Operación Defender al soldado Sánchez
01 / 03 / 2017 Clara Pinar
Nada más aprobar sus estatutos, el PP hace una excepción sobre los imputados con el presidente de Murcia.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez
Para la mayoría de los ciudadanos, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, puede no ser más que el último dirigente político en declarar ante un juez por un presunto delito de corrupción. Pero para el PP, Sánchez tiene mucho más predicamento, hasta el punto de provocar sospechas sobre el papel del Ministerio de Justicia en su caso y de que el PP haya hecho una excepción al trato de sus imputados que se acordó en el reciente congreso nacional, aun poniendo en peligro su pacto de Gobierno en Murcia con Ciudadanos.
Antes de convertirse en presidente de Murcia en julio de 2015, Sánchez fue secretario general de Nuevas Generaciones en la comunidad autónoma, un puesto menor de cara a la galería pero que le permitió conocer y ganarse la amistad en algunos casos de otros dirigentes populares que, como él, también han crecido políticamente con los años. Sin salir de Murcia, Sánchez fue alcalde de Puerto Lumbreras durante diez años, antes de convertirse en consejero autonómico y, sobre todo, en el ojo derecho del expresidente murciano e histórico del PP Ramón Luis Valcárcel.
A principios de 2015, Mariano Rajoy le designó candidato a las autonómicas de mayo, en lugar de a Alberto Garre, que había sustituido a Valcárcel cuando este se marchó al Parlamento Europeo en 2014, y a pesar de que ya pesaba sobre Sánchez la posibilidad de ser imputado por presuntas irregularidades en la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, el caso Auditorio, por el que tendrá que declarar el 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presunta prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Por otra parte, Sánchez se ha librado de la imputación en la investigación que se ha seguido sobre él en relación a la rama murciana de la trama Púnica, que en Madrid tiene imputado a medio centenar de personas. Frente al criterio de las fiscales anticorrupción, que consideraban que debía ser investigado por la firma de un contrato con la trama Púnica, que no se llevó a efecto presuntamente porque estalló la investigación, para mejorar su imagen, precisamente por el caso Auditorio, Sánchez se libró de ser investigado por instrucción de su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, en quien se ve detrás los intentos del Gobierno de frenar el caso.
