Nuevas reglas para el IRPF de la Iglesia católica

Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Desde hace unos años, el Gobierno ha evitado actualizar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el importe del pago a cuenta de lo que finalmente suponga la recaudación por la asignación tributaria para los fines de la Iglesia católica. La cuantía se mantiene estable en 13,26 millones de euros al mes (que supone unos 159 millones de euros al año) desde los Presupuestos para el año 2010. La cifra, sin embargo, está lejos de lo que finalmente se recauda por este concepto en el IRPF, que fue de 247 millones en la última liquidación conocida. Esta diferencia ha provocado algunos dolores de cabeza contables en la sede del episcopado, pero estos pueden quedar paliados, aunque sea en parte, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, actualmente en tramitación. Una enmienda presentada por el Partido Popular introduce un cambio en el método de pago de este adelanto. Si termina siendo aprobada, a partir de ahora no será una cantidad fija, sino que supondrá el 70% de lo que se recaudó en el último ejercicio del que haya una liquidación definitiva. Con estos datos, la entrega a cuenta del Gobierno a los obispos será de unos 173 millones de euros anuales en lugar de los 159 millones estipulados en los últimos años. La diferencia, de 14 millones, supone un incremento del 8,8%.

Congelación. El sistema de financiación de la Iglesia católica a través del IRPF fue reformado en 2007 de manera que incrementó el porcentaje sobre este impuesto que recibiría, al colocarlo en el 0,7% frente al 0,52% de la cuota líquida. A cambio, el Estado dejó de garantizar, como ocurría hasta entonces, que la cantidad finalmente ingresada fuera al menos la misma que el año anterior, independientemente del resultado de la campaña de la renta. Sin embargo, a pesar de que el nuevo sistema suponía un incremento significativo de lo que la Iglesia recaudaría por el IRPF, los adelantos a cuenta, recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, solo se incrementaron hasta alcanzar los 156 millones de euros. Desde hace seis años la cuantía de ese adelanto no se incrementa, a diferencia de lo que ocurrió en los dos primeros años del nuevo modelo.

Asunto delicado. En el episcopado eran conscientes de que un incremento en las entregas a cuenta era un asunto delicado por la repercusión pública que tiene, así que durante años han evitado pedir la actualización. Sin embargo, las cuentas que los obispos hacen con el dinero del IRPF le salen ahora peor que cuando se modificó este sistema de financiación, lo que ha presionado a intentar este cambio. En el episcopado se quejaban de que los pagos a cuenta que recibían, de 159 millones de euros, suponían solo el 64% de lo que finalmente se ingresaría por el IRPF. Además, subrayaban que, en el resto de los pagos a cuenta que realiza el Estado, las cantidades que adelanta suponen habitualmente más del 90% de los pagos que se liquidan finalmente, por lo que se consideraban discriminados. Finalmente, el nuevo modelo establece un 70%.

Los obispos son especialmente cuidadosos con todo lo relacionado con los pagos a cuenta debido a que mantienen una larga polémica sobre si estos deben considerarse como fondos públicos. Estos pagos se encuentran recogidos todos los años en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado, pero los responsables episcopales sostienen que no deberían considerarse estrictamente una partida presupuestaria. Para los prelados, los fondos obtenidos del IRPF provienen de sus fieles, y no del Estado. De esta manera, sostienen que incrementar estos pagos a cuenta no significa que el Estado pague más a la Iglesia. Para evitar las reticencias que encuentran año tras año entre los gobernantes a incrementar una partida que pueda ser considerada como una mejora de los fondos públicos dedicados a la Iglesia, en el episcopado tantearon la fórmula del porcentaje, en lugar de la cantidad fija que aparecía antes.