Los sindicatos vuelven a la calle

En noviembre de 2012, hace poco más de cuatro años, UGT y CCOO paralizaron el país contra el recorte continuado de derechos y las políticas europeas de austeridad. Era la segunda huelga general desde el comienzo de la legislatura, apenas once meses antes. A pesar de sacar millones de trabajadores a la calle, ninguna de las dos centrales sindicales logró su objetivo. El PP, amparado por su mayoría absoluta, continuó con los recortes y los sindicatos empezaron una travesía por el desierto en la que perdieron no solo su influencia política, sino el pulso de la sociedad, ya muy alejada de sus planteamientos. Cuatro años después están dispuestos a recuperar ambos.

Las movilizaciones convocadas durante esta semana son solo un primer paso en la estrategia de ambos sindicatos para tratar de recuperar la calle. La nueva realidad parlamentaria y la tímida recuperación marcan para UGT y CCOO un punto de inflexión para dejar de actuar a la defensiva, tratando de preservar los puestos de trabajo, para pasar al ataque. Las dos principales organizaciones sindicales creen que es el momento de recuperar los derechos perdidos durante la crisis y de liderar las reivindicaciones sociales. La manifestación de Madrid es solo una forma de empezar a calentar las calles y a los trabajadores, de preparar el país para lo que pueda venir. La idea es ir aumentando la presión poco a poco con un periodo de movilizaciones dilatado en el tiempo y creciente en intensidad. No solo para presionar al Gobierno, sino también para forzar a las dos principales fuerzas de izquierdas a plantarse frente al Ejecutivo y a llevar al Congreso de los Diputados los planteamientos de los sindicatos.

Tanto UGT como CCOO comparten una serie de objetivos irrenunciables que se resumen en dos: revertir los resultados de la crisis y repartir de forma más justa la riqueza que empieza a generar el país. La primera vía, subrayan públicamente, será la negociación, pero en privado el discurso es otro. Se quejan de que buena parte de las iniciativas tomadas desde la investidura han sido pactadas directamente con Ciudadanos y PSOE, dejando fuera incluso del diálogo a los sindicatos. No creen que el Gobierno (ni la patronal) tenga una disposición real para negociar con ellos. Sostienen que será muy complicado arrancar concesiones si no es demostrando fuerza en la calle. Y están dispuestas a llevar su apuesta hasta el final. Aunque no quieren ponerlo abiertamente sobre la mesa en este momento, no descartan que si no se produce un acercamiento en los próximos meses las movilizaciones concluyan con una huelga general en 2017.

En todo caso, reconocen, la apuesta tiene sus riesgos. Para empezar, tanto UGT como CCOO ponen por delante de todo la unidad de acción como un principio fundamental de su estrategia. Son conscientes de que cualquier división será vista como signo de debilidad. Cada decisión se tomará por tanto de forma coordinada entre ambos, respetando sus tiempos internos. Fuentes sindicales señalan que la adecuación de los tiempos tendrá mucho que ver con cómo se desarrolle el proceso congresual en el que está inmersa CCOO (UGT lo celebró a principios de 2016) y que terminará a finales de junio de 2017 con la elección de sus órganos confederales. Casualmente, la última huelga general coincidió también con los meses previos al congreso de ambos sindicatos.

Respaldo de la izquierda

No solo hay condicionamientos internos. Tanto UGT como CCOO son conscientes de que para que se cumplan los objetivos es imprescindible el respaldo cerrado de las fuerzas de izquierdas. El de Unidos Podemos ya lo tienen. Incluso por adelantado. A mediados de noviembre el líder de la formación, Pablo Iglesias, ya subrayó que los sindicatos tendrán el “apoyo total” de su partido cuando llegue el momento de convocar una huelga general. Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CCOO, fue el encargado entonces de enfriar su entusiasmo. Explicó que “no es el momento de hablar de huelgas”, pero reconoció que había que empezar a prepararse para “un escenario en el que no haya acuerdo”. Pocos días después, el Gobierno trasladó a UGT y CCOO sus líneas rojas para el diálogo social, mantener el compromisos de déficit y no tocar las reformas, algo que para los sindicatos deja poco espacio a la negociación.

En todo caso, preocupa más la implicación del otro gran partido de izquierdas, el PSOE. Los secretarios generales de las dos centrales creen que la crisis de liderazgo que atraviesa el Partido Socialista y que se resolverá también antes de mitad de año, condicionará en gran medida hasta entonces sus planteamientos políticos. De hecho, las movilizaciones de esta semana (más de 60 concentraciones y manifestaciones en todo el país), tienen como objetivo también influir en los pasos que dé la gestora en sus negociaciones con el Gobierno. Recuerdan que si bien el PSOE ha liderado la iniciativa del Parlamento para pedir la derogación de la reforma laboral, ellos siguen reclamando también la retirada de la anterior, aprobada en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más allá de si termina en una huelga general o no, desde UGT subrayan que hay un cambio en los planteamientos que marcarán esta legislatura, en sus reclamaciones, pero también en las tácticas para lograrlas. En una entrevista, su líder, Pepe Álvarez apunta a que no tendrá “límites” a la hora de luchar por ellas. Ninguno de los dos grandes sindicatos está dispuesto a consentir la continuidad de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno durante los último cuatro años. Queda por ver cómo son capaces de evitarlo.