Políticos perpetuos

A perro flaco todo son pulgas. Los indicios de corrupción que aquejan a casi todos los partidos políticos, aunque extremadamente graves, no hacen más que echar lastre sobre la paupérrima valoración que los ciudadanos hacen de la clase política, ya bastante hundida de por sí. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nuestros políticos se sitúan como la cuarta mayor preocupación de los españoles, solo por detrás del paro, la corrupción y la situación económica, un lugar durante muchos años ocupado por el terrorismo de ETA. Son para el 30% de los ciudadanos el mayor problema del país, un lastre con el que tiene que cargar la sociedad. A pie de calle son pocos quienes se identifican mínimamente con sus gobernantes. Al contrario, existe la percepción generalizada de que son una casta aparte, amamantada por los partidos y sumergida en una estructura que les permite saltar de cargo en cargo sin someterse a las preocupaciones laborales del votante medio, acosado por el miedo al desempleo. Salvo excepciones (que existen) la descripción no va desencaminada. En España son muchos los cargos que carecen por completo de experiencia más allá de la política y entre la enorme mayoría de quienes la tuvieron, esta fue escasa y se interrumpió por completo al involucrarse en la vida orgánica de sus partidos.

Basta con echar un vistazo a los últimos consejos de ministros. En el actual gabinete, los ministros con una larga trayectoria profesional son escasos. La mayoría, como el propio Rajoy, son funcionarios en excedencia que apenas habían ejercido antes de volcarse en la política. En 1981, con 26 años, el presidente abandonó la plaza de registrador que había logrado solo tres años antes. Desde entonces ha sido concejal, diputado, ministro y vicepresidente de Gobierno hasta conseguir presidir el PP y el Gobierno. Es también el caso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, o el de Alberto Ruiz-Gallardón, que fue elegido concejal solo un año después de conseguir plaza de fiscal.

Hay también casos en los que la carrera profesional brilla por su ausencia o está vinculada casi por completo al partido. La ministra de Sanidad, Ana Mato, lleva desde 1983, poco después de licenciarse, desempeñando cargos en el PP. Aunque ejerció brevemente como profesora de la UNED, en 1983 ya era jefa del Departamento de Autonomías de Alianza Popular y coordinadora de la Interparlamentaria Popular, cargo que ocupó hasta que José María Aznar le pidió que le acompañara a Castilla y León. Ella accedió. Es esa lealtad la que le ha hecho formar parte de los círculos de confianza primero del expresidente y ahora de Rajoy. Experta en labores internas del partido, Mato no tenía, sin embargo, ninguna experiencia de gestión cuando le agradecieron sus servicios con la cartera de Sanidad.

No es una excepción. Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero también contaron con ministros cuyo mayor mérito era el trabajo de partido. Son conocidos los casos de Leire Pajín, exministra de Sanidad, y Bibiana Aído, de Igualdad. Ambas militaban ya en las juventudes socialistas antes de cumplir la mayoría de edad y han desarrollado prácticamente toda su vida laboral en la administración o el partido. También José Blanco, exministro de Fomento, y Celestino Corbacho, de Trabajo, accedieron al Gobierno tras ocupar multitud de cargos públicos pero sin apenas vida laboral más allá de los ámbitos socialistas.

Por su parte, Rodríguez Zapatero abandonó muy pronto todo por la política. Tras licenciarse en Derecho, el expresidente ejerció como profesor durante algún tiempo antes de que sus compromisos con el partido le apartasen de la docencia. El expresidente nunca sacó una plaza, ni podría volver a las aulas, algo que sí hizo el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, profesor titular de Química en la Universidad Complutense de Madrid. La llegada de Felipe González al poder en 1982 hizo que asumiera diversos cargos en el Ministerio de Educación hasta acabar dirigiéndolo. Treinta años y diversos cargos de Gobierno después, la universidad no parece estar en el horizonte del secretario general del PSOE. Un camino parecido han seguido otros líderes del PSOE como la exministra de Defensa Carme Chacón, o los de Justicia Juan Fernando López Aguilar y Francisco Caamaño, que dejaron la facultad hace más de una década y han convertido la política en su actividad principal. Los distintos gabinetes de Zapatero también contaron entre sus ministros con algunos funcionarios en excedencia. Entre otros, Beatriz Corredor, de Vivienda, o Magdalena Álvarez, en Fomento.

