde señala que no siempre los recursos económicos empleados en presionar a los legisladores determinan el éxito. “Cuando se trata de influencia efectiva, el tamaño y el grado de apoyo ciudadano son también determinantes”, dice. Román también desvincula el dinero de la eficiencia, como demuestran los cuantiosos recursos que ha invertido en los último años la industria del tabaco para recoger legislaciones cada vez más restrictivas para los fumadores, por ejemplo. Para esta experta,“las organizaciones religiosas son claramente grandes lobbies, muy potentes y con una grandísima capacidad de influencia”. En segundo lugar, cita a las organizaciones de consumidores. También a los ambientalistas, con el gigante Greenpeace a la cabeza, que según el registro de la UE, gasta cada año más de la mitad del presupuesto de su Unidad Europea (952.627 de 1.655.727 euros) en las actividades de lobby que despliegan en Bruselas once personas acreditadas. “Quién ha ganado ciertas batallas? Creo que en algunos casos, las grandes corporaciones que han invertido muchos recursos y en otras, sectores más sociales”, dice Román, que pone como ejemplo la victoria en 2007 de las ONG sobre los fabricantes de armas para establecer mayores controles a las exportaciones.

Juan Hernández Vigueras, autor de Los lobbies financieros. Tentáculos de poder, cree que la influencia del sector financiero en los Gobiernos se ejerce desde Bruselas, que es la que regula el sector. Entre los más influyentes está el Instituto Internacional de Finanzas, con sede en EEUU y en cuyo consejo se sientan el BBVA y el Santander, o las asociaciones de banca británica y suiza. En su opinión, los mayores vehículos de influencia sobre los legisladores tienen que ver con haber conseguido que estos “asuman sus valores, desde la especulación como negocio o la idea de la ausencia de control” y las “puertas giratorias”, por las que personas del entorno financiero se incorporan a los Gobiernos para guiar sus decisiones en estas áreas.

Telefónica, con seis personas acreditadas en su nombre ante la Eurocámara, gasta dos millones de euros al año. Indra, con cuatro lobbistas, entre 900.000 y 999.999 euros, y Red Eléctrica Española (REE), con uno, entre 200.000 y 299.000. Son algunas de las empresas españolas que figuran en el registro europeo pero no en el listado de la CNMC. Los bancos, ni en uno ni en otro de forma individual y solo figuran en el registro comunitario dentro de la Federación Europea de Banca (que emplea a 17 lobbistas y gasta más de cuatro millones al año), de la que, a su vez, forma parte la Asociación Española de Banca (AEB). Los bancos tienen otras formas de defender sus intereses, con acceso a instituciones clave como el Banco de España, Tesoro Público, ministerios de Economía y de Hacienda, BCE... “Nosotros nos relacionamos con la Administración por todos los lados”, dicen en la AEB, entre cuyas funciones está el diálogo con los partidos y los grupos parlamentarios. Por eso, la asociación que agrupa a la banca española no tiene pensado apuntarse en el registro de la CNMC, que ve más como una forma de “llamar a la puerta para que sepan quién soy, porque voy a ir mucho por su casa”. Algo así le pasó al think tank Real Instituto Elcano, al que instaron a inscribirse en el registro europeo para poder entrevistar a representantes comunitarios para su proyecto La influencia española en las instituciones de la UE.

Tampoco ha tenido dificultades para llegar a los diputados españoles uno de los lobbies más polémicos en estos momentos en Bruselas. La Asociación Nacional del Arma (Anarma), entidad sin ánimo de lucro integrada por cazadores, tiradores deportivos, propietarios de armerías y coleccionistas, ha sido señalada como responsable de las cartas amenazantes que han recibido funcionarios de la Comisión Europea responsables de estudiar la prohibición del uso de armas semiautomáticas para luchar contra el terrorismo. Daniel Álvarez, portavoz de una asociación proarmas que gasta 12.712 euros al año en hacer lobby, reconoce que sus asociados son libres de enviar a Bruselas sobres con una piedra dentro, la primera arma de la historia, o retratos de Hitler, porque, al llegar al poder, decretó una confiscación de armas como la que pretende Bruselas.

Les han acusado de tener detrás a la industria armamentística, pero Álvarez asegura que solo se financian con las cuotas de 30 euros anuales de sus socios, con el objetivo de defender un sector en el que “están en juego 580.000 empleos y 40.000 millones de facturación anual”.

Igual que ahora han hecho eurodiputados españoles de PSOE, PNV y Ciudadanos, Anarma fue uno de los grupos a los que escucharon exdiputados como Teófilo de Luis (PP) o Luis Fernando López Aguilar (PSOE) durante la elaboración de la ley que hizo más rigurosos los controles a las exportaciones españolas de armas. Álvarez recuerda que el socialista no conocía el sector y, tras presentarle un dossier, tuvo una respuesta “bastante idónea”.

A pesar de la mala imagen que tienen los lobbies, Román destaca un aspecto positivo: ante cuestiones muy especializadas, son los que facilitan la información más precisa a los legisladores. Evidentemente, orientada hacia sus intereses. Por este motivo, el Parlamento Europeo decidió hace unos años crear un organismo propio, con personal propio –el European Parliamentary Research Center–, para investigar cuestiones sobre las que legisla, asumiendo que en ocasiones estaba siendo demasiado intoxicado por los lobbies. En todo caso, Román destaca su carácter “propositivo”.

Uno de ellos sería el bufete S&F Abogados, que representa a consumidores y cultivadores de cannabis para promover cambios normativos a nivel estatal. Son ellos quienes están llamando la atención sobre un sector –el cultivo y consumo de cannabis– que según el abogado y promotor de Regulación Responsable, Bernardo Soriano, tiene un “enorme” potencial. “Las mayores inversiones del mundo se hacen en videojuegos, cannabis y farmacéuticas” y añade que hay hasta fondos de inversión interesados en que este sector se legalice en su conjunto. Ellos reciben financiación de una “fundación estadounidense”, cuyo nombre y cantidad prefiere no revelar. Para conseguir sus propósitos, han elaborado una propuesta de regulación que presentaron a todos los partidos antes de las elecciones del 20-D. El objetivo es legalizar el cultivo particular, los clubes sociales de cannabis, introducir licencias comerciales para producir, manufacturar y vender, crear sistemas de prevención de consumo de otras sustancias más nocivas y regular el consumo terapéutico. Igual que a nivel autonómico, han presentado el escenario a los partidos y esperan a que se forme Gobierno para seguir trabajando con ellos.

La llegada del primer registro de lobbies en España es un primer paso hacia la transparencia de este sector, aunque los grupos de presión trabajan con los políticos de todas formas. Por eso, para Román, lo realmente efectivo sería que estos publicaran sus agendas, algo que ya hacen los comisarios europeos. “Que se sepa quién ha hablado con quién y qué ha propuesto”, en palabras de Román. 

Grupo Zeta Nexica