Mas quiere los activos de España

Quien reparte y bien reparte, para sí la mejor parte. Ese es el refrán que se aplican los independentistas catalanes, que ya tienen perfectamente estudiada la división de activos y pasivos de España en caso de una eventual independencia tras el 27-S. Todo es relativo, claro, pero los números están sobre la mesa: España debe a Cataluña 9.375 millones de euros tan solo de una partida derivada de la “deslealtad del Estado” respecto a esta comunidad autónoma.

Eso es solo una parte, porque, además, “Cataluña podría exigir compensaciones económicas por el incumplimiento de los compromisos financieros y de inversiones. Esta práctica está perfectamente reconocida por la jurisprudencia internacional”. Así consta en un informe entregado a Artur Mas, y dirigido por el Consejo Asesor para la Transición Nacional que preside el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, exvocal del Tribunal Constitucional.

Los asesores de Mas están convencidos de que España debería asumir la casi totalidad del pasivo. Por ejemplo, la deuda de corporaciones como Adif, Aena o RTVE debería ser pagada por Madrid, aunque sus activos pasasen a manos del Gobierno catalán.

Lo mismo en cuanto a la deuda pública: “España tiene casi un billón de deuda pública, parte de la cual debería asumir Cataluña en caso de secesión. Su cuota, unida a los 70.000 millones de déficit, le supondría una deuda total de unos 170.000 millones de euros, superior al PIB”, señala a Tiempo Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán.

Desde el Gobierno catalán se niega la mayor. “En principio, cada Estado deberá asumir la emisión de su propia deuda. Y, por tanto, en caso de secesión, esta deuda no se podrá transferir al Estado sucesor sin su consentimiento y el consentimiento del titular del derecho”. Es decir: si Cataluña dice que no quiere su cuota de deuda pública, España deberá pagarla de su bolsillo.

Respecto a la deuda del Estado español contraída con organizaciones internacionales, los asesores de Mas le han hecho saber que sería España quien debiera hacerse cargo de la misma. De este modo, se presionaría a España para que no vetase la incorporación de Cataluña a ningún organismo internacional so pena de que el territorio secesionado no se haga cargo de su cuota de deuda.

Activos proporcionales. Cataluña exige un criterio de proporcionalidad para el reparto de las 4.823 cuentas bancarias de que España dispone a lo largo y ancho del mundo. Si esa deuda no es transferida al nuevo Estado catalán, “se podrían exigir compensaciones de valor equiparable”.

Los asesores de Mas advierten de que, en caso de secesión, los bienes muebles, como trenes, aviones o vehículos, se suelen transferir al territorio donde prestan su servicio “de forma directa y sin contraprestaciones, tal y como establece el artículo 2.2.a. de la Convención de Viena de 1983”. Solo hay unos bienes que deben repartirse de forma proporcional: los militares, aunque recuerdan que en la antigua URSS se convirtieron en “bienes territorializables” y, por tanto, atribuidos a uno u otro Estado según su ubicación geográfica.

Hay otro problema: ¿qué hacer en el caso de bienes extraterritoriales, como embajadas, consulados, sedes de instituciones y organismos, bases científicas y militares, plataformas petrolíferas u organismos públicos? Los catalanes lo tienen muy claro: “Todos estos bienes deben repartirse de forma equitativa entre sus sucesores”. Otro caso concreto es el de las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla en la Antártida (la segunda es militar). Lo que proponen los asesores de Mas es una “gestión conjunta de estos espacios y el reparto de los posibles beneficios del alquiler de sus instalaciones a equipos de investigación”. Lo dicho: quien reparte y bien reparte…