Unos pocos profesionales.

Existen contadas excepciones en las que ha habido un tránsito fluido entre el mundo laboral y el político. José Antonio Alonso, exministro de Defensa e Interior está a la espera de incorporarse a su plaza de juez, una profesión que ejerció durante casi 20 años. Por su parte, Bernat Soria, uno de los científicos pioneros en la experimentación con células madre, retomó la investigación en 2009 cuando cesó como ministro de Sanidad de Zapatero.

En el actual Gobierno del PP el caso más destacado es el del titular de Educación, José Ignacio Wert, quien, tras abandonar su trabajo para ejercer de concejal y diputado en los años 80 del pasado siglo, volvió al sector privado durante más de 25 años antes de que Rajoy le llamara para su gabinete. También el ministro de Defensa, Pedro Morenés, hizo un paréntesis en su carrera profesional para ocupar varias secretarías de Estado durante el Gobierno de Aznar y cuando el PP perdió las elecciones en 2004 se reincorporó al sector privado.

Lo cierto es que, de un color político u otro y provengan de la función pública, la docencia o el sector privado, son una ínfima minoría quienes retoman de nuevo la vida laboral fuera de los ámbitos de influencia de sus partidos. Los políticos españoles lo son, en general, de por vida. Fue precisamente uno de los pocos ministros socialistas que volvió a su actividad, el escritor y profesor César Antonio Molina, uno de los primeros que denunció hace unos años la profesionalización de la política. “No pueden protagonizarla personas que no han hecho otra cosa en la vida más que dedicarse a ella, vivir de ella y estar aterrorizados porque no saben de dónde vienen ni a dónde van”, sostuvo. Después han sido varios los políticos de todo el espectro ideológico que se han unido a la crítica del escritor.

Las juventudes, en entredicho.

En el congreso socialista de 2012 el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, defendió una enmienda que avanzaba en este sentido. El texto exigía a los candidatos socialistas de municipios por encima de los 50.000 habitantes, así como a los cargos de dirección provinciales, regionales y nacionales haber cotizado un mínimo de cinco años. Fue rechazada, pero en las últimas semanas otro histórico socialista, Joaquín Leguina, ha recuperado la idea y trata de extender la medida a todos los partidos. En declaraciones a Tiempo, el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid critica a los políticos de carrera “que saltan de los aparatos orgánicos a los puestos en la Administración sin haber pisado el mundo laboral”. En su opinión, el origen de esta “casta” son las juventudes de los partidos, “una mina de aprendices” de cargo público donde se les “cercena” cualquier espíritu crítico que pudieran tener.

En el Partido Popular tampoco han faltado voces contra los aparatos juveniles de los partidos. Hace solo unas semanas, Esperanza Aguirre insistía en que la política no debe ser una profesión, sino “una actividad temporal de servicio público”. Según la expresidenta, “los chicos jóvenes entran como concejales de su pueblo sin tener ninguna valía, ganando 2.000 euros, que es mucho más de lo que ganan aquellos que han sacado una carrera o han trabajado. Enseguida se dan cuenta de que, en vez de trabajar por los ciudadanos, lo que hay que hacer es pelotear y ser dóciles con los de arriba”. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, fue más allá y confesó que es partidaria de suprimir las organizaciones juveniles de los partidos. “La gente que tiene 17 y 18 años tiene que estar trabajando o estudiando, formándose. Yo siempre se lo digo cuando los veo en un acto: ¿qué hacéis aquí?”, explicó.

Las críticas no tardaron en llegar. Desde distintas organizaciones señalaron que, tras acceder al cuerpo de técnicos de Información y Turismo, Aguirre tardó solo tres años en ocupar puestos de designación directa. Tres después pidió una excedencia para saltar a la arena política en la que ha permanecido durante 30 años. Todavía hoy sigue presidiendo el PP de Madrid.

La propia Aguirre se ha erigido en defensora de Ángel Carromero, un claro ejemplo de ese favoritismo de partido que ella denuncia. El actual vicesecretario de Nuevas Generaciones de Madrid cobra 50.000 euros como asesor del ayuntamiento madrileño sin más credenciales que formar parte de la estructura del Partido Popular. Carromero consiguió el trabajo, de designación directa, en diciembre de 2008, con 23 años y solo un mes después de entrar en la dirección de la organización juvenil.

En el caso de la alcaldesa, las juventudes de su propio partido le recordaron que el marido de su hija Ana, Alejandro Agag, fue miembro de la organización, igual que figuras del PP como Loyola De Palacio, Íñigo Henríquez de Luna, Fernando Martínez Vidal, Javier Fernández Lasquetty, Borja Sarasola, Lucía Figar o Alberto Fernández, entre otros.

Un repaso a las ejecutivas de los dos grandes partidos permite comprobar que los políticos forjados en el aparato durante años ocupan un lugar destacado. Elena Valenciano, número dos del PSOE, ingresó en las Juventudes Socialista con 15 años y acabó dejando sus estudios de Derecho, primero, y Ciencias Políticas, después para dedicarse a la política. Toda su experiencia laboral se ha desarrollado al amparo del partido. Otras figuras destacadas del PSOE como Eduardo Madina, actual secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, o Emiliano García-Page, alcalde de Toledo, ambos en algunas de las quinielas para sustituir a Rubalcaba, pertenecían a las juventudes antes de cumplir los 18 años y han ido enlazando cargos electos o de confianza durante la mayor parte de su vida laboral. En concreto, Page fue elegido concejal de la capital manchega solo unos día después de cumplir 19 años. Desde entonces, y aunque asegura que tiene ofertas del sector privado, no ha dejado en ningún momento la Administración. Por su parte, Madina fue durante un tiempo asesor técnico del Parlamento Europeo, pero con 24 años ya estaba volcado en su actividad política.

El aparato del PP también se nutre de las juventudes. Alfonso Alonso, actual portavoz en el Congreso, e Iñaki Oyarzabal, secretario general de los populares vascos, compartieron sus primeros años en la organización juvenil del Partido Demócrata Popular (PDP) antes de participar en la refundación del PP. Carlos Floriano, presidente de Nuevas Generaciones en Extremadura con 23 años, empezó a desempeñar desde muy joven cargos dentro del PP y en 1995 ya ocupaba un escaño en el parlamento autonómico. Otro de los históricos, el actual vicesecretario general de Política Territorial, Javier Arenas, se afilió con 20 años a las juventudes del PDP y con 26 había pedido una excedencia como funcionario de Cultura y ya era concejal de Sevilla. De eso hace tres décadas.

Los minoritarios también.

Como el PP y el PSOE, los partidos minoritarios también albergan profesionales de la política. Pese a que públicamente ha defendido la limitación de dos legislaturas para los cargos públicos (8 años), la líder de UPD, Rosa Díez, acumula alrededor de 35 años como política a tiempo completo. Funcionaria en excedencia, Díez ha sido en estas tres décadas y media concejala, diputada autonómica, nacional y europea además de consejera del Gobierno vasco durante el Gobierno del PNV con el PSE.

Por su parte Cayo Lara, coordinador general de IU y agricultor de profesión, fue uno de los impulsores del sindicato rural COAG. De allí saltó al PCE y ya con 35 años a la alcaldía de su pueblo, Argamasilla de Alba. Desde entonces ha ocupado puestos en IU hasta 2008, cuando se hizo con las riendas de la coalición.

Mucho más tiempo han estado vinculados a sus partidos los líderes de los dos mayores partidos nacionalistas en Cataluña y Euskadi, Josep Antoni Duran i Lleida e Íñigo Urkullu. El político catalán, abogado y profesor de Derecho Civil en su juventud, lleva vinculado a la política desde hace 35 años, cuando presidió las Juventudes de Unió. Su trayectoria es muy parecida a la del actual lendakari, maestro de profesión, pero en política desde los años 70. Como Duran, Urkullu también llegó a presidir las juventudes nacionalistas y fue ascendiendo en el organigrama del partido hasta la cima.

Beatriz Jurado, actual presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, defiende la función que cumple su organización: “[El trabajo de Nuevas Generaciones] ayuda a que todos nuestros cargos públicos tengan una formación previa que nos capacite y nos permita afrontar la representación política en la mejores condiciones”. Nino Torres, secretario general de las Juventudes Socialistas, comparte esta visión. Según él, el 90% de los afiliados a su organización compatibiliza su actividad política con otras responsabilidades. En su opinión, la profesionalización de la política es un “debate absurdo” ya que la ostentación de un cargo electo permite ganar experiencia en la misma medida que un empleo en la empresa privada y, en ocasiones, “facilita un contacto con la realidad superior al de otros trabajadores”. Para Torres, la política desde tan jóvenes demuestra un compromiso importante ya que “supone renunciar a parte de la vida profesional y dificulta en gran medida la vuelta al mundo laboral”.

Es precisamente este fenómeno lo que, según Julián Santamaría, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, obliga a los incipientes políticos a embarcarse en una carrera sin fin en la Administración. “Medran a la sombra de los partidos, sin más experiencia ni contactos que los de la organización. Esa incapacidad para abrirse hueco fuera del partido es un mecanismo que garantiza la lealtad de los cargos –explica–: no llegan los mejores, sino los más leales”. Y la aparición de las organizaciones juveniles durante la Transición fomenta este patrón. Según un estudio de la politóloga Edurne Iriarte, en 1986 solo el 10% de los diputados nacionales consideraba la política su actividad principal antes de obtener el escaño. En 1996, ese porcentaje era del 80%. Hay, sin embargo, una cifra aún más reveladora: ese mismo año, el 85% de los diputados confesaba que su intención era continuar en política una vez acabada la legislatura. En la actualidad, 116 de los 350 diputados lleva tres o más legislaturas en el Congreso.

Política de funcionarios.

La dificultad para volver a la vida laboral es una de las razones por las que la política española está plagada de funcionarios. En España, como en otros países de su entorno con la Administración muy politizada (Francia, Italia o Grecia), se protege al funcionario que quiere entrar en política. La ley reconoce de alguna manera la dificultad de los funcionarios para seguir ascendiendo a partir de cierto nivel ya que el sistema consagra a la libre designación la mayoría de los cargos de responsabilidad. Por el contrario, en otros países (Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Canadá o Australia) la función pública se extiende hasta casi todos los confines del Estado y los puestos políticos son muy pocos aparte de los electos. Se confía al funcionario la gestión de alto nivel. En estos países se obliga al funcionario a que elija entre su carrera en la Administración o en la política. Un sistema peculiar es el de Suiza, donde los políticos no viven de la política. Diputados y senadores mantienen su trabajo como fuente de manutención. Los únicos cargos de dedicación plena y con un sueldo son los de los ministros nacionales y cantonales.

Pero incluso entre quienes tienen garantizada su vuelta atrás (los funcionarios, fundamentalmente) en nuestro país es raro que esta se produzca una vez alcanzado cierto nivel en el partido (ver recuadro a la derecha). Según Francisco Longo, profesor del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade, un periodo de 15 o 20 años alejado de sus funciones produce una “desprofesionalización” difícil de remediar. La falta de reciclaje durante estos años hace que se pierdan los conocimientos necesarios para realizar las tareas encomendadas. Este fenómeno es especialmente crítico en profesiones técnicas o que exijan una puesta al día constante en cuanto a normativa. Longo lo resume de forma tremendamente gráfica: “En 20 años la física o la medicina que aprendieron puede no existir”.